El avión captó la atención del mercado aeronáutico porque estuvo paralizado varios meses en el aeropuerto de San Fernando. Llamativamente, todavía conserva la matrícula de Estados Unidos, identificado con la letra N. Durante los últimos meses, varios operadores de primera línea fueron contactados para comprarlo. Todos desistieron. En los papeles, el avión aparece a nombre de un estudio de abogados, pero quien se presenta como su verdadero dueño es Jorge Lambiris, el empresario aduanero que se hizo conocido a fines de 2013 por un recordado viaje a Río de Janeiro junto al entonces jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.
El misterioso avión es un Cessna 500 Citation I, con capacidad para ocho pasajeros. “Es un avión de negocios que se fabricaba en Estados Unidos. En el mercado local no se usa más, es muy finito y ruidoso, solo sirve para vuelos sanitarios”, explicó un empresario de primera línea.
La aeronave huyó hacia Montevideo el 10 de enero pasado, tres días antes que la AFIP formalizó una denuncia penal en Tribunales por la “compra”. En realidad, se sospecha de una operación ficticia para obtener los dólares del Banco Central.
La denuncia, según pudo saber Infobae, tramita en el juzgado en lo Penal Económico 11, a cargo de María Verónica Straccia, y apunta a un “giro indebido de divisas al exterior” y un “ingreso indebido del avión” al país.
Según consta en los registros de la Aduana, el Banco Central autorizó una operación por 900 mil dólares. Pero el avión ahora se ofrece por apenas 230 mil dólares porque solo sirve para desarmarlo y vender sus componentes, especialmente los motores. “Arreglarlo es muy caro, nadie va a gastar ese dinero”, explicó un operador aeronáutico.
La maniobra es muy similar a lo que investiga la Justicia federal en otra causa. Ese expediente, tal como viene contando Infobae, tiene en vilo al mercado aeronáutico porque puso la lupa sobre todas las compras de aviones y helicópteros durante los últimos dos años, con la autorización del Banco Central. El juez Ariel Lijo investiga si hubo casos de sobrefacturación pero también se sospecha de maniobras al borde de la ilegalidad para obtener los dólares al valor oficial.
El Citación N233DB es uno de esos casos, aunque no figura en el listado que la ANAC le entregó a la Justicia porque no tiene matrícula argentina. “Estaba flojo de papeles, se importó con una factura trucha y giraron los dólares con autorización del Banco Central pero nunca se terminó el trámite. Si ya se importó a nosotros no nos servía”, admitió uno de los empresarios que recibió la oferta para comprarlo.
“Alguien hizo una operación de compra para poder girar los fondos. Logró girar a una cuenta en Estados Unidos y decir que el avión era suyo pero es mentira”, agregó otra fuente del mercado consultado por Infobae.
¿Quién está detrás del avión? En los registros oficiales aparece el estudio jurídico “Sánchez Ibarra Consulting”, con oficinas en Buenos Aires y en Miami. Un abogado de ese estudio consultado por este medio dijo desconocer cualquier información sobre la aeronave.
Según revelaron al menos tres fuentes del mercado aeronáutico, la persona que se presenta como su verdadero dueño es Jorge Lambiris. Consultado por Infobae, el empresario lo negó rotundamente. “No tengo ninguna vinculación con ese avión”, dijo anoche.
Lambiris se hizo conocido a partir de un viaje a Río de Janeiro junto a Ricardo Echegaray y sus respectivas familias. El hecho ocurrió a fines de 2013 y trascendió porque Lambiris y su hijo Mauricio, corredor de TC, agredieron a un equipo periodístico de TN.
Echegaray fue denunciado por el delito de dádivas pero la jueza federal María Servini lo sobreseyó cuando comprobó que Lambiris, apodado “El Uruguayo”, no había pagado los pasajes del funcionario ni de su familia.
“En este estado del proceso, de acuerdo a las constancias de autos, la única vinculación que une a la familia Echegaray con la familia Lambiris, es que ambos grupos contrataron con la empresa Rago Tours S.R.L., un paquete turístico, con destino a la ciudad de Río de Janeiro desde el 27/12/2013 al día 1/01/2014; viajaron por la aerolínea Emirates y se alojaron en el mismo hotel”, explicó la jueza en su resolución.
Sin embargo, Lambiris tuvo otros procesos judiciales antes y después de ese episodio. En una de esas causas, que llegó hasta la Corte Suprema, estaba acusado de “contrabando agravado” por declarar como cerámicos una partida de zapatos que en el 2000 importó de Uruguay.
En 2016, con datos surgidos del proyecto Panamá Papers, el diario La Nación reveló que Lambiris era accionista de una offshore junto a Eduardo Figueredo, el ex presidente de la Conmebol acusado de corrupción en el FIFAgate.
La firma Haley Equities Inc., creada por el estudio jurídico Mossack Fonseca, compró una veintena de unidades en el Hyatt de Montevideo.
Lambiris amasó su fortuna con el negocio de los depósitos fiscales. Desde 2007 aparece ligado a la firma LW Logística y Cargas SRL. Y en enero de este año creó otra firma, LZ Desarrollos inmobiliarios SA, dedicada al rubro inmobiliario.
En los últimos meses, el empresario negoció la venta del misterioso avión aunque no logró cerrar la operación porque todos sus interlocutores revisaron la documentación antes de avanzar. “No tenía idea quién era Lambiris”, admitió uno de ellos ante este medio.
La aeronave voló a Uruguay cuando estaba por concretarse la denuncia de la Aduana ante la Justicia. Y nunca más regresó a San Fernando. “Lo sacaron ante la posibilidad de que sea inmovilizado por la Aduana o la Justicia”, razonó un operador que conoce cada movimiento de ese aeropuerto.
En otra causa paralela, se investigan todas las compras de aviones y helicópteros durante los últimos dos años. La investigación arrancó en febrero en la Fiscalía de Guillermo Marijuán y luego pasó al juzgado de Ariel Lijo. El magistrado ya pidió informes a la Inspección General de Justicia (IGJ), a la ANAC, al Banco Central, y a la AFIP, entre otros organismos. “Estamos analizando la información”, dijo esta semana una fuente judicial.
En los últimos dos años se matricularon un total de 289 aeronaves, entre aviones y helicópteros. Pero apenas 159 de esas operaciones pasaron por el Banco Central, que autorizó la salida de los dólares al valor oficial.
El avance de la investigación encendió todas las alarmas.
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