La Confederación General del Trabajo (CGT) se unificó el 11 de noviembre pasado, pero ya funciona dividida: por un lado, Pablo Moyano (Camioneros) y sus aliados del sindicalismo K; por el otro, “los Gordos” (como Héctor Daer, de Sanidad), los independientes y el barrionuevismo. Desde el 1° de marzo, en que Alberto Fernández anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los dos sectores aplaudieron públicamente la renegociación de la deuda y Daer llegó a afirmar que es “es la primera vez que un gobierno lleva una propuesta de acuerdo con el Fondo que no erosiona derechos de los trabajadores”. En privado, sin embargo, los sindicalistas coinciden en que el ajuste económico es inevitable y admiten que sus efectos pueden desalojar al Frente de Todos del poder en 2023.
El malestar gremial creció en las últimas horas: ayer, en un encuentro de la mesa chica de la CGT, sin el moyanismo, se escucharon críticas contra el Presidente y Cristina Kirchner, mientras llovieron las quejas por la falta de respuesta del Gobierno a algunos reclamos sindicales, como la crisis de las obras sociales, y hasta un dirigente se preguntó: “¿Tendremos que hacer un paro general para que nos escuchen?”.
La reunión, que se hizo en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), contó con la presencia del dueño de casa, Andrés Rodríguez, que recibió a Daer, Carlos Acuña (estaciones de servicio), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), Luis Barrionuevo y Argentino Geneiro (gastronómicos), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Rubén Pronotti (UOCRA), Jorge Sola (seguros), Sergio Romero (UDA) y Carlos Frigerio (cerveceros). El tema dominante fue la relación con el Gobierno: los dirigentes protestaron por la falta de cumplimiento de Alberto Fernández de algunas promesas que les hizo (como más plata para las obras sociales), la indiferencia con que los tratan muchos funcionarios y los peligros políticos que ocasionan las peleas entre el primer mandatario y la Vicepresidenta.
Pero enseguida la charla se concentró en el ajuste que viene como consecuencia del acuerdo alcanzado con el FMI: a la inflación indetenible (otro motivo de cuestionamientos a la Casa Rosada) se sumarán los anunciados aumentos de tarifas, una posible reforma previsional (ya se empieza a hablar de la extensión de la edad jubilatoria) y la “modernización” de los convenios colectivos de trabajo (que en los oídos sindicales siempre suena a la demonizada reforma laboral). Los dirigentes cegetistas se juramentaron en defender las paritarias libres y en resistir cualquier modificación del sistema de salud, tal como lo anunció Cristina Kirchner en dos oportunidades en 2021, porque temen que derive en la apropiación de los fondos de las obras sociales por parte del Estado.
La crisis de las obras sociales ocupó una parte importante del encuentro: se hizo un repaso de la desfinanciación del sistema sindical de salud, que se fue agravando por la ausencia de medidas oficiales, como ponerle algún freno al aumento de los medicamentos. En este rubro, la CGT ya está resignada a que el Gobierno nunca le girará a las obras sociales unos 4700 millones de pesos que faltan transferir de un total de 11.000 millones para compensar los gastos de transporte y educación en el rubro discapacidad. Alberto Fernández se lo prometió a la central obrera en dos oportunidades a lo largo del año pasado, pero el dinero todavía sigue sin ser transferido.
El creciente malestar de la CGT puede amplificarse esta tarde: a las 16, los mismos dirigentes que se reunieron ayer se encontrarán con más colegas del consejo directivo en la sede de la UOCRA, en la avenida Belgrano al 1800, para analizar la situación socioeconómica. Aseguran que se hablará sobre cómo organizar mejor la central obrera y normalizar las regionales del interior, pero todos imaginan que el debate, una vez más, girará alrededor de la relación con el Gobierno y cómo amortiguar el ajuste económico que se perfila.
Incluso, hay dirigentes cegetistas que impulsan una ronda de encuentros con gobernadores y senadores del Frente de Todos para consensuar propuestas que apunten a defender el salario, reactivar la producción y brinden un alivio a los trabajadores en medio de las restricciones que impondrá el acuerdo con el FMI. Y esos contactos, según los estrategas sindicales, deberían terminar con una reunión con el Presidente: le pedirán soluciones concretas y garantías de que habrá compensaciones ante el ajuste.
Pablo Moyano, mientras, mantiene una agenda propia. Como cotitular de la CGT, recibió hace 48 horas en la sede cegetista de Azopardo 802 al diputado oficialista y líder de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, para hablar del acuerdo con el FMI acompañado por dirigentes alineados con el moyanismo como Mario Manrique (SMATA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Raúl Durdos (SOMU), Alejandro Salcedo (UDOCBA) y Omar Plaini, de Canillitas. No había rastros de “los Gordos”, los independientes ni los barrionuevistas. Cada fracción cegetista tiene una curiosa autonomía de movimientos. Tantos esfuerzos por lograr la unidad terminaron en esta ruptura de hecho, tolerada por todos, aunque eso signifique que la CGT tenga hoy muchísima menos actividad que cuando estaba claramente fracturada.
Las divisiones también alcanzan las definiciones políticas. En el encuentro en UPCN, Caló respondió a las críticas de sus pares contra el oficialismo con una andanada de elogios al gobierno de Alberto Fernández y una promesa: dijo que quiere su reelección en 2023. Pareció quedarse solo. El resto de la dirigencia está mirando otros candidatos y sondeando otras variantes del peronismo para no exponerse a lo que hoy resulta inevitable: la sensación de que, si todo sigue así, el Frente de Todos perderá las elecciones presidenciales.
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