A un año del escándalo del Vacunatorio VIP, quiénes son los investigados y cómo avanza la causa judicial

En la fiscalía federal que encabeza Eduardo Taiano y en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez se analiza el cruce de los llamados hechos y recibidos por los investigados en el caso conocido como Vacunatorio VIP.

El escándalo estalló hace exactamente un año. Fue cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse contra el coronavirus al Ministerio de Salud el 18 de febrero de 2021, tras un llamado al ex ministro Ginés González García. A partir de esas declaraciones se abrió la causa judicial para determinar si “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos” fueron inoculadas en el Hospital Posadas -que depende de la Nación-, en el Ministerio de Salud e incluso en sus domicilios particulares.

En el listado de vacunados VIP aparecieron además de Vebitsky, el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller Felipe Solá, el embajador en Brasil Daniel Scioli , el ministro de Defensa Jorge Taiana (cuando era senador) y el diputado Eduardo Valdés. También el ex ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos. Buena parte de los vacunados VIP -el presidente incluido- fueron registrados como personal de salud, en los listados del Posadas.

Luego de que se conociera la existencia del Vacunatorio VIP el presidente Fernández le pidió la renuncia a González García quien fue reemplazado por Carla Vizzotti. El caso judicial quedó radicado en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti con la intervención de Taiano y de la PIA, la unidad de la Procuración General de la Nación especializada en casos de corrupción.

La imputación inicial del fiscal Taiano en marzo de 2021 implicó al ex ministro González García y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. También se imputó a Alejandro Collia y Marcelo Guillé. Guillé fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al Ministerio de Salud. En tanto, Collia, que era funcionario de González García, continúa -en la gestión de Vizzotti- como subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación.

El 8 de julio de 2021, Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Y entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. Con ese argumento, la jueza había decidido archivar la investigación sobre 65 de las 70 personas que integraban la lista hecha por el Gobierno de los que recibieron dosis de la Sputnik V cuando no había una convocatoria abierta.

“La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los limites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia penal”, había dicho la jueza en su resolución.

La decisión de Capuchetti no fue apelada por el fiscal Taiano. En cambio sí la apeló Rodríguez. En aquella apelación Rodríguez había señalado que debido al hecho de vacunar a quienes no correspondía se pudieron haber vulnerado varios derechos humanos, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho a la salud.

En su apelación había dicho que: “Los actos de corrupción producen, entonces, una desproporcionalidad en el disfrute de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que vulnera profundamente el derecho a la igualdad y no discriminación. En el caso bajo análisis, aparecería esta vulneración al generar una desproporción en el acceso a un bien escaso y valioso que da como resultado un privilegio ilegítimo, y el consecuente trato discriminatorio respecto a todos aquellos que se ven excluidos por la conducta, directa o indirectamente. El acceso anticipado a la vacuna, sin respeto al procedimiento establecido para todos los ciudadanos/as, en función de la cercanía a ciertos funcionarios, amistades, familiares, afinidades políticas, y cualquier otro motivo por el que se hubiera llevado a cabo la conducta, violenta estos principios, así como compromete la responsabilidad del Estado, al vulnerar compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sin perjuicio de la vulneración a otros derechos, como el derecho a la salud...”. Y había sostenido que: “Lo que está implicado es el hecho de que se evitó el sistema establecido para toda la población, otorgándose un privilegio ilegítimo y violando el principio de igualdad”.

La PIA había establecido que ”al momento de efectuarse las inoculaciones por fuera del programa oficial, según lo consideramos, aún existía parte del personal de salud a la espera de su turno para vacunarse”. Y es por eso que para Rodríguez la investigación debía continuar.

La apelación de Rodríguez recibió el respaldo de José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal quien también había solicitado que se profundice la investigación por el Vacunatorio VIP.

El 30 de agosto de 2021, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la Cámara Federal le dio la razón a Rodríguez y ordenó reabrir la investigación archivada. No solo dispuso que la jueza debía profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron la posibilidad de vacunar también que se debía investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus. A la vez, pidieron saber qué pasó con las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate donde también hubo vacunados que no pertenecían a los grupos prioritarios. Conocida la decisión de la Cámara, la jueza delegó la investigación en el fiscal Taiano.

En noviembre pasado el fiscal Taiano había pedido el cruce de llamados entre los involucrados en la causa. En aquel entonces se había solicitado también que se incluyera el teléfono de Vizzotti entre los de interés para la causa. El fiscal había dicho que: ”Teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la investigación, este Ministerio Público Fiscal no puede descartar la participación de Carla Vizzotti, Mauricio Monsalvo (subsecretario de Gestión Administrativa), Martín Horacio Sabignoso (secretario de Equidad en Salud) y Arnaldo Darío Medina (secretario de Calidad en Salud), por cuanto habrían tenido algún tipo de implicancia (directa o indirecta) en la distribución, control y manejo de aquellas vacunas contra el Covid-19 que debían asignarse y suministrarse” solo a ciertos personas: profesionales de la salud, mayores de 60 años y/o pacientes de riesgo y personal estratégico.

En noviembre, ante el pedido de cruce de llamados, la jueza Capuchetti le solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia (DAJUDECO) que realizara la tarea. Esa oficina, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, terminó su tarea el 30 de diciembre pasado. Y desde entonces los equipos de los fiscales Taiano y Rodríguez analizan la información. En su poder tienen los datos sobre la apertura y ubicación de antenas cuando se realizaron las llamadas. El listado de los interlocutores frecuentes y los comunes respecto de los teléfonos de los investigados.

Una vez analizada la información, los fiscales estarán en condiciones de reconstruir el esquema de contactos entre los que organizaron y los que se beneficiaron del Vacunatorio VIP.

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