Después de semanas de dilaciones que se prolongaron agónicamente en las últimas horas, y luego de dos años de negociaciones, el Poder Ejecutivo volvió a demorar el giro al Congreso Nacional del proyecto acordado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda externa de 44 mil millones de dólares que contrajo el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Fue por modificaciones de forma que se introducían en la Secretaría de Legal y Técnica, a contrarreloj, para respetar las exigencias de la oposición. De todas formas, en la Casa Rosada aseguran que el hoy es el día clave y que finalmente pasará por la mesa de entradas de la Cámara baja.
De cumplirse esas expectativas, desde hoy se inicia un camino legislativo que se augura escabroso, debido a las resistencias de sectores dentro del propio oficialismo y, también, en Juntos por el Cambio. A partir de la semana próxima, para subsanarlas, se sucederán una serie de presentaciones de altos funcionarios del equipo económico del gobierno de Alberto Fernández ante las autoridades partidarias en Diputados, que derivarán en el tratamiento sobre tablas. Después será el turno del Senado y, una vez aprobado el proyecto, el board (directorio ejecutivo) del FMI deberá darle el visto bueno final.
Presiones y demoras
Ayer por la tarde, cerca de las 15, el Gobierno anunció formalmente lo que venía adelantando desde el día anterior: que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que se elevaría las siguientes horas al Legislativo. Poco después, el FMI publicó un comunicado oficial para confirmar que las negociaciones habían llegado a buen puerto. Pero pasada la medianoche, el documento del anteproyecto con la firma del Presidente no había ingresado aún por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados.
Alberto Fernández había pasado la tarde puliendo los detalles junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, una de las mujeres de su extrema confianza, que continuará hoy con la tarea, lo cual demoraba la presentación al viernes. Fue la continuación de un trabajo que se había prolongado desde la madrugada del jueves, en diálogo, también, con Guzmán. Hicieron, primero, modificaciones de contenido, y luego, de forma, a último momento, que se sumaron a los anteriores cambios derivados de las exigencias del FMI sobre los porcentajes de aumento de tarifas.
La dilación se debe a modificaciones que debieron introducir a pedido de la oposición en tres artículos del proyecto. En especial, el primero, que contenía el pedido de financiamiento y remitía a los anexos. Juntos por el Cambio reclamó que la ley tuviera diferenciados el artículo con la autorización del Congreso al Poder Ejecutivo para negociar la deuda, y el (o los) artículos que remiten a los anexos que explican el Programa de Gobierno que se ejecutará para lograr las metas del Acuerdo y que son potestades del PEN. “Esta es la razón por la que se sigue esperando el ingreso en Mesa de Entradas”, dijeron.
El ala moderada cree que con la introducción de esos cambios, aumentarán las chances de que JxC apoye en general. Según especulan, podrían evitar votar los anexos, sin hacer caer la ley. De todas formas, hay sectores duros del Pro que de cualquier modo quieren votar en contra.
Esta mañana, en Gobierno dijeron que ya se definió que el expediente salga con con dos artículos, como se definió ayer. Mientras tanto, se sigue armando el complejo expediente, donde cada detalle acordado necesita de un informe técnico, una traducción oficial, y un dictamen. Ahora aseguran que estaría listo cerca del mediodía.
El camino legislativo
En tanto, a pesar de las diferencias, este mediodía las autoridades de la Cámara baja y de los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio se reunieron para trazar una hoja de ruta para tratar el acuerdo con FMI. El esperado encuentro entre oficialistas y opositores fue para definir los detalles del tratamiento en los próximos días del proyecto más importante para el Frente de Todos.
Tuvo lugar en el salón de honor de la Presidencia, encabezada por Massa y con los presidentes de los bloques e integrantes de la comisión de Presupuesto, junto a las autoridades de la Cámara. Estuvieron Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Germán Martínez (FdT), Rodrigo de Loredo (Evolución), Juan Manuel López (CC), Alejandro Rodríguez (Consenso Federal), Carlos Heller (FdT) y Luciano Laspina (PRO). El objetivo formal del encuentro era ordenar el tratamiento, el cronograma de comisión, los invitados y los expositores, así como la asistencia de funcionarios una vez que se haya presentado el acuerdo con el FMI -que sigue demorado-.
En la reunión se definió una “hoja de ruta” para tratar el acuerdo, inclusive antes de que ingresara por mesa de entradas por demoras de último momento que preocuparon sobremanera al Presidente. Se definió que el lunes a las 14 asistan al Congreso el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro de Economía, Martín Guzmán; el titular del Banco Central, Miguel Pesce; el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
En tanto, el martes, asistirán representantes de los sindicatos y movimientos sociales, entre ellos la CGT, la CTA, ADEBA, CGERA, APYME, ADEBA y G6. Ese día, también serán invitados a exponer los gobernadores. En el mítin también se decidió que Carlos Heller (FDT) y Luciano Laspina (JXC), de la Comisión de Presupuesto, queden facultados para agregar invitados a propuesta de los presidentes de bloque. Y a partir del miércoles, a las 10 de la mañana empezará el debate en comisión para dar dictamen al proyecto con la intención de que se trate en el recinto esa misma semana.
Sugerente reunión
Desde el anuncio sobre la inminencia de la presentación del proyecto de ley, Alberto Fernández protagonizó ayer por la tarde una sugerente reunión en su despacho de la Casa Rosada. El cónclave llamó la atención porque hizo coincidir a representantes del ala albertista como del sector kirchnerista después de varios meses, justo el día en que se presentaba el acuerdo en el Congreso.
El Presidente recibió, en conjunto, a un hombre de su confianza, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con terminales en el municipio de Hurlingham -que gobernó hasta que fue convocado en el Gabinete nacional-; al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del ala de Cristina Kirchner pero con cada vez mayor afinidad con el jefe de Estado; al ministro de Desarrollo Comunitario bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, que responde al liderazgo de Máximo Kirchner; y al jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, también cercano al jefe de La Cámpora.
Hasta el momento, Larroque no se pronunció sobre su postura respecto de la negociación del Fondo. Pero cuando Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque, hace semanas, nadie en su entorno apoyó su postura. De hecho, “el Cuervo” no opinó al respecto, ni salió a defender la movida política de su jefe. La de ayer fue su reaparición en el plano nacional, no casualmente en la Casa Rosada, junto a su par, Zabaleta.
En el Gobierno aseguraron que el encuentro fue por la firma de dos convenios por asistencia financiera durante 2022 para “fortalecer la gestión provincial, garantizar la seguridad alimentaria y profundizar los programas sociales en el conurbano”. Pero por lo bajo, admitían que fue, también, una manera de intentar acercar posiciones para intentar forzar las voluntades en el debate que se viene en el recinto.
Después de la reunión, Zabaleta, alfil albertista; y Larroque brindaron declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada. Un detalle no menor fue que lo hicieron codo a codo. Pero, ante las repetidas consultas de la prensa respecto de los equilibrios de poder y los apoyos en el Congreso, dieron respuestas elusivas. Se limitaron a referirse al convenio que acababan de firmar para ampliar partidas presupuestarias con fines sociales en escuelas públicas del territorio bonaerense. Y juraron que no habían hablado entre ellos ni con el Presidente respecto de la deuda que por estas horas pone en jaque al Frente de Todos por las diferencias que suscitan las eventuales consecuencias en los bolsillos de la aplicación de las medidas orientadas a refinanciar. De hecho, Zabaleta se encargó de negar tajantemente, ante los micrófonos: “No va a haber ningún ajuste”.
La pulseada en el Congreso
A partir de hoy, una vez que esté el proyecto en el Congreso, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, deberá acelerar las negociaciones a contrarreloj que ya viene impulsando con los legisladores propios y opositores para obtener la mayoría de votos necesarios para darle media sanción y girarlo al Senado a tiempo para que el board del Fondo lo revise antes del vencimiento del pago de 2800 millones de dólares del 22 de marzo. De no afrontarlo, el país entraría en default o, en la jerga del organismo, arrears (atraso).
Las frenéticas conversaciones de los últimos días se volvieron cada vez más arduas después de la Asamblea Legislativa, cuando florecieron las señales de tensión. El ala dura de Juntos por el Cambio abandonó el recinto como muestra de protesta contra el duro discurso del Presidente contra la administración de Mauricio Macri por la toma de deuda.
Los diálogos están complicados, también, en el ámbito de los diputados del sector kirchnerista del bloque del Frente de Todos, cuyo líder, Máximo Kirchner, renunció a la titularidad del espacio oficialista, hace tres semanas, y faltó a la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias, en señal de disconformidad con la letra chica del acuerdo. En particular, por los porcentajes de aumento de tarifas a partir de la quita de subsidios en el sector energético que exige el FMI para cumplir con las metas de déficit fiscal previstas para los próximos años.
El jueves por la mañana, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, informó que el entendimiento prevé una segmentación, con aumentos diferenciados de acuerdo a tres categorías de usuarios durante los años 2022 y 2023. La primera será para los usuarios de mayor poder adquisitivo, que dejarán de recibir subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago (abarcaría al 10% de los usuarios). La segunda afectará a los beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
Tras el envío del proyecto, había cierto alivio en el Gobierno, luego de días de extrema inquietud por las desavenencias entre el equipo del Ministerio de Economía que negociaba con el FMI bajo las órdenes del titular de la cartera, Martín Guzmán, y el staff del organismo. El problema principal -el sendero fiscal- se vio agravado por la suba en los precios de las commodities energéticas a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania y la convulsión a nivel económico en Occidente.
Ahora el Gobierno, envuelto en serias dificultades políticas al interior del espacio, considera que toda la responsabilidad por que el acuerdo sea aprobado reside en las bancadas de Juntos por el Cambio, (donde el Pro presenta la postura más reacia a aprobar el acuerdo y la UCR y la Coalición Cívica se muestran proclives a respaldar el proyecto) y en el ala crítica en el propio oficialismo.
Massa, a cargo de las negociaciones finas en el Congreso, les asegura a los propios que los números están. Pero hay incertidumbre en la Casa Rosada sobre cuál es la postura que adoptarán Máximo Kirchner y sus seguidores, que suman una veintena de legisladores. La duda gira en torno a si los duros contribuirán a dar quórum para debatir el proyecto y, una vez superado ese escollo, sobre la forma en que votarán.
En Balcarce 50, después de las fuertes señales negativas de las últimas semanas de su parte, descartan la posibilidad de que apoyen en masa. Pero confían en que no votarán en contra y que elegirán abstenerse, es decir, el mejor escenario en el sombrío panorama actual. Algunas voces hasta se entusiasman, y creen que algunos legisladores que responden a Cristina Kirchner podrían votar a favor. Lo cierto es que al Presidente no le alcanza únicamente con los 80 diputados afines que ya dieron el visto bueno.
También reina la inseguridad con respecto al respaldo que puedan obtener el el Senado, donde una parte del bloque oficialista responde a Cristina Kirchner, que hasta ahora no dejó en claro cuál será su posición frente a la iniciativa. En principio, la vicepresidenta mantiene la reserva sobre su posición. Uno de los senadores de su órbita, José Mayans, jefe de la bancada oficialista, ya puso algunos reparos vinculados a la letra chica, semanas atrás. Pero no hay definiciones aún en ese plano.
El acuerdo
El jueves por la tarde, el Gobierno ratificó, a través de un comunicado, las metas fiscales de las que se venía hablando desde enero: “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024″, define uno de los Memorándum. Por su parte, el organismo de crédito que comanda la economista búlgara Kristalina Georgieva, agregó: “El staff del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un staff-level agreement sobre las políticas económicas y financieras que serán respaldadas por un Extended Fund Facility Arrangement [EFF, o Acuerdo de Facilidades Extendidas] de 30 meses”, dijo.
El Ejecutivo explicó que el programa incluye “10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio”. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se harán luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034, se detalló. Hacienda aclaró que el acuerdo “no implica una inhibición en la recuperación económica”.
“El SAF, con acceso solicitado de DEG 31.914 millones (equivalente a USD 45.000 millones o 1000 por ciento de la cuota), tiene como objetivo proporcionar a Argentina apoyo presupuestario y de balanza de pagos para abordar los desafíos económicos más apremiantes del país y mejorar las perspectivas de todos los argentinos mediante la implementación de medidas diseñadas para promover el crecimiento y la protección de programas sociales esenciales”, dijo el organismo, en un comunicado firmado por Julie Kozack y Luis Cubeddu, quienes encabezaron la mesa de negociación con el Gobierno argentino.
“El programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que involucra una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno, que junto con otras medidas, ayudará a promover una reducción continua de la inflación a lo largo del tiempo”, consideró el FMI.
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