“Está todo arreglado”. Con esta frase, un funcionario de la Presidencia resumió ayer la confianza que tiene Alberto Fernández sobre el desenlace del esperado debate en el Senado por el acuerdo con el FMI, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 14. Sin embargo, el jefe de Estado se verá obligado a monitorear la sesión a través de los senadores y gobernadores justicialistas. Los puentes están rotos con la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, quien, en el pico de los cruces internos en el oficialismo, marcará el pulso de la discusión en el recinto.
En el Gobierno dan por descontado que, después de la aprobación en Diputados, con el apoyo de Juntos por el Cambio y parte del Frente de Todos, la discusión sobre tablas en la Cámara alta terminará en la sanción de la ley que la Casa Rosada y el Ministerio de Hacienda, que conduce Martín Guzmán, necesitan presentarle al organismo internacional para que lo analice el Directorio Ejecutivo la semana que viene y se apruebe a tiempo para afrontar el pago de 2800 millones de dólares que vence el martes próximo.
El Presidente seguirá la discusión en el Senado -que se hará en el marco de un fuerte operativo de seguridad después de los incidentes de la semana pasada- desde Salta, a donde viajará hoy para participar de una actividad de estilo proselitista por la entrega de viviendas, en el marco del “relanzamiento” de su gobierno en modo de campaña adelantada. Pero tendrá un ojo constantemente direccionado al desarrollo de la discusión legislativa. No le será tan fácil como en Diputados. La relación está muy tensa con la Vicepresidenta, que viene cuestionando desde el viernes el operativo de seguridad del Congreso por el ataque a piedrazos sobre su despacho y vapulea el acuerdo en la línea de su hijo, Máximo Kirchner, que votó en contra la semana pasada.
Sin los reportes de Sergio Massa -que el jueves, en calidad de presidente de la Cámara de Diputados, lo mantenía informado sobre el devenir de las negociaciones por los votos- el mandatario deberá valerse de otros interlocutores que actúan por debajo de la cúpula del Senado para obtener información clave desde el interior del recinto.
Para evaluar el devenir del debate en tiempo real, dijeron fuentes oficiales, se valdrá de los reportes del presidente del bloque, José Mayans, que, a pesar de su cercanía de la Vicepresidenta, trabajó para facilitar la aprobación en atención a los reclamos de los ejecutivos de las provincias, reacias a recibir el impacto de un default; y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, que viaja al Norte con Fernández y estará en contacto con los senadores afines a los gobernadores con los que tiene relación fluida: Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Por la tarde, también estará en el Palacio del Congreso el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, que además de ser dirigente de Movimiento Evita tiene despacho en la Casa Rosada y en los últimos días también contactó a varios legisladores para intentar sumar apoyos.
Manzur estuvo interviniendo fuerte en el “poroteo”, más por su nexo con los gobernadores -es el jefe provincial en uso de licencia de Tucumán- que como jefe de Gabinete. La semana pasada recibió a Mayans en su despacho de la Casa Rosada para elaborar la estrategia parlamentaria para darle sanción al proyecto. Y ayer su vice, Jorge Neme, invitó a su oficina a la senadora chaqueña María Inés Vergara Pilatti para sumar porotos a la votación.
La misma legisladora parece reacia a acompañar. El martes aceptó a una reunión en el Senado, organizada por el ladero de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, con un ex funcionario del FMI, de origen belga, Eric Toussaint, donde la conversación tuvo un claro tono de condena contra el pago de la deuda con el Fondo. De ese cónclave formaron parte legisladores kirchneristas o filo kirchneristas que votaron en contra del acuerdo: las diputadas Paula Penacca, Gabriela Estévez y Florencia Lampreabe; y su par del Frente Patria Grande, cercano a Máximo Kirchner, Itai Hagman. También estuvieron los senadores Guillermo Snopek y Matías Rodríguez, lo cual fue leído en el Gobierno como un gesto de que ambos, al igual que Pilatti, votarán en contra.
El kirchnerismo ya dio sobradas muestras, con Cristina Kirchner y Oscar Parrilli a la cabeza, de que resistirá el acuerdo hasta el final. En el ámbito legislativo, pero también, muy probablemente, durante la aplicación de las medidas económicas que exige el Fondo en el transcurso de los próximos dos años de administración nacional. De todas formas, el Gobierno confía en que al menos veinte de los 35 legisladores que componen el bloque del Frente de Todos acompañarán la iniciativa.
El terreno no está completamente allanado, tampoco, en la oposición. En los últimos días se escucharon fuertes ruidos internos en Juntos por el Cambio de cara al debate por la deuda, luego de que el PRO propusiera no votar el acuerdo con el FMI si el Gobierno subía las retenciones, después de las amenazas de Agricultura al sector agropecuario a raíz de la suba de los precios de los productos primarios en el mercado internacional por la guerra en Ucrania. En las últimas horas, esta posibilidad estaba prácticamente descartada y el Presidente buscaba un acuerdo con los productores. Mientras tanto, la UCR y la Coalición Cívica se mantienen firmes en la postura de beneficiar al oficialismo, que ya cedió al reformar el proyecto de ley de tal forma de que sólo se vote el endeudamiento y no el programa económico, como exigían los cambiemitas duros.
Más allá de los cimbronazos en la coalición opositora y del rechazo del kirchnerismo, el Gobierno está muy confiado en que conseguirá los votos y los números por ahora le cierran. Alberto Fernández está “tranquilo”, aseguraron en su entorno. El antecedente de Diputados; los diálogos privados de los últimos días; y el estilo poco confrontativo del debate en la Comisión de Presupuesto -la única a la que fue girado el proyecto para acelerar los tiempos- le dieron la pauta al Ejecutivo de que contará con el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio y la mitad del bloque del Frente de Todos, que, al igual que en Diputados, votará dividido.
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