El Gobierno entregó menos fondos en educación sexual integral y áreas de salud reproductiva

En 2021, el gobierno nacional giró menos fondos a programas apoyo a la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y áreas de salud reproductiva. En una semana aún convulsionada por el caso de la violación grupal en el barrio porteño de Palermo, la información oficial expone que hubo desvíos en el gasto de programas vinculados al respeto de la integridad sexual y el acceso a derechos reproductivos.

La conclusión se desprende de lo previsto en el Presupuesto 2021 y el gasto efectivo erogado por los Ministerios de Educación y de Salud de la Nación, que corrigieron sus previsiones originales hacia a la baja en algunos rubros. De acuerdo al análisis elaborado por la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), los últimos datos disponibles arrojan que la reducción alcanzaría un numero cercano al 15 por ciento.

La estimación del organismo parlamentario fue realizada a grosso modo, con algunas rendiciones parciales de cuentas, pese a que ya se cumplieron dos meses del 2022. Sin embargo, Infobae pudo verificar que hay partidas específicas que ya no alcanzarán sus metas fijadas el año pasado.

Fondos demorados para la ESI

Un caso llamativo es el del programa Fortalecimiento a la Educación Sexual Integral, que depende del Ministerio de Educación de la Nación. Esta partida tiene como objetivo que las provincias tengan más recursos para cumplir los objetivos de la Ley 26.150, que fijó a partir del año 2006 un programa educativo nacional para que los niños, niñas y adolescentes aprendan “aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos” sobre el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales y cuenten información sobre su sexualidad y sus derechos reproductivos. Son saberes esenciales que permiten identificar, por ejemplo, cuándo una persona está cometiendo un abuso sexual.

Desde el arranque, el Presupuesto 2021 ya involucraba una partida pequeña para la implementación de la ESI: $122,8 millones para las 24 provincias. Son transferencias a cada distrito. Durante el transcurso del año, la partida tuvo una revisión a la baja de $112.764.000; una caída de 8,1%. Una estimación periodística calculaba que serían apenas $10,7 anuales, si se distribuye entre los 10.550.621 alumnos de los niveles inicial, primario y secundario de todo el país. De ese gasto exiguo, la última información disponible indica que solo se ejecutó el 73,5%: unos 82.919.023 de pesos.

La subejecución en el programa de Fortalecimiento a la ESI tiene un aspecto burocrático. Fuentes del Ministerio de Educación indicaron a este medio que se transfieren solo el 70% de los fondos para cada distrito. Una vez que cada provincia certifica la ejecución de esas partidas, se envía el presupuesto restante. Por lo tanto, los desembolsos dependen de la iniciativa de cada distrito, que tiene tiempo para rendir cuentas hasta el 30 de abril. En el mientras tanto, la cadena de recursos se interrumpe.

Esas partidas, que pueden reforzarse con recursos propios de los gobiernos locales, debían repartirse de la siguiente manera a cada jurisdicción: 10 millones para Nación; para Buenos Aires: 23,2 millones (20,6%); Córdoba: 9 millones (8%); Santa Fe: 7 millones (6,2); Entre Ríos: 6,6 millones (5,8); y Santiago del Estero: 6,2 millones (5,5%). Por debajo de ese umbral, se ubican Salta y Misiones: 4,8 millones (4,3%) cada una; Tucumán y Chaco: 4,7 millones (4,2%) cada una; Mendoza: 4,6 millones (4,1%); Corrientes: 4,5 millones (4%); CABA: 3,1 millones (2,8%); Jujuy: 3,1 millones (2,7%); San Juan, Formosa y La Rioja: 2,8 millones (2,5%) cada una; Río Negro y San Luis: 2,7 millones (2,4%); Neuquén: 2,6 millones (2,3%); Catamarca: 2,5 millones (2,3%); Chubut: 2,3 millones (2%); La Pampa: 2 millones (1,7%); Santa Cruz: 1,7 millones (1,5%) y Tierra del Fuego: 1,5 millones (1,3%).

No es el único rubro para capacitar docentes en ESI. Hay otra partida específica de capacitación de docentes. En 2021, se apuntaba a formar unos 43.500 educadores. Hasta el tercer trimestre del año pasado unos 36.475 se habían formado; mientras que en 2020 se instruyeron 20 mil y en 2019, unos 51.893. Sabe a poco para casi 1,3 millones de docentes.

Actualmente, la ESI no cuenta con indicadores que permitan revisar su nivel de implementación y cumplimiento. Los últimos registros, imperfectos y parciales, datan de 2019. El cumplimiento es desigual, con provincias que aún no sancionaron leyes, normativas o decretos con presupuesto propio que regulen el mandato nacional. Por estos días, el Observatorio Federal de Educación Sexual Integral (OFESI) estaba implementado un equipo de investigación para la elaboración de nuevos instrumentos estadísticos.

“Durante el aislamiento preventivo y el cierre de las escuelas, la ESI no fue un tema prioritario y hubo menos demanda de cursos por parte de los docentes. Esto es lamentable porque se la debió incluir en la virtualidad”, sostuvo Mabel Bianco a Infobae, presidenta de la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM). “Las escuelas ahora se reabren y tampoco vemos que se mencione o priorice, lo que no se condice con el aumento de los casos de violencia de género registrados. Es preocupante, no porque no se ejecuta el presupuesto, sino porque no se cumplen las metas”, completó.

Dificultades en salud reproductiva

En un año que exigió el máximo esfuerzo y concentración en la campaña de vacunación contra el coronavirus, el Ministerio de Salud de la Nación tuvo alguna dificultad para alcanzar sus objetivos en áreas no vinculadas directamente a la pandemia, como en materia de salud sexual y reproductiva.

La función que menos se cumplió fueron las intervenciones asociadas a la atención a las madres, recién nacidos, niños y adolescentes. La OPC publicó que las “acciones en perinatología” registraron una ejecución presupuestaria del 71,9 por ciento, de $832.099.006, en una partida prevista de 1.157.751.270 de pesos para todo el año. El gasto programado inicialmente era de $2.020.554.978, lo que redujo la previsión con una caída del 42,7 por ciento.

En ese rubro, uno de los déficit tuvo que ver con la entrega de leche fortificada. De los 10.500.000 millones de kilos previstos para 2021, al tercer trimestre del año pasado -de acuerdo al último dato disponible publicado del Ministerio de Economía- solo se habían distribuido unos 3.029.007. En 2020, el acumulado total distribuido fue de 5.948.651 kilos.

Otro aspecto llamativo en salud reproductiva es el mejor desempeño que tuvo la entrega de preservativos gratuitos, que llegó al 94% (23.833.728 unidades) en 2021, mejorando el desempeño de años anteriores. Ahora bien, no se alcanzó la meta de distribuir 10.700.000 tratamientos anticonceptivos programados para mujeres y personas gestantes. Solo se entregaron el 78%, unos 8.350.392 tratamientos de este tipo durante todo el año.

“La causa del desvió en la ejecución anual de tratamientos entregados se presenta por el faltante de los anticonceptivos combinados inyectables mensuales (ACI) , dado que solo se pudo adquirir aproximadamente un treinta por ciento (30%) de lo necesario para el año”, informaron a Infobae desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. La merma se produjo por la falta de oferta, ya que se realizaron tres llamados en procesos de compra y “todos quedaron desiertos”.

Los anticonceptivos inyectables son el “segundo método anticonceptivo” en cuanto a volumen de distribución, ya que “se requieren 3 millones de ampollas por año y solo se pudo distribuir 770.000 ampollas”, indicaron fuentes del ministerio de Salud. El problema, en este caso, fue logístico y pudo paliarse con otro tipo de acciones. “El problema de la disponibilidad de este anticonceptivo estuvo presente a nivel de proveedores en la región de América latina como impacto del COVID-19. Como medidas alternativas de distribuyeron mayores cantidades de otros métodos anticonceptivos de larga duración (implantes, DIU) y anticonceptivos hormonales de corta duración”, precisaron.

En el Ministerio de Salud destacan la distribución a través del Programa Remediar. En el año 2021 se realizaron 10 entregas, en las que se distribuyeron 35.961 botiquines exclusivos de salud sexual y reproductiva en forma directa a 5.770 establecimientos de salud y se enviaron insumos a los 37 depósitos jurisdicciones de todo país.

En general, las partidas presupuestarias que apuntan al desarrollo de la salud sexual y la procreación responsable, como a la salud integral y la prevención del embarazo adolescente, registraron una ejecución presupuestaria superior al 94 por ciento.

El caso de los tratamientos hormonales

Una partida que distorsiona los cálculos en el presupuesto de salud reproductiva es la política de tratamientos hormonales para la identidad de género, garantizada por la Ley 26.743. Según la normativa, todas las personas tienen el derecho a operarse o acceder a medicamentos gratuitos para adecuar el cuerpo a su identidad autopercibida.

En este rubro, la OPC detectó un desvío del 64,8 de lo presupuestado inicialmente, de casi 400 millones de pesos, con el gasto devengado final de $133.990.446. Se entregaron solo 81.576 tratamientos de los 230.000 programados en el año, apenas una tercera parte.

Candela Cabrera, titular de la Dirección de Géneros y Diversidad en el Ministerio de Salud de la Nación, explicó que este programa fue creado por primera vez en la gestión de Carla Vizzotti y que se tuvo que ir readecuando a la realidad de la población objetivo.

“Este programa de entrega de tratamientos hormonales no existía. Todos los procesos de compra estaban caídos por la fluctuación del dólar, y porque no era una política priorizada. Los tratamientos de testosterona, que son importados, hoy por hoy está garantizado. Pudimos reordenar y garantizar un stock en 2021, en ningún momento se perdió. Fue un trabajo muy importante que se hizo en una pandemia y que impactó en todas las variables de salud”, consideró Cabrera a Infobae.

“Ahora corregimos con una meta más realista para 2022 de 170 mil tratamientos. El año pasado se hizo una entrega menor porque las provincias manejaron su propio stock y esto alteró la atención. Esperamos con el censo nacional tener más información sobre una población de la que no se tiene estadísticas”, concluyó.

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