La vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá que ir “en queja” a la Cámara Federal de Casación Penal si busca que se revoque el fallo que en diciembre pasado estableció que la AFI macrista no había constituido una asociación ilícita desde la que se espió a políticos propios y ajenos, periodistas, jueces, gremialistas y presos.
Es que la Cámara Federal, por mayoría, resolvió el martes no conceder las apelaciones contra el fallo. Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que dieron el voto que selló el destino actual de la causa, rechazaron el planteo de la ex jefa de Estado, mientras que Eduardo Farah, que se inclinaba por confirmar el fallo dictado en Lomas de Zamora, se pronunció por habilitar esa instancia.
No solo Cristina Kirchner había presentado, en calidad de querellante, su apelación. También lo hicieron los ex agentes de la AFI que integraron el chat de los SuperMarioBross Jorge Horacio Sáez, y Facundo Melo y Leandro Araque y los querellantes Lázaro Báez, César Milani, Oscar Thomas, (Hugo y Pablo Moyano, Julio De Vido, el Colegio Público de Abogados de CABA -junto a Jorge Chueco y Rafael Resnick Brenner- , Adolfo Pérez Esquivel y Roberto C. García (en nombre de Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires) y la Unidad de Información Financiera.
Todos buscan cuestionar el fallo dictado el 21 de diciembre pasado, cuando la causa que investiga presuntas maniobras de espionaje ilegal realizadas por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri quedó herida de muerte. Fue cuando la Cámara Federal porteña, por mayoría, sostuvo que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política e hizo caer la acusación que indicaba que hubo espionaje en las cárceles federales. “Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, había dicho el fallo.
Puntualmente, el fallo dictó la falta de mérito para los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estaban acusados de asociación ilícita y espionaje ilegal. Y Majdalani fue procesada por incumplimiento de deberes de funcionario público. Es que bajo la órbita de Majdalani operaba Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI y referente del grupo de chat donde se instrumentaban los seguimientos. Ese grupo sí quedó involucrado los seguimientos y tareas que se reportaron. Allí se confirmaron procesamientos para Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Saez, junto a Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano, pero no por asociación ilícita sino por violar la ley de inteligencia.
Para el voto de la mayoría de la Cámara Federal, “existió un grupo que movido por intereses personales utilizó recursos sensibles del Estado con fines ilegales” y se determinó que la superior de ese grupo, Silvia Majdalani, incumplió su deber de controlar como manda la ley al grupo que dependía de ella de manera inmediata.
CFK criticó en sus redes sociales, por entender que a Comodoro Py había llegado Papa Noel. Y a inicios de febrero, no solo planteo que el fallo debía anularse sino que Bertuzzi y Llorens debían ser apartados del expediente. “¿Qué otra cosa más esperaban encontrar los magistrados (Bertuzzi y Llorens) para dar por probada una organización delictiva que se ha insertado dentro de las estructuras del Estado? -sostuvo la vicepresidenta-. ¿Qué otra autoridad, dentro de la AFI, podía coordinar lo que hacían estos espías, con la cobertura que simultáneamente se les daba desde el área de jurídicos?”, sostuvo.
El juez Farah rechazó la recusación de sus colegas. Al día siguiente el oficialismo de la comisión bicameral de inteligencia denunciaba ante el oficialismo del Consejo de la Magistratura a Llorens y Bertuzzi por su fallo y pedía su juicio político.
Ayer, Bertuzzi y Llorens rechazaron la apelación al fallo de diciembre. Se sostuvo que “se ha visto garantizado el derecho al recurso o al ‘doble conforme’, toda vez que en el presente legajo ha sido revisada y ratificada – aunque parcialmente- la vinculación al proceso dispuesta por el magistrado instructor”. Tampoco se verifica en “la especie que la invocación de la doctrina de la arbitrariedad”
Y se añadió que “dado que el efecto del pronunciamiento no es poner término al proceso, sino que, por el contrario, implica su continuación, aquéllas no reúnen los requisitos de carácter final y por ello deben reputarse ajenas a la enumeración antes referida”. Por último señalaron que “no se advierte la existencia de un perjuicio de imposible, deficiente o tardía reparación ulterior causado por la resolución impugnada que revista el carácter excepcional”.
“Estimamos que a pesar de las manifestaciones vertidas por los impugnantes en cuanto a una posible afectación a garantías constitucionales, no surge de sus fundamentos ningún agravio concreto que habilite la intervención del superior jerárquico. En definitiva, cabe concluir que los recursos impetrados no han superado el juicio de admisibilidad llevado a cabo, por lo cual votamos por su rechazo”, se añadió.
Farah, en cambio, señaló que “las impugnaciones cumplen las exigencias procesales de tiempo y de forma y que, más allá de las críticas vinculadas al acierto o error de lo definido, han expuesto de modo bastante cuáles son las normas sustantivas que se reputan erróneamente interpretadas y la inteligencia que se postula como acertada”.
En estas condiciones, las partes tienen cinco días para fundamentar por qué la Cámara Federal de Casación Penal debería tratar la cuestión, por vía de la queja.
El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, solicita que sea la Sala I de la Cámara de Casación, y no la Sala IV, la que analice la cuestión. Ya pidió, además, que sean apartados los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, de la Sala IV, porque allí fue donde se resolvió que el caso saliera de Lomas de Zamora y se radicara en los tribunales de Retiro.
La causa que nació en Lomas de Zamora tiene una significativa importancia para el kirchnerismo. Es que desde allí se logró demostrar por un lado la vigilancia sobre la entonces ex presidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria durante 2018.
Pero además la declaración de un narcotraficante ante el juez federal Federico Villena permitió desandar un ovillo que destapó la existencia de un grupo de Whatsapp llamado “Supermariobross” en donde espías compartían los seguimientos que le hacían dirigentes opositores al macrismo y también a integrantes de ese espacio como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, junto a periodistas y gremialistas. Un tercer capitulo se abrió el capítulo sobre las vigilancias a los llamados presos K. Hubo una veintena de detenciones que cuando salió de las manos de Villena se desactivaron y se llamo a indagatoria a unas 40 imputados.
Cuando la causa ya estaba por pasar a Comodoro Py por disposición de Casación, el juez Juan Pablo Augé dictó los procesamientos de Arribas y Majadalani y el resto de los acusados por asociación ilicita y espionaje ilegal. Dario Nieto, secretario de Mauricio Macri, recibió falta de mérito.
La Corte Suprema sorteará jueces para actuar como ministros del máximo tribunal y revisar las apelaciones de CFK sobre el pase del caso a Comodoro Py. Según reveló la propia vicepresidente, todos los jueces de la Corte se fueron excusando.
Seguir leyendo