El contenido del anuncio sobre la “guerra contra la inflación” que hizo Alberto Fernández sin demasiadas especificaciones sobre las medidas que empezará a delinear a partir de la semana que viene; y la oficialización de la suba de retenciones y al biodiésel en el Boletín Oficial de hoy, despertaron fuertes críticas, tanto en la oposición de Juntos por el Cambio, como en la voz de uno de los referentes más importantes del peronismo disidente, el gobernador cordobés Juan Schiaretti (PJ), que se puso en pie de batalla contra las consecuencias que acarreará para el sector agropecuario la batería de iniciativas que propone el gobierno nacional.
Ayer, después de que se conociera que la inflación de febrero alcanzó el 4,7 por ciento y que la suba de los precios de los alimentos fue del 7,5, Alberto Fernández anunció la creación de un fondo para subsidiar la harina de trigo, luego de que se disparara el precio del pan, el viernes a la noche. Y hoy el Gobierno oficializó el incremento de los derechos de exportación de 2 puntos a la harina y aceite de soja. Según la resolución del Decreto 131/2022, subirá del 31% al 33% la alícuota de las retenciones de la harina y del aceite de soja hasta el último día de este año.
Schiaretti fue uno de los primeros en oponerse, sin vueltas ni eufemismos: “Reitero mi rechazo al aumento de las retenciones a la harina y aceite de soja, dispuesto por el Gobierno Nacional. Es otra metida de mano en los bolsillos de los cordobeses. Es un impuesto a la producción que no existe en ningún lugar del mundo”, dijo el gobernador de Córdoba, que tiene cierto diálogo con la Casa Rosada pero se mantiene en modo crítico, en especial cuando se trata de medidas orientadas a recortar ingresos al campo. El jefe provincial ratificí así el reclamo “de Córdoba” de que “las retenciones a las exportaciones deben eliminarse de manera gradual hasta llegar a cero, y deben ir a cuenta del impuesto a las ganancias de los productores mientras se produce su eliminación”.
Desde la oposición, Juntos por el Cambio, que suele tener diferencias -como ocurrió frente al acuerdo con el FMI, esta vez salió de manera unificada a disparar desde las distintas fuerzas que componen la coalición opositora. Desde la Coalición Cívica, el radicalismo, y el Pro, cuestionaron de manera unánime el discurso que brindó Alberto Fernández ayer desde la quinta de Olivos sobre el inicio de la cruzada que había adelantado cuatro días antes en Tortuguitas, y que se oficializó hoy en parte, también, con la creación, vía el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, del “Fondo de Estabilización del Trigo Argentino”, que, según se informó, tiene el objetivo de “estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”.
El economista y el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, dijo a través de Twitter que la inflación es generada adrede por el Gobierno. Sostuvo que el Presidente “no anunció nada en materia de política monetaria ni cambiaria”. Y le dijo a la administración nacional: “La inflación la causan ustedes. A propósito”.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, lo cruzó con un cuestionamiento al gobierno anterior: “Iba a contestar seriamente. Pero la parte de ‘a propósito’ no me lo permite. Preguntale a Mauricio Macri, que te resuelve la inflación y la deuda en un minuto y nos dejó el país con 54% de inflación y 45 mil millones de dólares de deuda. ¿A propósito?”, se preguntó.
“No hay plan”, dijo, a su turno, a través de la misma red social, el diputado nacional de la CC, Maximiliano Ferraro. “Ni una medida concreta contra la inflación y la emisión monetaria descontrolada. Sólo se empecina en una receta fracasada: más controles y restricciones. Que entienda de una buena vez, tiene que ordenar la macroeconomía. Sarasa”, agregó, con una referencia irónica al polémico neologismo que utilizó el año pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante un discurso público oficial.
En tanto, el bloque de diputados nacionales de la UCR apuntó que “la suba de derechos de exportación por decreto es nula de nulidad absoluta”. En un comunicado, resaltaron que el Ejecutivo “no tiene facultades constitucionales para subir los derechos de exportación, dado que la ley de Emergencia Económica de 2019 y las facultades delegadas por el Congreso expiraron el 31 de diciembre de 2021″. Y explicaron que el aumento de dos puntos de los derechos de exportación -de 31 a 33%- a la harina y al aceite de soja anunciado hoy debe “forzosamente” pasar por el Congreso nacional. “No se puede aducir la suspensión de un beneficio de un decreto de 2020 porque la facultad delegada del Congreso que existía entonces ya no está vigente”, expresaron.
Y apuntaron que las medidas que toma el Gobierno son “viejas, a destiempo y con falta de legalidad”. “No tiene las atribuciones, no puede emitir un decreto sobre cuestiones impositivas. Esto es nulo de nulidad absoluta”, insistieron. El titular del bloque de Senadores de JXC, Alfredo Cornejo, se manifestó en idéntica línea: “La suba a las retenciones no son temporales, son ilegales. El discurso no puede saltear las instituciones. El gobierno debe, aunque no quiera recurrir, al Congreso y, a su vez, hacerse cargo de las medidas que toma”, sostuvo.
En tanto, la presidenta de Pro, y titular del bloque del partido en Diputados, Cristian Ritondo, salieron fuerte con una carta abierta titulada “Es fácil gobernar destruyendo el valor de todos los argentinos”, donde desmenuzaron las medidas y las cuestionaron una por una. Sobre el desacople de precios internacionales de los internos, opinaron que “desde que asumió este gobierno ha desacoplado los precios internos de los internacionales a través de los derechos de exportación, diferencial de tipo de cambio y cupos de exportación, sin embargo no pudieron parar la inflación”.
Y se preguntaron: “¿Por qué la inflación de nuestros vecinos, productores de alimentos, es de un dígito, cuando tienen el precio de los granos a los valores internacionales y no a menos de la mitad como en Argentina?”. También señalaron que “hace falta que los anuncios del presidente incluyan una guerra al gasto político y a los privilegios”.
Mientras que Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense presentó un proyecto de declaración de repudio a la suba de retenciones, donde consideraron que “perjudican al sector agroindustrial, generando una caída evidente en la única fuente genuina de divisas del país”. “Vemos como el actual Gobierno Nacional realiza un diagnóstico falso a los problemas, para luego aplicar los remedios equivocados. Así es que vuelven a anunciar un aumento a los derechos de exportación que afecta a toda la cadena agroindustrial en su conjunto”, expresaron en el proyecto que lleva la firma del diputado Luciano Bugallo. Y remarcaron “el descaro de la mentira oficial”, ya que " apenas unos días el propio Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, anunció que “no habría aumento de retenciones a los cereales ni cierre de exportaciones”.
Las medidas también provocaron críticas del sector productivo, donde precisaron que el precio del trigo en el valor final del pan, sigue teniendo una baja incidencia, de entre un 10% y 15%. Según las últimas estadísticas de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el trigo representa el 12,9% del valor final del pan, el molino el 5,2%, la panadería el 60,4% y los impuestos el 21,5%. Por otra parte, dicho precio está compuesto en un 67% de costos, el 21,5% impuestos y el 11,5% ganancias. Además, el precio del trigo se multiplica por 7 desde el campo hasta que el pan llega a la góndola.
A todo esto, el Gobierno plantea que el incremento de las retenciones a los subproductos de la soja no provocará un perjuicio a los productores, pero los analistas del mercado de granos sostienen lo contrario. Alegan que la industria exportadora, al contar con menor capacidad de pago por el incremento de la presión impositiva, trasladará eso a pagar un menor precio al sector primario por los granos.
Tras el discurso de Alberto Fernández sobre las nuevas medidas económicas, luego que el Congreso aprobara el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que “la guerra que el Presidente de la Nación dice haber lanzado contra la inflación, se parece más a una batalla contra la producción”.
Desde la Mesa de Enlace también opinó el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, quien sobre el discurso presidencial, aseguró: “Espero que la ‘guerra’ contra la inflación sea con medidas adecuadas. Seguimos desde el sector productivo proponiendo políticas a favor del trabajo y del empleo”.
Esta mañana, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, salió a defender la medida, en una conferencia de prensa donde dijo que los aumentos hasta el 31 de diciembre tienen como objetivo “cuidar a los consumidores y que no se perjudique a los productores argentinos”, a lo que definió como “la gallina de los huevos de oro”. Además, aseguró que las medidas “son temporales” y agregó que, “el presidente ha decidido la creación del Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino, cuya instrumentación y administración quedará a cargo de la secretaría de Comercio Interior, que constituirá un fondo fiduciario al respecto”.
Pero no respondió, cuando se le consultó, cobre el impacto que podría tener el fondo en el precio del pan. Señaló que la responsabilidad de su cartera es el precio del trigo y remitió la cuestión del precio del pan a la competencia de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, uno de los miembros del kirchnerismo duro que viene impulsando controles de precios que no dieron resultados. El lunes será el turno de Matías Kulfas de salir a defender las cuestionadas medidas, sobre las que el Gobierno planea retomar la iniciativa económica después del acuerdo con el FMI.
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