Desde Cristina Kirchner hasta Las Vegas: los argumentos que escuchó la Corte en la causa de Natalia Denegri contra Google

La batalla parece planteada entre “derecho al olvido” y “libertad de expresión”. Eso es lo que escucharon hoy los jueces de la Corte Suprema de Justicia al dar lugar a hablar a doce “amigos del tribunal” que alegaron a favor y en contra de la demanda que entabló contra Google Natalia Denegri, una joven que se hizo conocida en los ‘90 con el caso Cóppola y que hoy no quiere que todo aquel escándalo afecte su nueva vida. Entidades periodísticas, asociaciones civiles, abogados interesados y defensores del Pueblo se dividieron en sus argumentos a favor y en contra.

Las asociaciones periodísticas planteaban la gravedad de cercenar de los buscadores el contenido lícito de lo que constituyó un hecho de corrupción y que mostró una forma de hacer televisión cuando no había Internet. Ante esto, reclamó limitar qué otros “pasados digitales” se pueden llegar a borrar de la red afectando el interés público.

Los que alegaron en favor de Denegri sostuvieron que, en este caso, se trataba de una menor de edad que había sido vulnerada y que había que respetar, con la mirada de hoy, los derechos de las mujeres de que “no es no”. Incluso, uno de los convocados apeló a un dicho popular: “Lo que pasó en Las Vegas, queda en Las Vegas, pero todo lo que ocurrió en Internet, queda en Internet. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad”.

Fue el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, el que dio la nota de color en la audiencia cuando habló de la “violencia de género digital”, de cómo podemos elegir nuestro género pero “se apropian de nuestros datos digitales” y trajo a la audiencia la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que inició una predemanda contra Google.

“La falta de transparencia algorítmica por parte de Google habilitó la indexación de su nombre a un contenido falso, que generó un daño manifiesto a su persona y honor, y también a las instituciones democráticas y la investidura presidencial. El caso de Natalia Denegri y de Cristina Kirchner son dos casos similares que nos llevan a una conclusión: o limitamos a los algoritmos, o los algoritmos condicionarán nuestros derechos e instituciones”, dijo Lorenzino. Y pidió a la Corte que demande al Congreso que que trate un proyecto de ley orientado a crear la Agencia Nacional de Algoritmos.

Casi como una respuesta a Lorenzino, desde la Fundación Led, Silvina Giudice, ex funcionaria del Ente Nacional de Comunicaciones durante el macrismo entre 2018 y 2019, opinó que la Corte no debía acceder al pedido de Denegri porque en la Argentina ya habían funcionarios argentinos pidiendo auditorias “para conocer el link y el origen de los comentarios negativos que pudieran afectar su reputación digital” pretendiendo bloquear o eliminar hechos de corrupción vinculados a ellos.

La reunión ocurrió entre las 10 de la mañana y el mediodía, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales frente a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maquda y Ricardo Lorenzetti, quienes -con sus barbijos colocados- reinaguraron la etapa de audiencias públicas, frenadas a partir de la pandemia. Rosatti, presidente de la Corte, saludó a los presentes y les pidió a los oradores que usaran “un lenguaje claro” para que fuera “fácilmente comprensible” para los que estuvieran oyéndolo. “Mientras más claro podamos ser, más comprensible va a ser para todos”, dijo.

La audiencia, a sala repleta y con Natalia Denegri y los abogado de Google presentes, continuará mañana cuando sea el turno de hablar de los protagonistas del caso y del Procurador General. Será el momento en que los ministros del tribunal hagan sus preguntas. Luego, los jueces pasarán a deliberar, sin plazos sobre su veredicto.

La selección de voces estuvo equitativamente elegida. De los dos lados se escucharon argumentos para ratificar o revocar la demanda que ya tuvo dos resoluciones favorables. Cada uno tenía 8 minutos para hablar. Un cronómetro les avisaba en atril cuánto les faltaba. Los “amigos” del tribunal que expusieron hoy fueron: la Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rosa Muiños; la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ; Andrés Gil Domínguez y Raúl Martínez Fazzalari; la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Horacio Roberto Granero; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Ricardo Alberto Muñoz (h); la Asociación Civil de Estudios Constitucionales (ACEC); Francisco Javier Seminara; la Asociación Civil Usina de Justicia; el defensor del Pueblo bonaerense Guido Lorenzino ; y la Fundación LED Libertad de Expresión + Democracia.

A favor de Natalia Denegri opinaron los defensores del pueblo. Además de las palabras de Lorenzino, María Rosa Muiñoz sostuvo que se debe tener en cuenta que “las mujeres” sufren un perjuicio al relacionarlas con hechos o nombres del pasado. “En la normativa vigente en nuestro país, se garantiza a toda persona el derecho a la rectificación, actualización y, cuando corresponda, la supresión. En este sentido entendemos que, bajo ese entramado normativo, el de hábeas data, corresponde dar solución al presente caso”. Tras sostener que “resulta muy difícil salirse de la lógica que imponen los intermediarios” como Google y otros buscadores, Muiñoz señaló que hay casos de “personas denunciadas por una contravención y luego absueltas, que tienen dificultad para conseguir empleo porque sus datos continúan apareciendo en la red sin actualizar” o “personas que, optando por un cambio de identidad de género, siguen figurando con la identidad anterior”.

El constitucionalista Andres Gil Domínguez hizo alusión a la reciente fecha en que se conmemoró el “Día de la Mujer” y advirtió que los “derechos no son absolutos”. “Cuando esto sucedió era una menor de edad. La actora no quiere que se olviden de ella, sino que se rescate y se proteja a esa niña que fue”, aseguró. Ricardo Muñoz hijo, investigador universitario, también reclamó la situación de vulnerabilidad en la que estaba Denegri en aquel momento y reclamó que “se aplique una perspectiva de genero”. “Independientemente de que se haya sometido voluntariamente a la generación de esos contenidos, ese sometimiento ha sido revocado”, sostuvo. Y el abogado Horacio Granero resaltó que todo ocurrió entre 1996 y 1997 cuando “no existía Google” y advirtió: “Si pensamos que ella aceptó a lo mejor si existía lo pensaba dos veces”. Fue el que aludió al ejemplo de “Las Vegas”.

En contra del planteo, fue ADEPA, a través de Carlos Laplacette, la primera en hablar. Dijo que existe “preocupación” y que de hacer lugar a la demanda “no deja de constituir una barrera a la búsqueda de información”. “Una información desactualizada contamina el debate público y más si la suprimimos”, agregó. “La solución no puede caer en manos del que desea ocultar información ilícita, ni de los buscadores”, subrayó.

Se sumó a esa postura Hernán Gullco, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), quien advirtió que De Negri “era una figura pública y voluntariamente se expuso a los reflectores de la opinión pública y lo sigue haciendo ahora”. Otro de los puntos que resaltó es que, a diferencia de otros casos sobre los que se pronunció la Corte sobre Google, “la información es verdadera, existió, es verídica, entonces la pregunta es qué estándares vamos a aplicar acá”. Según su criterio, “el llamado caso Coppola sí tenia interés público y si el tema es de un interés publico, por qué los videos no lo serian también. La libertad de expresión no solo protege a las noticias asépticas sino también aquellas que ofenden”. Por último, subrayó que en la Argentina no hay ninguna ley que regule el derecho al olvido.

El CELS, en tanto, también cuestionó que los fallos anteriores no analizaron que Denegri había estado “involucrada en asuntos de interés público” y por ello “los limites de una figura pública son mas amplios que en el caso de un particular”. Y los constitucionalistas Pedro Caminos y Lorena González Tocci, desde el ACEC, reforzaron esa idea: “El derecho al olvido no puede ser admitido en las personas públicas y no se puede construir un pasado mediático y elegido”. Así las cosas, hicieron hincapié en “evitar el riesgo de que sea usado como instrumento de censura” porque “el derecho al olvido no es el derecho a diseñar nuestro pasado”.

Usina de Justicia, con la filósofa Diana Cohen Agrest y el abogado Fernando Soto como representantes, agregaron: “En este caso ha participado en un hecho policial y ha participado en programas que hablan de ese hecho policial, de corrupción, y esto interesa por la corrupción de los funcionarios, pero también por el tratamiento que le dio el periodismo que hace al interés público”. La filósofa subrayó que en Europa el 18% de los pedidos sobre derecho al olvido son de acusados en causas penales. “Nadie quiere que sus delitos cometidos en el pasado sean fácilmente accesibles, sin embargo los tribunales no autorizan esa desindexación”, afirmó.

La palabra final fue para la fundación LED, que resaltó que la aplicación del derecho al olvido en esta causa “importaría un grave deterioro a la libre circulación de información y su impacto en la cultura, en la historia y presente de la comunidad” y hasta se mencionó el caso de un periodista de San Luis que fue obligado a borrar una publicación sobre una funcionaria de esa provincia que ella misma habría difundido.

Natalia Denegri se retiró de la sala de audiencias, junto a los oradores que habían opinado y sabiendo que le queda mañana oir lo que digan sus letrados, los abogados de Google y el Procurador. Y, después, esperar que llegue el fallo de la Corte.

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