Alberto Fernández volvió a elegir a Rodríguez Larreta como su principal adversario y busca debilitarlo

Todavía falta mucho camino por recorrer hasta las elecciones de 2023. Pero mientras se negocia con el Fondo Monetario Internacional la letra chica del acuerdo que permitirá renegociar los vencimientos de la deuda externa y que luego deberá pasar para su aprobación -o no- en el Congreso, el gobierno nacional se metió en una pelea con el de la ciudad de Buenos Aires por el recorte en los subsidios a los colectivos. Una caja de 14.600 millones de pesos se puso en juego y nuevamente Alberto Fernández eligió como contendiente a Horacio Rodríguez Larreta.

Saben desde el oficialismo que el jefe de Gobierno porteño se perfila como uno de los posibles candidatos de la oposición a la presidencia el año que viene. Es a quien buscarán debilitar en esa carrera desde Balcarce 50. Aunque en Juntos por el Cambio la interna de la coalición sumará nuevos capítulos, Rodríguez Larreta y su equipo hace tiempo que trabajan apostando a ese gran objetivo. Rápidamente todos en Uspallata se apuraron a responder ni bien conocieron las intenciones del recorte de los subsidios al transporte automotor. Hablaron de un “embate del Gobierno contra la Ciudad”, aunque ponderaron la invitación al diálogo como forma de resolver el tema.

En la Casa Rosada argumentan que la intención pasa solamente por brindarle mayor autonomía a CABA, tal como ocurrió con el manejo de la red de subterráneos o con la Policía Federal cuando quedó bajo la órbita porteña. Por eso lograron el apoyo de los gobernadores del Norte Grande, con dos miembros de la oposición como el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés refrendando la iniciativa. Morales dio un paso más con sus declaraciones públicas. “Pagan el boleto $18 y los jujeñitos pagamos $50. ¿Por qué esa injusticia? Levántenlo a $50. ¿Por qué los yutitos jujeños tenemos que pagar $50 y ellos un subsidio por $750 mil por unidad?”, cuestionó.

No resulta casual tampoco que desde el Gobierno primero se subiera al ring la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves. “Sería importante que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no defienda la autonomía solamente cuando se trata de los beneficios, sino que la defienda también cuando se trata de las responsabilidades”, expresó. Una postura que reforzó Alberto Fernández dos días más tarde: “Ser autónoma exige autofinanciarse, pero le cuesta mucho entender esto a la Ciudad. Tratamos de ponerle racionalidad a la economía. Todos tiene que entender que es un tema que hay que resolver y trabajarlo”.

Ahora la administración de Larreta sacó a relucir como su principal recurso defensivo que ya debió resignar una enorme masa de dinero cuando el 10 de septiembre de 2020 el Presidente dictó el decreto que le quitó 1,18 puntos de la coparticipación ante los reclamos inorgánicos de miembros de la policía bonaerense que se manifestaron en Olivos causándole un enorme dolor de cabeza al gobernador Axel Kicillof. Con esos 53 mil millones anuales que perdió, el Ejecutivo porteño tuvo que reacomodar su presupuesto, ya que sus ingresos se debilitaron alrededor de un 13%. La resolución permanece estancada en la Corte Suprema de Justicia después de los reclamos porteños.

También exhiben otros datos respecto de la coparticipación. En el gabinete porteño se defienden con un informe que aborda la cuestión y retoma viejos planteos: CABA aporta el 25% de la masa de dinero y recibe a cambio solamente el 1,4 por ciento. De esta forma se convierte en una de las cinco jurisdicciones que gira más dinero del que recibe. Las otras son las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, aunque en diferentes proporciones.

Poco queda de aquellas fotos en plena pandemia conversando en la residencia presidencial o de las conferencias conjuntas entre ambos y Kicillof donde anunciaban acciones concretas ante el avance del COVID-19 en la Argentina. Se fueron agregando eslabones que agrandaron las diferencias. Ahora la desconfianza es mutua.

Llevó un largo período concretar la transferencia de la red de subterráneos. Luego de la sanción de la ley 26.740 en marzo de 2012 hubo tironeos durante tres años. En esa oportunidad hubo acuerdo, pero ahora creen desde el entorno de Larreta que el Gobierno está dispuesto a avanzar de cualquier manera. Un decreto es una posibilidad latente. Que el ministro de Gobierno, Jorge Macri, haya dicho la semana pasada que están “preparando y evaluando herramientas judiciales” porque les pasó en otros temas de “ir con buena fe a una reunión” y encontrarse “con una decisión ya tomada y tener que correrla de atrás”. “Estamos analizando medidas legales preventivas”, sentenció. No parece nada casual.

Después de los subtes y de la Policía también existieron otros hechos que terminaron por deteriorar aún más la relación. El cierre de las escuelas que dispuso Alberto Fernández ante la segunda ola de coronavirus en abril de 2021 provocó un cimbronazo. Fue un round ganado por la Ciudad. La negativa de Larreta a suscribir el Consenso Fiscal junto a los otros 23 gobernadores aumentó el malestar, igual que su ausencia en la Rosada en la reunión del 5 de enero donde Martín Guzmán intentó explicar la estrategia sobre la renegociación de la deuda externa ante el FMI.

El jueves a las 15, en el ministerio de Transporte, se dará la primera reunión por los subsidios a 32 empresas de colectivos que son de exclusiva jurisdicción de la Capital Federal. No se tratará del primero ni del último round. Esta pelea promete más capítulos.

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