La jueza federal María Eugenia Capuchetti busca concentrar toda la investigación de lo sucedido el jueves pasado en los alrededores del Congreso de la Nación, incluido el denunciado ataque al despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es que afirma que se sostuvo que los hechos no pueden “desdoblarse” en distintas causas y que la encargada de analizar los hechos es la justicia federal de Comodoro Py. Sospecha que hubo una “organización” para interrumpir la sesión de la Cámara Baja.
Por eso le envió esta tarde un escrito al juez porteño Norberto Circo para que se inhiba de seguir actuando en la causa. Fuentes judiciales del ámbito porteño adelantaron a Infobae que el magistrado local declinaría su competencia en favor de los tribunales federales.
El jueves pasado, cuando comenzaron las pedradas contra el edificio del Congreso Nacional, la Policía de Ciudad dio intervención a la justicia porteña. Pasadas las 16, recién llegó la primera consulta a los tribunales de Retiro. En rigor, dependiendo de las características del hecho y de qué delito se trata se decide qué justicia interviene.
En este caso, la justicia porteña abrió dos causas: una por la agresión a policias y otra con un detenido arrestado infranganti. Y la justicia federal abrió una tercera por los daños ocurridos en el Parlamento, un edificio que pertenece al Estado Nacional.
Esta madrugada, el juez Circo ordenó la detención de uno de los sospechosos de haber participado en los incidentes que tuvieron lugar cuando la Cámara de Diputados trataba el proyecto de acuerdo con el FMI. Se trata de un venezolano identificado como Jaru Alexander Rodríguez Carrero que participaba de una facción del Movimiento Teresa Rodríguez.
Ya se le había dictado la prisión preventiva al primer detenido, Oscar Santillán, de la misma agrupación, acusado de atentado contra la autoridad agravado -por ser cometido por una reunión de más de tres personas- respecto del personal de la Policía de la Ciudad que se encontraba en funciones en tal momento, daño agravado contra diferentes elementos que conforman el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, obstrucción de la vía pública, ensuciar bienes, y portación de armas no convencionales.
Esta mañana, Capuchetti recibió la totalidad de todos los videos de la causa. Y ordenó “certificar” (ver qué investigaba) su colega porteño del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 23. Al entender que se trata de los mismos hechos, le pidió que se inhiba de intervenir para concentrar toda la investigación porque “los hechos forman parte de una hipótesis amplia, vinculada a la afectación del correcto funcionamiento de uno de los poderes de la Nación, como ser el órgano legislativo que se encontraba sesionando en el Honorable Congreso de la Nación”, indicaron fuentes judiciales a este medio.
Según detallaron las fuentes consultadas, “se observa del material fílmico revelado el accionar de las diversas personas investigadas podría haber involucrado una conducta organizada de forma previa a la consumación de los hechos, ello con el fin de provocar el estado de alarma que sanciona el artículo 211 del Código Penal; con el claro propósito de afectar la función legislativa”.
A criterio de la jueza, la investigación de los hechos no puede separarse por razones de una correcta administración de justicia y de conformidad a la jurisprudencia de la Corte Suprema, la cual establece que cuando se investiguen conjuntamente delitos comunes y de carácter general, los hechos resultan competencia de la justicia de excepción.
“De igual modo, no puede dejar de resaltarse que los miembros de la Policía de la Ciudad que habrían resultado agredidos en los hechos investigados se encontraban en las inmediaciones del Poder Legislativo Nacional a los efectos de prevenir ilícitos y brindar seguridad al Honorable Congreso de la Nación”, planteó la jueza. Otro de los puntos que también sostuvo la magistrada es que “en el hecho se utilizaron bombas incendiarias de armado casero, las cuales corresponden a la justicia federal”.
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