Juan Félix Marteau: “Hay que tratar a los narcos como terroristas, ponerlos en una lista pública junto a sus aliados y congelarles todos sus bienes”

En la Argentina se ha consolidado un mercado de consumo de drogas muy rentable. La tasa de prevalencia de cocaína oscila entre 1,5 y 2 por ciento de la población entre los 12 y los 65 años. La de marihuana supera el 8 por ciento mientras que la de éxtasis es de 0,2 por ciento. En términos porcentuales nuestro país está a la cabeza de las estadísticas de Sudamérica. Estos datos reflejan que hay mayor volumen de drogas circulando, más logística de los narcos, y también la necesidad que tienen estar organizaciones criminales de contar con nuevos socios para corromper funcionarios y lavar dinero. A todo esto hay que sumarle que la contención social a través de planes sociales tienda a disminuir este año provocando que más niños y adolescentes se vuelquen a la adicción y al trabajo violento que imponen los traficantes.

Frente a este panorama sombrío, Infobae dialogó con Juan Félix Marteau, abogado especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo acerca de si hay alguna medida extraordinaria que podría tomar en lo inmediato el Estado Nacional y que sea eficaz para bloquear el accionar de las bandas narco. Marteau es director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires. Fue creado en 2019 y tiene como objeto analizar y comprender los riesgos que suponen las actividades terroristas en cualesquiera de sus manifestaciones, el extremismo violento y las redes financieras ilícitas vinculadas al crimen organizado, como así también, las estrategias, las capacidades y los mecanismos de los organismos responsables de la mitigación, prevención y represión de estas amenazas. El CESH es parte del Global Research Network de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Dr. Marteau ¿El Centro de Estudios que usted dirige ha comenzado a trabajar sobre el desafío que plantea el narcotráfico en la Argentina. Cuál es, en su diagnóstico sobre la la situación teniendo en cuenta lo que vienen sucediendo en Rosario y el Conurbano bonaerense?

-En primer lugar agradecerte y agradecer a Infobae la atención y la preocupación por este tema; en segundo lugar mis opiniones, son estrictamente personales, no involucran al CESH (Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera) ni involucran a ninguna otra institución en la que trabajo. Mi perspectiva es que estamos en una fase crítica en relación a la amenaza del narcotráfico en Argentina que se puede configurar en función de por lo menos tres características.

En primer lugar hemos visto que las agrupaciones criminales que trabajan en el mercado ilícito de estupefacientes, de comercialización de estupefacientes han desplegado una gran capacidad para cooptar e influenciar actores claves estatales: jueces, fiscales, policías. También a la política: intendentes, concejales, esto es muy grave.

En segundo lugar, esta fase también muestra la capacidad que tiene el narco de sustituir al Estado. Este es un momento muy difícil en la evolución de la criminalidad. Esto significa que el narcotráfico, los narcotraficantes, brindan con éxito seguridad a la población donde ya están territorializados y también brindan ayuda social, o sea cumplen funciones estatales sobre todo en los lugares, en las ciudades, en las poblaciones abandonadas por el Estado.

Un tercer factor de esta fase está dado por la utilización de las cuevas o de entidades financieras subterráneas que son propias de una economía informal importante como tiene la Argentina por parte de los narcotraficantes y que tiene la gravedad que ese dinero que proviene del narcotráfico al final del camino termina articulado, mezclado con el dinero que proviene de actividades legítimas informales, pero legítimas y que en esa mezcla que produce la entidad financiera subterránea, hace que haya una confluencia. Por lo tanto, eso muestra una situación muy crítica, o sea, a la cueva va el narco y a la cueva va también aquel que -por las razones de la economía argentina- realiza su negocio en la economía informal. Además en este punto económico tenemos que advertir la disponibilidad que tienen hoy las criptomonedas lo que crea una dificultad mayor a la hora de la trazabilidad de estos movimientos de protección de las ganancias ilícitas.

¿Usted no incluye la violencia en la descripción de esta fase crítica?

-Es interesante, es una buena pregunta porque en mi opinión la violencia o los niveles de violencia que hay en Argentina todavía no son reveladores de la gravedad del fenómeno. Si uno mira estrictamente con la estadística criminal que disponemos que además -hay que decirlo- es muy primaria, vemos que las tasas actuales de homicidios violentos, homicidios intencionales, todavía se mantienen en Argentina en niveles que uno podría decir son aceptables. Esto le permite a los políticos inescrupulosos hacernos creer que estamos viviendo en un país central o en el primer mundo. Estamos hablando de cinco o seis homicidios, cada 100.000 habitantes en Argentina pero hay que prestar atención a este tema.

En estos últimos 20 años el momento crítico de violencia en la Argentina fue en el año 2002 donde tuvimos un alza importante de homicidios violentos, homicidios intencionales que llegó a 10 homicidios cada 100.000 habitantes, una tasa importante de crisis de seguridad en la Argentina. Entonces uno diría bueno, si estamos en una tasa de cinco o seis frente a la tasa anterior, digamos la Argentina entró en una plataforma razonable pero esto es engañoso. Cuando uno ajusta el lente ve que en determinadas jurisdicciones, estamos en tasas de crisis o superiores. Ejemplo: en términos estrictamente provinciales creo que estamos en una tasa cercana a 9.5 en la provincia de Santa Fe, estamos en una tasa muy alta en Tucumán, estamos en una tasa muy alta de 8 en Formosa. Pero cuando cuando ajustamos más el lente aún y vamos a la ciudad de Santa Fe también tenemos una tasa de crisis cercana al 10 y por supuesto en Rosario, un punto extremadamente crítico, estamos hablando de una tasa de 14 homicidios cada 100.000 habitantes.

Por lo tanto, mi opinión es que la violencia todavía no forma parte como característica de la criticidad, que yo estoy describiendo. Es una etapa que podemos esperar, si las cosas continúan de esta manera, a la brevedad, o sea, la violencia va a incrementarse.

¿Esto significa que estos datos no son suficientes para entender el fenómeno?

-Por lo pronto digamos no terminan revelando, sobre todo cuando tomamos la jurisdicción argentina como una globalidad, no terminan relevando la profundidad que tiene esta crisis que nos presenta el narcotráfico. Por eso insisto creo que hay que trabajar mucho sobre los indicadores de la violencia en Argentina. Tratar de tener miradas más puntuales entendiendo perfectamente qué pasa en las jurisdicciones, qué pasa en los distritos no de la provincia de Buenos Aires que por su extensión obviamente baja la tasa de homicidios a modos muy bajos, muy aceptables en términos internacionales, pero claro, hay que ver lo que pasa en los distritos más calientes: en La Matanza, en Lomas de Zamora, en San Martín, bueno, en los lugares que sabemos que están tomados en parte por el narco.

¿Es muy pesimista con relación a lo que se puede hacer para combatir al narcotráfico?

-Sin ser ni optimista ni pesimista, lo que tenemos que hacer los que estamos trabajando en estos temas es trabajar sobre los datos de la realidad con los indicadores que tenemos a mano. Está claro que, en términos estrictamente políticos, si la conducción, el tratamiento de este tema, la gestión estatal sobre este tema continúa de la misma manera va a escalar y va a agravarse. Podría decirse que concretamente la batalla va a perderse en este esquema estratégico que plantea el Estado argentino, donde hay problemas y acción concreta y también de comunicación. Lo que hemos visto en estos meses es mucha dificultad para comprobar acciones sistémicas por parte del Estado Nacional conjuntamente con los estados provinciales y además hay un problema de comunicación donde los actores clave del sistema institucional no están diciendo lo que piensan en relación a esta problemática. Por eso hago mía casi literalmente las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti quien recientemente señaló algo que tiene un piso significativo, dijo el narcotráfico es uno de los cinco problemas más graves que enfrenta la Argentina y puede llegar a ser el primero.

Además tengo que decirte que ya tenemos laboratorios donde vemos qué está pasando con el problema. La provincia de Santa Fe es uno de ellos, ahí vemos que hubo mucho ruido al comienzo, hubo una aparente tentativa de intervención directa sobre narcotráfico, pero esto terminó mostrándose como puro gatopardismo, o sea, al final del camino nada se modificó y las mafias siguen intactas. Muchos dirigentes que parecían la esperanza blanca del peronismo, al final terminaron claudicando en este tema. Venían con la promesa de ser distintos a dirigentes comprometidos con las mafias locales tuvieron que pactar al momento de ganar espacio político y como digo claudicaron. O sea, es un laboratorio muy interesante para seguir analizando y seguir pensando. Aparte yo lo que me pregunto todos los días ¿cuánto puede resistir un juez, un fiscal, un policía honesto, valiente que pone el cuerpo para condenar a buena parte de los líderes de los grupos narcos locales si en el Servicio Penitenciario se le brinda comunicación plena, no solo telefonía celular sino hasta el teléfono de línea con la correspondiente protección del poder político? Porque nadie puede pensar que el servicio puede penitenciario puede dar cobertura en narco para que siga operando ordenando muertes ordenando amenazas manejando el negocio financiero del narcotráfico, si no hay una protección política detrás.

Esto me permite decir que si las coordenadas estratégicas y tácticas del Estado Nacional -esto es un problema federal- continúa siendo la misma esta batalla la Argentina, el país, la comunidad la va a perder.

¿Cuál podría ser una medida excepcional?

-Por supuesto que la racionalidad política indica tener un buen diagnóstico para producir una política planificada y una toma de decisiones adecuada de esa planificación. Bueno, estamos en la Argentina acostumbrados de que eso está roto. Digamos que no hay un ni buenos diagnósticos y que, por lo tanto, la decisiones políticas nunca son planificadas. Por eso digo y pienso que frente a este tipo de amenazas, frente este tipo de problemas tenemos que tomar medidas excepcionales que no estén sumergidas o no queden tapadas por una discusión eterna de la clase política diletante.

Y hay por supuesto medidas excepcionales, legítimas, eficaces pero que tienen alguna excepcionalidad. Una de ellas -que tiene que ver con mi ámbito de trabajo cotidiano- se refiere a lo que se llaman las sanciones financieras selectivas. ¿Esto qué significa? Que al narco, a sus asociados, a sus familiares -estoy hablando de los líderes del negocio y todo su entorno que participa del negocio- hay que dictarles una orden administrativa, al máximo nivel, dictada por el presidente a través de un decreto donde en primer lugar se los enliste, se arme una lista de las personas que sobre las que haya causa probable que estén vinculados al negocio del narcotráfico. Es una lista que tiene que actualizarse permanentemente con nombre, apellido, localización geográfica, el vínculo posible con el negocio del narcotráfico y sobre esa lista se anexa directamente la orden de congelamiento de todo el patrimonio, de todos sus bienes.

Por lo tanto esto es lo que es una medida selectiva. Estará compuesta de cientos de nombres, de miles de nombres, los necesarios a la gravedad del problema y en función de eso -que aclaro no tiene nada que ver con las medidas procesales que un juez pueda tomar como los embargos, otra medida de inhibición de bienes- digamos se inhibe a todas estas personas del uso de sus activos. Esta es la medida que corresponde, por lo tanto, para ser muy concreto, esto no es inventar la pólvora, esto es aplicar estándares que la comunidad internacional usa hace 20 años y que determinados países usan hace 20 años, en particular con relación al terrorismo.

Mi consigna es, la medida excepcional es la siguiente: hay que aplicar a los narcos todas las medidas disponibles que se aplicaron el terrorismo y hay que tratar al narco, como terroristas: inhibirlo, privarlo de todos los bienes y por lo tanto inhabilitarles su negocio económico financiero. Hay un actor clave al que hay que hacerle alguna pregunta alguna vez que son los líderes sociales. Si sabemos que el narco se territorializó en las zonas periféricas más pobres y abandonadas y los dirigentes sociales son los que están haciendo un gran trabajo, hay que preguntarles cómo es que se puede convivir con el narco en esa situación, sobre todo diciendo que el narco ya ha logrado sustituir al Estado en la prestación de los servicios de seguridad y de ayuda social.

¿Esto no tendría reparos por parte de la justicia?

-La Justicia argentina tiene varias perspectivas sobre este tipo de medidas. Obviamente jueces que piensan en la justicia como una ideología. De ellos lo que vamos a esperar es la invalidación de este tipo de medidas considerándolas violatorias de los derechos humanos y de los derechos de los narcotraficantes. Ahora los jueces que tienen una visión institucional del derecho y tienen una comprensión sobre la realidad que significa un actuar justo frente a una amenaza concreta a la ciudadanía y el Estado van a convalidarlas como han hecho en otros países. Aparte los estándares internacionales están probados, están desarrollados, hay buenas prácticas que muestran que estas medidas son efectivas, que son revisables en su totalidad o en parte por parte de la justicia que puede habilitar la devolución de algunos bienes. Estos bienes pueden servir para la manutención para el pago de gastos ordinarios o extraordinarios de las personas que han sido sancionadas con estas sanciones selectivas y, obviamente, existen recursos para revertir judicialmente esta medida presidencial, esta medida administrativa. Por lo tanto, insisto, esta es una medida excepcional, si queremos intervenir sobre esta fase crítica tratando de que esto no se expanda, de que el poder narco no se expanda, existen instrumentos jurídico-políticos adecuados. Y la Argentina, tengo que recordarlo, es parte de la comunidad internacional. Ha estado y está obligada a aplicar estándares internacionales respecto a sanciones financieras selectivas.

Lo que tiene que hacer es: todas aquellas medidas que la Argentina debe desarrollar y desarrolla con relación al terrorismo, debe aplicarlas al narcotráfico. Los Estados Unidos de América han sido pioneros en esta reconversión de los programas sobre el terrorismo y existen medidas o sanciones financieras selectivas directamente aplicadas al narco. Con información consolidada, causa probable, se le transmite al Tesoro de los Estados Unidos que hay narcotraficantes que están operando en el territorio americano que puedan tener conexiones internacionales o no, y se ordena el congelamiento directo de sus bienes.

Lo que estoy proponiendo no es una invención alocada de un crítico sino se trata de medidas que si el Estado no quiere perder el monopolio en el uso de la violencia legítima tiene que ejercer frente a amenazas tangibles, frente a situaciones de criminalidad que producen una enorme zozobra en la población. Y sobre todo en la población más abandonada, la que tiene menos recursos, la que todo el día reclama que sus niños no se conviertan en nuevos soldados del narcotráfico y no caigan en la nueva esclavitud moderna que significa el consumo de drogas. ¿Qué esclavitud más horripilante podemos conocer que aquella en donde el hombre, la persona, un niño se torna esclavo no de otro hombre o de otro individuo sino de una cosa? Entonces sobre este esclavitud moderna está sentada toda la operatoria del narcotráfico que tiene una enorme rentabilidad.

Por lo tanto, ya la situación es una situación que obliga no a la claudicación, a la cobardía, al pacto, al acomodamiento que muchos discursos políticos, sea porque son dichos explícitamente o porque mantienen el silencio -el silencio es una forma de manifestar la cobardía, de manifestar la complicidad, de manifestar la idea de que esto puede acomodarse de otra manera- ya lo hemos visto en otra fase de la Argentina. Entonces este tipo de medidas selectivas -insisto tratar a los narcos como terroristas- no requiere de tantos debate políticos. Obliga a nuestra administración actual, al Presidente de la Nación, a los ministros a tomar decisiones que demuestren la voluntad concreta que tiene el Estado argentino para combatir una amenaza que, dijimos, es una de las más graves que tienen que enfrentar la Argentina hoy y puede ser la principal.

Por último, por supuesto, están los jueces que pueden habilitar todos los recursos que quieran para que los narcotraficantes puedan llevar sus reclamos, sus quejas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, eso está muy bien, nadie tiene que obturar una vía en ese sentido.

Marteau, experto en criminalidad financiera, planteó un interrogante “¿Cómo es posible que la Justicia admita que una persona o una empresa y sus asociados que tienen vínculos con el tráfico ilícito de drogas siga operando como si nada pasara, sin el más mínimo riesgo?”, y concluyó: “con una acción inteligente y decidida el Estado puede provocar estragos en las finanzas del narcotráfico que actúa en el país.”

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