El fiscal federal Franco Picardi solicitó las llamadas y los registros de ingresos y egresos a la Casa de Gobierno, la quinta de Olivos y a la sede de la Agencia de Inteligencia (AFI) entre 2016 y 2017 para conocer los movimientos del ex asesor de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, actualmente prófugo de la justicia argentina y con un pedido de asilo político en Uruguay.
La medida forma parte de la investigación en la causa conocida como “mesa judicial” y avanza sobre las presiones que denunció la ex jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó, quien renunció a su cargo a fines de 2017 tras haber sido procesada por la irregularidades en la compra de una casona para la Procuración.
Según el dictamen de 19 páginas al que accedió Infobae, Picardi -que tiene delegada la investigación por la jueza María Eugenia Capuchetti- solicitó producir una serie de medidas de prueba que entiende “imprescindibles” para determinar los hechos y las acusaciones.
En la causa se investiga “las maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el marco de la gestión de gobierno que presidió el ingeniero Mauricio Macri, a través de un núcleo de decisión política denominado ‘Mesa Judicial’, integrado por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y personas físicas allegadas” y que “habrían estado destinadas a interferir indebidamente en la actuación funcional de ciertos magistrados y magistradas”.
Picardi pidió avanzar sobre el caso de Gils Carbó: repasó los términos de la denuncia penal que se radicó el 3 de diciembre de 2019, cuando estaba finalizando el gobierno de Macri, en donde se repasaban las declaraciones publicas de distintos funcionarios para que se fuera de la Procuración. A eso se la adjuntó la declaración que la propia ex funcionaria prestó en la causa: “Yo fui presionada por el gobierno de Mauricio Macri, diría perseguida durante años, para obtener mi renuncia, desde antes que asuma como Presidente”. Y se acompañaron los dichos del entonces fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia, familiar político de “Pepín”, que relató un diálogo que dijo haber tenido con el ex asesor presidencial para pedirle que frenaran las embestida contra la procuradora.
“Dado el panorama probatorio del caso presentado hasta aquí, en relación a la Dra. Alejandra Gils Carbó, y en orden a profundizar adecuadamente el conocimiento de aquellos hechos atinentes a la maniobra que se habría desplegado en su contra, habré de requerir a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, por oficio, que se informen todos aquellos ingresos y salidas a ambas sedes de gobierno -Casa de Gobierno o Casa Rosada y Quinta Presidencial de Olivos- de Fabián Rodríguez Simón (alias “Pepín”), correspondientes al período comprendido entre los años 2016 y 2017″, dijo Picardi. También pidió duración de las audiencias y quién lo acompañaba.
“Por otra parte, en línea con lo expuesto hasta aquí, y teniendo en cuenta las búsquedas promovidas, sin justificación, por una ex integrante de la Agencia Federal de Inteligencia, se impone consultar a dicho organismo todos aquellos ingresos y salidas registrados de Fabián Rodríguez Simón, entre los años 2016 y 2017, con idénticas aclaraciones. Asimismo, se deberá informar todos los ingresos y salidas al organismo los días que registre ingreso Fabián Rodríguez Simón, correspondientes al mencionado período 2016 y 2017″, se añadió.
Además de estos registros, el fiscal señaló que “se advierte necesario que la Sra. jueza le ordene a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (D.A.Ju.De.C.O.)” que “por intermedio de las compañías prestatarias de servicio de telefonía -tanto de celular como de teléfonos de línea-, se establezcan todos aquellos abonados telefónicos que haya registrado Fabián Rodríguez Simón (alias “Pepín”) a su nombre, desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019″.
Y luego de eso entendió que debían detallarse “el registro digital de llamadas y mensajes de textos entrantes y salientes con activación de celdas, en el periodo comprendido a los 10 días anteriores y posteriores” a una serie eventos que detalló. Allí figura las fechas de pedidos juicio político, los ingresos en NOSIS por parte de un ex agente de la AFI para obtener datos de al procuradora y su hija, la publicación del teléfono de la joven en un diario, un fallo que dictó la inconstitucionalidad sobre cómo remover al Procurador, la reunión de De Vedia y la fecha de renuncia de Gils Carbó, el 30 de octubre de 2017.
Puntualmente, Picardi solicitó que “se realice un entrecruzamiento tendiente a establecer los números telefónicos que establecieron comunicación, con mayor frecuencia, con Rodríguez Simón. Respecto de estos, deberá establecerse la titularidad de las líneas resultantes. También, será necesario que se precisen aquellos registros de números encriptados con los que se pudo haber establecido contacto”.
Por un lado, Picardi buscó determinar fechas puntuales para que no pasara lo mismo que ya le sucedió con medidas anteriores cuando pidió que esos hechos se investigaran durante toda la gestión macrista. Eso había sido cuestionado por la Cámara Federal y le había solicitado hechos puntuales. Además, solicitó a la jueza que le pida a la Dajudeco esta diligencia, sobre todo después de la polémica que se armó con un pedido suyo a esa dependencia de la Corte Suprema, y que fue leído como un “ciberpatrullaje” que violaba la libertad de expresión.
Ese informe fue excluido por Capuchetti del caso, pero Picardi apeló a la Cámara Federal. En un dictamen el fiscal general interino José Agüero Iturbe sostuvo la apelación fiscal y reclamó validar el informe cuestionado. “El estudio que se ha planteado en derredor de manifestaciones vertidas por medios públicos, pero destinadas a magistrados y magistradas en particular, merced a sus contenidos, no violenta la libertad de expresión”, sostuvo el dictamen al que accedió Infobae.
“El objeto procesal de autos nos informa que no nos encontramos rastreando meras opiniones injuriantes, sino un contexto de amenazas y/o presiones narradas por las víctimas. Esto último me deriva en la cita invocada en el segundo párrafo; de donde se advierte la ausencia de comprensión sobre el carácter de las presuntas víctimas de este caso. En efecto, del expediente surge que la categoría mencionada se encuentra conformada por magistrados y ex magistrados del Poder Judicial de la Nación. Y si de su labor se trata no dudaría en compartir con el precedente de la Corte Interamericana invocado; más como quedó narrado no es éste el caso, sino de un accionar complejo orquestado en principio por quienes revistieran durante el período pesquisado el carácter de funcionarios públicos”, añadió el fiscal.
Y aseguró que “no existió una extralimitación en las funciones propias de este MPF que dirige la investigación, ni se incurrió en avasallamiento alguno a los derechos y garantías constitucionales en juego”. La decisión esta en manos de la Sala I de la Cámara Federal.
La DAJUDECO ya investigó los llamados de “Pepín” en otra causa: la que investiga la jueza María Romilda Servini y por la cual Rodríguez Simón fue declarado prófugo. Allí se investiga la denuncia del empresario Fabián de Sousa contra Mauricio Macri por asociación ilícita, al acusarlo de haberlo metido preso para desapoderarlo de sus empresas. Según la denuncia, allí “Pepín” habría tenido un rol central.
Servini ordenó la indagatoria del ex asesor de Macri tras recibir el reporte de llamadas que hizo la DAJUDECO. Sin embargo, Rodríguez Simón nunca se presentó a la indagatoria (fijada para mayo del 2021) y anunció que no volvería de Uruguay donde había pedido ser tratado como un refugiado político. En agosto la Comisión de Refugiados (CORE) de ese país rechazó su condición de refugiado, pero el trámite está judicializado y no hay certezas de cuánto puede demorarse. Hasta tanto, Rodríguez Simón no puede ser detenido ni extraditado.
Seguir leyendo