En un discurso grabado de casi dieciséis minutos, Alberto Fernández ejecutó su primer movimiento táctico para vencer a la inflación en una guerra que será desigual por las condiciones económicas de la Argentina y el incremento global de los alimentos y el combustible causado por la ofensiva ilegal de Rusia sobre Ucrania.
El Presidente leyó una declaración de guerra contra la inflación que se apoyó en la convocatoria a una mesa de diálogo, la reiterada e ineficaz medida de controlar los precios, la amenaza a la aplicación de la Ley de Abastecimiento, los eventuales beneficios crediticios que puede aparejar el acuerdo con el FMI y la creación de un fondo fiduciario para contener el precio de la harina.
La batería de futuras medidas económicas y financieras -que serán precisadas a lo largo de los días- no tienen el suficiente poder de fuego para aplacar la inflación en el corto plazo. El trigo aumenta su precio por la política de stock de Europa y China, y el combustible -gas oil y gas- se convirtió en un bien escaso con un in crescendo valor que pondrá en jaque las reservas del Banco Central.
Alberto Fernández llamó al combate contra la inflación, pero no precisó que esa batalla será larga y con resultados inciertos. Fue un error de comunicación: el jefe de Estado debió aclarar que la denominada “inflación de alimentos” seguirá un rumbo ascendente y que podrá tocar los dos dígitos durante marzo.
El Gobierno se encuentra débil por la interna final que protagonizan el Presidente y Cristina Fernández de Kirchner, y un anuncio sin medidas concretas acentúa la debilidad política y resta una cuota más de credibilidad.
Antes de su discurso lanzando la guerra contra la inflación, Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el gabinete económico. Son funcionarios leales al Presidente y críticos de la mirada local y geopolítica que detenta CFK, Máximo Kirchner, La Cámpora y el Instituto Patria.
Fue la primera vez que Martín Guzmán -ministro de Economía-, Matías Kulfas -ministro de la Producción-, Julián Domínguez -ministro de Agricultura y Ganadería-, Claudio Moroni -ministro de Trabajo-, Cecilia Todesca- secretaria de Relaciones Económicas Internacionales- y Mercedes Marcó del Pont -titular de la AFIP-, presentaron sus ideas y sus iniciativas asumiendo que no habría un control técnico e ideológico de Cristina y Máximo Kirchner.
Alberto Fernández tampoco utilizó su cuenta de WhatsApp o Telegram para comentar a la vicepresidente qué anunciaría para frenar la inflación causada por circunstancias domésticas y acontecimientos globales.
El discurso presidencial exhibe una lógica interna contradictoria. Llama al diálogo con los sectores más representativos de la Argentina para fijar una agenda común y después amenaza con aplicar controles del Estado. Un versión local del concepto Carrots and Stick.
“Por eso convocaré desde este lunes a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación”, anunció el presidente en Olivos.
Y a continuación remató: “No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”.
Alberto Fernández no citó una sola vez a Cristina, ni al Frente de Todos. Pero recordó con diplomacia florentina la actitud política de la Vicepresidente cuando abandonó el Senado antes de la votación de la ley que respaldó el acuerdo con el FMI.
“Es también un día especial porque llegamos a esta ley con el consenso de legisladores de distintas fuerzas políticas que lograron encontrar los puntos de acuerdo para responder con responsabilidad democrática a una situación que así lo requería. El acuerdo obtuvo una abrumadora mayoría en las dos cámaras del Congreso”, aseguró el Presidente.
Ese párrafo lo escribió -directo- Alberto Fernández.