Movimientos sociales cercanos al Gobierno toman distancia del acuerdo con el FMI y salen a la calle para protestar

Las diferencias que existen dentro del gobierno nacional por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en los próximos días será debatido en el Congreso, llegaron también a los movimientos sociales vinculados a la Casa Rosada y se manifestaron en la calle a través de cortes y encendidos discursos.

Desde que el Frente de Todos asumió la conducción del país, Alberto Fernández había logrado cohesión entre la mayoría de las organizaciones populares que no están vinculadas a los partidos de izquierda. Entre ellas destacan el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Popular Darío Santillán, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Popular Nuestra América, todos ellos nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El jueves ese alineamiento, al menos por la cuestión del FMI, se quebró y algunas organizaciones hicieron sentir su descontento a través de una olla popular montada en el Obelisco, en pleno centro porteño. La medida nació desde el MTE, la organización popular que encabeza Juan Grabois, uno de los dirigentes sociales que, si bien apoya al gobierno de Fernández, se muestra como uno de los más díscolos y con agenda de reclamos propia. Con algunas idas y vueltas, Grabois es uno de los dirigentes sociales más cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El también referente del Frente Patria Grande (FPG), un espacio político con representación parlamentaria, fue de los primeros en celebrar la renuncia de Máximo Kirchner a la titularidad de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados por estar en desacuerdo con el acuerdo al que Martín Guzmán, el ministro de Economía, llegó con el FMI.

El comunicado del FPG aseguraba que apoyaban la decisión del hijo de la ex presidenta de la Nación por compartir las “críticas y preocupaciones” sobre el acuerdo alcanzado con el FMI. “La discusión sobre la forma en que se cumplirán las metas pactadas y, fundamentalmente, sobre quienes recaerá el esfuerzo para pagar esta deuda, deberán ser temas centrales de la agenda de nuestro gobierno”, sostiene el escrito.

La misiva estaba firmado por los diputados nacionales Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itai Hagman, la legisladora porteña Ofelia Fernández y la diputada por la provincia de Buenos Aires Lucía Klug, todos del Frente Patria Grande. De hecho, los tres legisladores nacionales ya anunciaron que votarán en contra del acuerdo cuando se trate en la Cámara Baja.

El “ollazo” contra las intenciones del Presidente de reestructurar la deuda con el FMI, fue compartido por otros espacios sociales alineados con el Frente de Todos como el Nuestra América y el Frente Popular Darío Santillán. Sus dirigentes afirman que los recortes en los planes sociales ya comenzaron. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, desmienten esa aseveración e insisten en que no habrá recortes en la ayuda social, pero que tampoco se abrirán nuevos cupos en planes como el Potenciar Trabajo. El funcionario está convencido que se reemplazarán los planes por “empleo genuino.

Según los organizadores, la olla popular en el Obelisco se realizó “para exigir que se priorice el acuerdo con los y las de abajo”. “Hay que pagar la deuda interna que garantice un futuro digno para nuestras juventudes, que proteja a nuestros jubilados y que priorice un desarrollo con Tierra, Techo y Trabajo”, agregaron.

La última consigna es un proyecto de ley presentado en el congreso en el 2020 por el diputado y líder de la CCC Juan Carlos Alderete pero que hasta ahora no fue tratado.

La iniciativa busca crear 3.000.000 de puestos de trabajo, propone concretar 375.000 soluciones habitacionales con un presupuesto inicial de $420 mil millones y, entre otros puntos, plantea avanzar en la regularización dominial de los asentamientos urbanos y rurales, y realizar en los barrios obras de infraestructura y servicios básicos como agua, electricidad, gas, cloaca, apertura de calles, mantenimiento de caminos, desagües pluviales y veredas.

Dina Sánchez, dirigente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria Adjunta de la UTEP, fue muy crítica hacia el gobierno del Frente de Todos. Al ser consultada por este medio opinó: “En Argentina hay una deuda interna que cada día se profundiza más. Tiene que ver con las 18 millones de personas pobres que hay en el país, con los millones que no tienen un techo digno y que en pleno siglo XXI no tienen acceso al agua potable en los barrios populares”.

-El Gobierno asegura que con este acuerdo el país va a crecer. Pero aunque se hable de crecimiento, la situación económica en nuestros barrios está cada vez peor; esta semana, igual que hace 20 años, nos volvimos a inundar. No nos vamos a resignar a esto. Desde nuestro sector, desde la economía popular, propusimos hace más de un año un salario básico universal (SBU). Un ingreso para que ninguna persona esté por debajo de la indigencia. No propusimos algo para nuestro sector sino una política universal. Tal vez no cierra con los números que quiere el FMI, pero nosotros hicimos una propuesta. Necesitamos que el gobierno de Alberto Fernández que nos diga cómo se paga la deuda con el pueblo, le dijo Infobae a la dirigente feminista..

El Salario Básico Universal es otra de las iniciativa que los movimientos sociales alineados con la Casa Rosada llevaron al Congreso, pero que sigue cajoneado. Lo impulsó con fuerza Juan Grabois y recibió el apoyo de Cristina Fernández.

El Frente Patria Grande ya empapeló las paredes de la Ciudad de Buenos Aires con carteles en blanco y negro que dicen: “SE BUSCA, para que paguen, QUIÉNES FUGARON LA PLATA DEL FMI”.

El Movimiento Evita, que tiene entre sus referentes a dos funcionarios nacionales, Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, no adhirieron al ollazo del resto de los movimientos populares que militan en su espacio. Sin embargo, internamente, no todos están de acuerdo con el acuerdo con el FMI, o al menos descreen que se podrá llevar adelante sin ajuste, tal como se afirma desde Balcarce 50. De todos modos, ninguno de sus referentes expresa esa opinión en público.

Somos Barrios de Pie, la otra corriente mayoritaria contenida en la alianza gobernante, tampoco movilizó para expresar su repudio al acuerdo con el organismo internacional. Su referente, Daniel Menéndez, también funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social, difundió un lavado comunicado que en su punto central declara: “Ante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que busca solucionar la crisis de deuda externa heredada por el gobierno de Mauricio Macri, nos comprometemos a impulsar las medidas necesarias para que el pago de esas obligaciones surja del bolsillo de los sectores más ricos y poderosos de nuestra patria, quienes fueron responsables de la fuga de capitales más grande de la historia económica de nuestro país”.

Grabois prefirió no opinar para esta nota. Cree que no es momento para palabras incendiarias. “Acá hay un problema estafador/estafado. Guzmán estuvo mal. Con el Fondo esta todo mal. El Fondo nos estafó. El Fondo nos hundió. Esta es una deuda ilegítima”, había expresado en el programa de Canal 9 Fuego Amigo.

En cambió sí dialogó con Infobae, Laura Cibelli una de las principales dirigentes de su espacio social, el MTE. “Estamos muy preocupados por que se pague una deuda ilegítima que se contrajo para ser fugada. No se invirtió para ningún tipo de desarrollo ni mejoras. Se enriqueció un sector muy pequeño de la sociedad. Fue una deuda que no fue aprobada por el Congreso”, sostiene y apunta: “El Gobierno va a pagar con el dinero que nosotros creemos que debe ser utilizado para el desarrollo. La situación del país es muy grave. El 60 por ciento de los pibes y pibas del país son pobres. El Gobierno no tiene una mirada estratégica e integral de la Argentina”.

Cibelli, al igual que Sánchez, pero también Grabois y Máximo Kirchner coincide en que “hay que decirle al FMI ‘no, así no te vamos a pagar’”.

La de la semana pasada no será la primera ni la última movilización que las organizaciones sociales, que hasta ahora se mantienen dentro del Frente de Todos, realizarán para demostrar su disidencia con el acuerdo con el FMI que ya fue ingresado al Congreso.

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