Los equipos técnicos del Ministerio del Interior recibieron este mediodía a una comitiva del gobierno de la ciudad de Buenos Aires encabezada por el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y por el ministro de Hacienda, Martín Mura, para intentar un acuerdo sobre el porcentaje de la coparticipación que pretende recibir el distrito de Horacio Rodríguez Larreta luego del recorte que dispuso el gobierno nacional.
Fue la primera reunión después de que las partes se vieran las caras en los tribunales de Comodoro Py el jueves de la semana pasada. La Corte Suprema le dio en esa ocasión 30 días hábiles para que pueda concretarse una conciliación y dictaminó que si no llegan a ese punto de confluencia podría dictar una medida cautelar que solicitó el gobierno porteño.
Tras este encuentro inicial, se acordó que todas las semanas se repetirá esta mecánica de diálogo entre los equipos técnicos de ambos lados. “Este tema da para largo”, dijeron en los pasillos de la Rosada allegados al ministro Eduardo De Pedro.
El monto actualizado que la administración que encabeza Rodríguez Larreta reclama que le sea restituido por la Nación es de 120 mil millones de pesos. Además, el tribunal dispuso que informen semanalmente los avances de la negociación.
El conflicto se inició cuando el Gobierno recortó más de un punto de coparticipación a CABA en el momento en el que se decidió la transferencia de las funciones de seguridad a la órbita porteña. Primero hubo un decreto, el 735, de septiembre de 2020, y luego una ley sancionada en diciembre del mismo año que estableció una poda en los recursos. Esto llevó al gobierno de Larreta a solicitar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de las normas y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.
Por su parte, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad del decreto 194/2016 dictado por el entonces presidente Macri en enero 2016, a pocos días de asumir en su cargo, y por el cual se había elevado de 1,40 a 3,75 el porcentual que recibía el distrito porteño de la masa de fondos coparticipables. Para el gobierno que encabeza Alberto Fernández ese porcentaje fue fijado de modo completamente arbitrario por la administración macrista. Ante la protesta de algunos gobernadores, Macri luego lo estableció en 3,50 en 2018.
“Con el DNU, el Gobierno le quitó 1,18% de coparticipación a la Ciudad, que pasó de tener 3,5% a 2,32 por ciento. De ese 2,32%, 1,4% corresponde al nivel histórico que regía antes del traspaso de la Policía. Entonces, el Poder Ejecutivo entiende que una vez que se termine de aprobar la ley que transfiere todas las competencias vinculadas a la seguridad, la Capital Federal volverá a tener el mismo porcentaje de recursos que estaba vigente hasta el inicio del gobierno de Mauricio Macri”, explicó un especialista en materia fiscal de Juntos por el Cambio cuando se conoció el primer decreto de Alberto Fernández.
Desde el gobierno nacional insisten en que estos reclamos “no deben canalizarse a través de la justicia sino dentro de un acuerdo político”. La secretaria de Provincias, Silvina Batakis, que estuvo en la reunión en la Corte de la semana pasada, llevó para contrarrestar el pedido porteño los números “finos” que hizo Nación. “Queremos una conciliación pero no una claudicación”, afirman desde Interior. Destacan que desde ambas partes hay “voluntad de dialogar” y que cuentan con el apoyo de varios gobernadores sobre la distribución equitativa de los recursos que se derivan de la coparticipación.
Ante la Corte habían estado presentes los cuatro ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Por el gobierno nacional asistió De Pedro y por la ciudad de Buenos aires el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, su ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro y el procurador, Gabriel Astarloa.
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