El oficialismo que integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación (C.B.I.) pidió hoy en el Consejo de la Magistratura el juicio político de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes a fines de diciembre resolvieron que la AFI macrista no había conformado una “asociación ilícita” para el espionaje a políticos, periodistas, sindicalistas y presos.
La presentación, que había sido decidida y anunciada el martes en el Congreso, se formalizó hoy en la sede del Consejo de la Magistratura, cuando los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, junto al senador Oscar Parrilli, se reunieron con el presidente del organismo, Diego Molea, para entregar la denuncia por mal desempeño contra los dos integrantes de la Sala I de la Cámara Federal.
“Solicitamos se decida la apertura del procedimiento de su remoción, de conformidad con lo normado en los artículos 114, 115 y 53 de la Constitución Nacional. Son ustedes, como miembros del Consejo de la Magistratura los que tienen el deber de hacer cesar el estado de deterioro y degradación del Poder Judicial de la Nación y restablecer el adecuado servicio de administración de justicia”, dice el escrito al que accedió Infobae.
blockquote class="twitter-tweet">Ya estamos en el Consejo de la Magistratura junto con la Comisión Bicameral de Inteligencia para presentar el juicio político a los jueces Llorens y Bertuzzi por el fallo del cuentapropismo.
— Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) February 10, 2022
La denuncia alude no solo a la causa del espionaje macrista que nació en Lomas de Zamora sino también a la causa por la denominada “mesa judicial”. Allí se repasaron las conclusiones que elaboró el CBI sobre un “plan sistemático” de espionaje que funcionó en el gobierno de Mauricio Macri que “consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos argentinos por el sólo hecho de su pertenencia política”.
Se mencionó además que se incluyó “como una herramienta al servicio del ‘lawfare’, o traducido al castellano, la guerra judicial contra la política y los movimientos populares” y la intensión desde el Ejecutivo y la AFI a ‘disciplinar’ el funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público a través de presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite”.
La denuncia de los diputados y senadores oficialistas recogió además las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner en una presentación hecha la semana pasada en la causa del espionaje, revelada por Infobae. Allí el abogado de CFK, Carlos Beraldi, recusó a Bertuzzi y Llorens, apuntó contra dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal -Mariano Borinsky y Javier Carbajo- por haber radicado el expediente en Comodoro Py y disparó contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia por no haber intervenido.
Y por lo demás, “el propio contenido del fallo aquí recurrido, anticipado por la prensa, por sí mismo corrobora los temores de parcialidad fundadamente invocados por las querellas respecto de los jueces Llorens y Bertuzzi.”.
Pero también mencionaron la presentación que, vía el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuestionó a Bertuzzi y Llorens porque “tanto atenta contra la independencia de los Magistrados la intromisión de los otros poderes como la actitud de quienes, ostentando cargos relevantes en el Poder Judicial, ‘visitan’ a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional sin ser los que tienen como función reunirse con este; y menos aun cuando luego de facilitar su servicio telefónico lo que habla de una relación de confianza, no se excusan cuando deben decidir en un proceso donde están vinculados como indagados y procesados muy allegados a este”.
El escrito alude al traslado de Bertuzzi a la Cámara Federal durante el macrismo y a que en el teléfono del hoy legislador porteño Darío Nieto, “uno de los sospechados en las presentes actuaciones, precisamente el Secretario Privado del ex Primer Mandatario de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri, figura el teléfono del doctor Pablo Bertuzzi, integrante de esta Cámara” y el juez no se apartó “voluntariamente”. Sobre Llorens, se mencionó que “es otro de los tantos magistrados que registró ingresos a la Quinta de Olivos durante la presidencia del Ing. Mauricio Macri” y que su primo Rafael Llorens, un ex funcionario de Planificación que estuvo preso en la causa cuadernos, es “parte querellante en las presentes actuaciones, por resultar víctima de los hechos investigados en autos”.
Según el escrito de los legisladores, “ambos jueces se interesaron así en mantener una intervención que la legalidad les impedía, eludiendo los reclamos de las víctimas y procurando garantizar la impunidad de aquellos integrantes de la ‘Mesa Judicial’ a los que se vincula”, se afirmó.
“A la luz de estos antecedentes y de las abrumadoras evidencias reunidas en la investigación llevada a cabo por el juzgado federal de Lomas de Zamora, resulta inaudita la resolución de la Cámara Federal que revocó el procesamiento del ex director general de la AFI Gustavo Arribas y de otros altos funcionarios de la agencia. La lectura de la resolución de los jueces Llorens y Bertuzzi lleva a la convicción de que estamos ante una resolución arbitraria, dictada por razones ajenas a las jurídicas”, argumentaron los denunciantes.
“Esto es lo que estamos denunciando. Pues el contenido de su resolución írrita según ya la han cuestionado en el trámite numerosas víctimas, se enmarca en el mal desempeño que han evidenciado a lo largo del trámite, según se lo reseñara, interesándose en mantener una intervención que la legalidad les impedía, eludiendo los reclamos de las víctimas y procurando garantizar la impunidad de aquellos a los que se vincula”, se aseguró.
Mientras esta presentación se radicó en el Consejo de la Magistratura, Cristina Kirchner, en su rol de querellante en este expediente, espera que prospere la recusación planteada contra Llorens y Bertuzzi, se anule el fallo que dictaron oportunamente y se devuelva la competencia de la causa al juzgado federal de Lomas de Zamora. También planteó que el caso sea analizado por la Sala I de Casación y no la Sala IV que es la que actualmente interviene.
El planteo de recusación de Bertuzzi y Llorens debe ser analizado por el juez Eduardo Farah, quien en minoría votó por confirmar los procesamientos dictados en Lomas de Zamora. Sin embargo, Farah también fue recusado por el ex titular de la AFI Gustavo Arribas.
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