El mercado aeronáutico sigue en ebullición por el avance de la investigación judicial que tiene en la mira la compra de aviones y helicópteros -públicos y privados- con dólares oficiales entregados por el Banco Central. La hipótesis inicial apunta a una posible sobrefacturación en algunas de esas operaciones. Para eso falta. Hasta ahora la Justicia obtuvo los datos de todas las operaciones autorizadas por el Banco Central durante los últimos dos años. En esos informes, a los que tuvo acceso Infobae, figuran los compradores de todas la aeronaves, el valor declarado en la Argentina, la fecha de matriculación, y los bancos que intervinieron.
Según los registros oficiales de los últimos dos años, el avión más caro es un Falcon 7X, valuado en USD 22.500.000. Fue matriculado el 31 de julio de 2020 a nombre de la empresa American Logistic SA. “Es uno de los tres aviones más sofisticados que hay en el país, durante la pandemia hizo decenas a vuelos a Miami como taxi aéreo”, contó un empresario del sector.
Se trata de un avión de lujo con capacidad hasta 14 pasajeros y una autonomía de 11 mil kilómetros. En la actualidad lo administra la empresa Royal Class. Entre sus usuarios frecuentes hay empresarios millonarios, jugadores de fútbol y deportistas de élite.
En el segundo escalón aparece la empresa Baires Fly, una empresa de taxis aéreos que en la última década fue contratada por la mayoría de las provincias para el traslado de sus gobernadores y funcionarios. Además fue una de las empresas elegidas para los vuelos de cabotaje del ex presidente Mauricio Macri.
Baires Fly pidió autorizaciones al Banco Central por USD 17.550.600 para comprar tres aeronaves: dos Gulfstream Aerospace y un Cirrus SR22 valuado en USD 885.000.
Los investigadores posaron su mirada sobre los Gulfstream por los montos declarados. El primero, modelo Aerospace GV, habría costado USD 9.435.000 aunque algunos reportes privados indican que su precio real estaba cerca de los USD 7 millones. El segundo, modelo Aerospace G-IV, se pagó USD 7.230.000. Los registros de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) indican que se inscribió en octubre de 2020 con la matrícula LV-JQW. Según una empresa internacional de tasaciones, esa aeronave podía comprarse en el mercado por 5,5 millones, aunque los valores de los aviones siempre son relativos.
En tercer lugar, siempre teniendo en cuenta los dólares autorizados por el Central, aparece la firma Kube Aviación, con tres aeronaves matriculadas y un total de USD 17.108.000. El más importante es un Bombardier Challenger 600 declarado en USD 12.550.000.
Con casi 10 millones de dólares solicitados, en el cuatro lugar quedó la empresa Helicópteros Marinos, que compró dos Airbus Helicopters BB-BK117 D-3.
En el quinto lugar aparece la empresa Cielos de América SA (Patagonia Air SA), con algo más de USD 9 millones. Los registros oficiales muestran que adquirió un Lear Jet 60 valuado en USD 2.200.000 y un Bombardier Challenger 600 (matrícula LV-KAG), valuado en casi 7 millones.
La investigación judicial comenzó en la Fiscalía de Guillermo Marijuán, quien pidió los primeros informes a la ANAC y al Banco Central. Días después, a partir de una nota de Infobae, el abogado Santiago Dupuy de Lome presentó una denuncia en Comodoro Py que tuvo el impulso del fiscal Eduardo Taiano. En ese expediente, el juez Ariel Lijo pidió la semana pasada una serie de informes a la Inspección General de Justicia (IGJ), la ANAC, Dirección General de Aduanas, Banco Central de la República Argentina (BCRA), Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y a la Secretaría de Industria Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La denuncia acusa formalmente a la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont, a la titular de la Aduana, Silvia Brunilda Traverso, al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y al ministro Matías Kulfas. Aunque los funcionarios no están mencionados en el requerimiento del fiscal Taiano, en los hechos quedaron imputados.
Ayer, Dupuy de Lome ratificó la denuncia en Comodoro Py y apuntó a los funcionarios de la Aduana y la AFIP. “Las aeronaves que son parte de esta causa salen de la Aduana con un permiso provisorio de mercadería en tránsito. Hecho eso son usadas sin nacionalizarse”, dijo en su ampliación.
Antes de delegar la investigación en Taiano y Lijo, el fiscal Marijuán logró reunir algunos datos importantes. La ANAC informó que durante los últimos dos años se matricularon 289 aeronaves, entre aviones y helicópteros. Y el Banco Central declaró que se aprobaron autorizaciones de importación por USD 202 millones.
Los investigadores buscan determinar si hubo sobrefacturación pero también apuntan a una posible maniobra para obtener dólares al valor oficial. “Por el momento solo tenemos el valor declarado en Argentina, la prueba clave será el valor declarado en el país de origen y eso llegaría por un convenio entre las Aduanas”, explicó un investigador.
“La sobrefacturación no es fácil de probar. Para pedir una SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) hay que demostrar capacidad económica y financiera y presentar un certificado del aviso de venta. Pero los valores de los aviones privados aumentaron mucho en los últimos meses en Estados Unidos por la alta demanda producto del COVID”, evaluó un empresario ante una consulta de Infobae.
La investigación judicial recién comienza. Además de sobrefacturación, también habría casos de aviones comprados al dólar oficial que nunca llegaron al país y otros que están abandonados en los hangares privados.
El cruce de los informes de la ANAC y del Banco Central arrojó una suerte de “ranking” de las empresas que pidieron más dólares al valor oficial. Debajo de Cielos de América SA aparecen otras firmas como Aerotec (USD 5.657.843), Agroservicios El Palenque SA (4.773.750), Flight Tours SA (USD 4.223.500), y Just Flight SA (USD 4.010.015), más conocida como Royal Class, una empresa de taxi aéreo que opera desde hace tres décadas en Aeroparque y compró dos aviones Cessna y un helicóptero Robinson R 44.
Entre las matrículas oficiales se destaca un helicóptero comprado para la Gendarmería y otro para la Policía de la provincia de Buenos Aires. El primero, siempre según los registros oficiales, costó USD 11.475.160. Se trata de un Airbus Helicopters, modelo AS350B3, matriculado en julio de 2021. El segundo, un Airbus MBB-BK117 C2 destinado a la Bonaerense, fue adquirido por USD 8.224390, un millón más caro del avión que acaba de comprar la provincia de Buenos Aires para trasladar a sus funcionarios.
Aeronaves de lujo con fondos oficiales.
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