La extradición del “Pollo” Carvajal, el ex funcionario que habló de las valijas chavistas en Argentina, se pierde en el laberinto judicial español

MADRID.- Las extradiciones abren, dentro de los tribunales españoles, un laberinto con iguales dosis de política y de justicia. Hugo “El Pollo” Carvajal, el ex jefe de Inteligencia de Venezuela, consiguió la brújula correcta para elegir, por ahora, el camino más indicado para dilatar su salida hacia los Estados Unidos, que lo reclama por una acusación por supuesto narcotráfico.

Seis meses después de su detención en Madrid, el ex funcionario chavista mantiene abiertos procesos administrativos y judiciales que le aseguran varias semanas más en territorio español. Mientras tanto, fiscales de Argentina y otros países como Perú e Italia esperan más detalles sobre sus declaraciones judiciales, que aseguraba que el chavismo había financiado con dinero de la petrolera pública PDVSA campañas electorales de los Kirchner y de otros candidatos afines ideológicamente.

Pedidos de asilo, apelaciones ante la Audiencia Nacional, recursos ante el Tribunal Supremo y promesas de acudir, si hiciera falta, a los tribunales europeos. Esas son las cartas jugadas por la defensa de Carvajal que le permiten evitar su salida de España. “Diez, catorce, quince… uff, ya no recuerdo cuántos recursos hemos presentado, pero no creo que ninguno sea favorable”, se sinceró María Dolores de Argüelles González, su abogada, en una entrevista telefónica con Infobae. “Lo que sí sé es que si nos dicen que no en España iremos a los tribunales europeos”, advirtió.

El panorama de su extradición se torna imprevisible por sus condimentos políticos, concluyeron tres expertos en derecho consultados para este medio. Más allá de los recursos presentados en los tribunales, el gobierno español tendrá la última palabra en este proceso. La política interna española y su relación con Estados Unidos son clave para que se concrete la extradición y para saber en qué tiempos se realizará el proceso, agregaron los expertos. Todos coincidieron en remarcar que, justamente por estas variables, es imposible afirmar si finalmente se concretará la salida de Carvajal y cuándo se hará efectiva.

“Un pobre desgraciado que ha robado, en seis o siete meses ya está subido al avión de regreso a su país. El procedimiento de extradición en sí mismo, la fase judicial del procedimiento, normalmente no tiene por qué complicarse. Pero personas como Carvajal, que tienen buenos abogados, conocen bien los posibles palos de rueda en la maquinaria judicial. Y es evidente que los ha utilizado: ha pedido un asilo y eso paraliza la extradición”, resumió Manuel Ollé, abogado español experto en derecho internacional. “Son mecanismos que ofrece la legislación española y que, en la gran mayoría de los casos, sabiendo que están destinados al fracaso, se utilizan como para dilatar procesos”, agregó.

El Consejo de Ministros español aprobó la extradición de Carvajal el 3 de marzo de 2020. Cuando conoció la noticia, el ex funcionario venezolano se fugó y permaneció escondido casi dos años, hasta el pasado 9 de septiembre en Madrid, cuando fue detenido. A pesar de estar aprobada, su salida rumbo a Estados Unidos se interrumpió en varias ocasiones por recursos judiciales y administrativos que interpuso su defensa. Sus abogados diseñaron una estrategia legal a varias bandas para cuestionar las decisiones judiciales y administrativas que entendían que lo perjudicaban.

Tras una decena de recursos rechazados, aún continúan pendientes por resolver apelaciones y trámites en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Ministerio del Interior, según pudo reconstruir Infobae. Aunque las fuentes judiciales consultadas para este reportaje indican que sólo la política puede destrabar el estado de “punto muerto” en que ha quedado la extradición.

Mercedes De Freitas, titular de Transparencia Venezuela, cuestionó la lentitud de la justicia: “Es inaceptable para los venezolanos que los tribunales españoles se dejen manejar de esa manera. Hugo Carvajal tiene información que contribuiría a que los venezolanos sepamos quiénes son los responsables de la crisis que ha costado la vida de muchos. Pero parece que esto no le importa a la justicia española al permitir que los abogados ejerzan acciones y recursos temerarios. Abusan del derecho, pero ni siquiera reciben un llamado de atención. Eso es contrario a la ética de cualquier abogado y es contrario a la justicia”.

La paralización de su salida a Estados Unidos fue motivada inicialmente por un primer pedido de asilo político que Carvajal presentó ante el gobierno español. El pedido fue rechazado, luego apelado por su defensa y denegado por segunda vez por el Ministerio del Interior. Entonces, su defensa recurrió tres veces ante la Audiencia Nacional, que resolvió dos apelaciones y que aún tiene pendiente la tercera resolución. Pero además, Carvajal interpuso un segundo pedido de asilo político con un nuevo argumento: su colaboración activa con el proceso judicial que investigaba el supuesto financiamiento ilegal desde Venezuela para el partido Podemos, que forma parte de la alianza de gobierno en España.

Como parte de su estrategia, Carvajal declaró varias veces ante la justicia española. “Ahora nadie sabe nada. No saben nada en Argentina hasta que detenidos hubo y se incautaron USD 800.000 por una mala coordinación con el aeropuerto”, dijo el ex funcionario en referencia a la valija de Guido Antonini Wilson. “Lo que no se supo es que ese era su vuelo número 21, con 20 entregas previas de USD 1 millón cada una y entregadas sin problemas, ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente”, agregó el venezolano en su declaración judicial, publicada en el medio español OK Diario.

Tras sus afirmaciones, el juez Julián Ercolini pidió vía exhorto en octubre que la justicia española envíe su declaración. A los tribunales madrileños también llegaron pedidos desde Perú e Italia, dos países también mencionados por el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, informaron fuentes judiciales.

Dos asilos políticos

El Ministerio del Interior aún no se ha pronunciado sobre el segundo pedido de asilo político. De todas formas, la ley española considera que una extradición no se puede concretar hasta que quede firme el rechazo a un pedido de asilo del acusado. ¿Cuándo queda firme? Es una interpretación de los jueces, pero alguna de sus múltiples apelaciones podría permitirle a Carvajal extender su estancia en España, coinciden los expertos consultados. Si se agotan las instancias nacionales, el “Pollo” podría incluso tocar las puertas de Bruselas.

“Los convenios internacionales europeos forman parte de la legislación interna de cada uno de los Estados del bloque. Como España ha ratificado la Convención Europea de los Derechos Humanos, esa legislación es como si fuera nacional y, entonces, es vinculante lo que el tribunal europeo pronuncie”, advirtió María de los Ángeles Ruiz Colomé, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Como sus colegas, la académica también insistió en el rol que juega la política dentro de las extradiciones, en especial la presencia de Podemos como parte de la alianza de gobierno.

“La política siempre puede influir. Las relaciones con Venezuela no son tan malas como para llegar a tener en cuenta las causas judiciales que abre Estados Unidos. Nuestro gobierno además es bipartidista y eso también influye. Este tipo de extradiciones tienen un sesgo político desde su petición y su aceptación”, entendió Ruiz Colomé.

Jacobo Teijelo, experimentado abogado penalista, también remarca la influencia de la política en la demora de la extradición. “Lo que está pasando es de consumo interno de la política española y no tiene nada que ver con lo que Carvajal pueda aportar a una causa judicial. Pero la agenda de los medios de comunicación tiene un recorrido corto y las cosas se han modificado en los últimos días: el Partido Popular ha cambiado su liderazgo, también tenemos la guerra en Ucrania. Lo que pueda decir hoy Carvajal tiene un valor mínimo para la política española”, argumentó.

“Su defensa está aprovechando todas las posibilidades que encuentra para que se quede aquí, pero realmente no conseguirá lo que pretende. No habrá ningún problema para que lo traslade a Estados Unidos, pero la ley ofrece una serie de herramientas y no hay más remedio que pasar por ellos. Solo podrán dilatarlo, pero creo que en cualquier momento se lo llevarán para allá”, arriesgó Teijelo.

Hugo Armando Carvajal Barrios, 61 años, fue jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez. “El Pollo” aterrizó en España en 2019, cuando ya estaba siendo buscado por la DEA. La justicia española rechazó en un principio su extradición, pero la Fiscalía Antinarcóticos apeló la decisión y los jueces revocaron la decisión en noviembre de ese año.

Este ex funcionario está acusado por Estados Unidos de haber colaborado con las FARC de Colombia para introducir cocaína en territorio estadounidense. Tras ser detenido por segunda vez en Madrid, su defensa reclamó -entre sus decenas de peticiones- que sea puesto en libertad nuevamente, pero los jueces rechazaron todos sus pedidos por considerar el peligro de una nueva fuga de un personaje influyente y con contactos en el mundo de la inteligencia internacional.

“Consideramos que no se debería conceder la extradición en los términos solicitados. El pedido que ha enviado Estados Unidos no ofrece pruebas. Es muy difícil defenderse de algo que está tan en el aire. En cualquier momento nos enteraremos que Carvajal habrá sido el asesino de [John F.] Keneddy”, aseguró su abogada.

Más allá de las especulaciones políticas, el gobierno español ya aprobó la salida de Carvajal hacia Estados Unidos, decisión que también fue ratificada por el Tribunal Supremo. Pero un experimentado funcionario judicial consultado para este reportaje sembró un manto de sospecha sobre las demoras. “Están tardando mucho. Es un tema más administrativo que político, pero me sorprende que se demoren tanto”. Mientras tanto, Carvajal continúa detenido en la cárcel de Estremera (Madrid), pero protegido en su laberinto judicial.