Desde las primeras horas de la tarde de este miércoles, trabajadores del SOMU (Sindicato Obrero Marítimos Unidos) realizan un acampe frente a la embajada de Venezuela en Argentina. El reclamo obedece a que, tras casi tres años de conflicto por irregularidades en el pago de los sueldos, la empresa Fluvialba, controlada por PDVSA, decidió echar a 50 marinos sin justificación.
Fue a principios de 2018, cuando argumentando razones operativas, la naviera controlada mayoritariamente por el estado venezolano comenzó a resentir la relación laboral de parte de su personal, al abonar los salarios en cuotas, al punto tal que llegó a acumular más de un año de atraso en el cumplimiento del pago de los sueldos.
En ese contexto, el cocinero naval José Luis Bressan declaró a un medio radial: “El conflicto lleva aproximadamente 3 años. Comenzó a fines de 2018 y se agravó en 2019, ya que a a partir de enero de ese año empezamos a cobrar los sueldos espaciados, con atrasos de uno o dos meses. Después nos pagaban el 50%, después un 30% y después dejaron de pagarnos”.
El marino también detalló que la empresa dejó de pagar el alquiler de las oficinas que ocupa en la calle Reconquista, en la Ciudad de Buenos Aires, y hasta las facturas de servicios como electricidad, teléfono y gas.
Según detallaron a Infobae fuentes del SOMU, “fueron casi tres años de promesas y dilaciones que no han arrojado ningún resultado concreto”. “Asimismo desde el Ministerio de Trabajo no se han ejecutado todas las medidas con las que la cartera cuenta para obligar a los armadores a honrar sus compromisos laborales. Las autoridades diplomáticas de Venezuela tampoco han atendido nuestros reclamos”, agregaron.
En la actualidad, los gremios marítimos se encontraban en plena negociación con las autoridades de la firma para regularizar la situación, pero imprevistamente todos los empleados recibieron el telegrama de despido, lo que determinó que desde la conducción del SOMU y del centro de Patrones Fluviales se tomara la decisión de avanzar con un bloqueo frente a la sede de la delegación diplomática de Venezuela.
La medida se difundió en forma oficial mediante el siguiente comunicado:
“El sindicato de Obreros Marítimos unidos S.O.M.U., en conjunto con el Centro de Patrones en representación de nuestros trabajadores, abusivamente despedidos y ante la falta de salarios impagos hace mas 2 años. Con la empresa FLUVIALBA. Marcharemos el miércoles 16 de Febrero de 2022 al mediodía hacia el consulado Venezolano. Cortando ambas avenidas y de ser necesario acamparemos hasta tener la respuesta de las autoridades correspondiente. En virtud de los graves daños ocasionados a nuestros compañeros y sus familias. Convocamos a todos/as para acompañar dicha problemática”.
También desde el Sindicato de marineros se informó que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y la consecuente obligación para la Naviera controlada por el Estado venezolano de recontratar a los despedidos.
“Si bien la empresa los reincorporó en lo formal, sigue sin abonarles su salario así que la medida dispuesta por la cartera laboral es más bien simbólica”, sostienen los gremialistas al tiempo que reiteran que no se moverán de la sede diplomática hasta que se les brinde una solución concreta.
La Empresa Fluvialba
La naviera Fluvialba nació en 2010 como parte de una iniciativa del por entonces presidente venezolano Hugo Chávez, con la intención de monopolizar el transporte de combustibles en la región.
Su intención era extender su red de transportes hacia Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Para el logro de este cometido, PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) proyectó inyectar capital en empresas de la región comenzando por la naviera argentina Fluviomar, que es precisamente la compañía que contaba con mano de obra argentina y que en la práctica terminó siendo la única socia minoritaria del gigante petrolero venezolano .
Dentro de los planes originales estaba previsto que Fluviomar, con fondos girados por Chávez, construyera en el país barcazas y remolcadores fluviales, para lo cual se suscribieron diversas “actas de entendimiento” con los astilleros locales Tandanor y Río Santiago.
Los empresarios locales preveían la construcción de no menos de 50 barcazas fluviales, 6 buques tanque de 20.000 metros cúbicos y 10 remolcadores de alta potencia. capaces de navegar tanto en la Hidrovía Paraná-Paraguay como en el Río Orinoco, donde se encuentran buena parte de los yacimientos de petróleo y gas de Venezuela. “De todo ese ambicioso plan de construcciones solo se hicieron un puñado de barcazas y la empresa siguió operando con lo que ya tenía en su poder antes de la fusión”, indicaron fuentes del empresariado naviero consultadas por Infobae.
Asimismo, este medio pudo saber que en los últimos 5 años la empresa ha sido protagonista de diversos conflictos gremiales por atrasos en el pago de salarios o pagos en cuotas. “Cobramos en diciembre de 2021 los salarios de junio de 2020. Además la firma se llevó todos los barcos a Paraguay por los menores costos laborales e impositivos”, sostuvieron los marinos.
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