Julio César Urien es presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) y uno de los portavoces de las movilizaciones que todos los años se realizan al Lago Escondido, el espejo de agua de Río Negro que limita con una estancia del empresario británico Joe Lewis. La protesta desencadenó incidentes entre los lugareños y los manifestantes, quienes denunciaron “hostigamiento” por parte de un grupo de personas que custodian la zona.
En un video que circula por las redes sociales, Urien defendió la incursión al Lago Escondido y pidió a las autoridades que garanticen la seguridad de sus “compañeros” que participan de la marcha, entre ellos, dirigentes de la CTA, ATE y otras organizaciones gremiales y políticas entre las que se incluyen el médico asesor de Axel Kicillof, Jorge Rachid y Facundo Montesino Odarda, legislador del Frente de Todos e hijo de Magdalena Odarda, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Desde hace años que el titular de FIPCA protagoniza estas protestas y recorridas en el controversial camino de alta montaña como forma de “defensa de la soberanía nacional”. Antes de que se involucrara en esta iniciativa, Urien, de 72 años, era conocido públicamente por su historia política singular: se sublevó en 1972 en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) contra el gobierno de facto de Alejandro Lanusse para promover la vuelta de Perón al país desde el exilio. De militancia en Montoneros, fue uno de los militares que se rechazaron integrar el terrorismo de Estado en los años setenta.
Urien proviene de una familia castrense e ingresó de joven como marino entre 1968 y 1971. En su paso por la Armada fue parte de la Promoción 100, la misma que integró su entonces amigo Alfredo Astiz, el jerarca de la ESMA condenado a prisión perpetua por cometer delitos de lesa humanidad en ese centro clandestino de detención.
En una extensa nota y reconstrucción de esa época que brindó a Infobae, Urien recibió entrenamiento anti subversivo en las fuerzas armadas. Iba a constituir uno de los grupos de tareas ilegales, pero se rebeló. Según cuenta, desde un comienzo ya tenía simpatías por las ideas de izquierda y figuras revolucionarias como Ernesto Guevara y el líder comunista chino Mao Tse Tung.
“Lo que hicieron en 1976, la Marina lo empieza a implementar en el 72 con nuestro grupo. Entonces, nos reunimos, hablo con todos los cabos y decidimos que no íbamos a formar parte de eso. Lo que nos planteamos fue sublevar la Escuela de Mecánica de la Armada. Pero nos detecta el Servicio de Inteligencia y nos desarman a todos. Es en ese momento, entonces, decidimos sublevarnos para demostrar que había otros militares y nos sumamos a esa resistencia de cientos de miles de jóvenes que venían luchando contra la dictadura”, contó el teniente de Fragata retirado en una actividad oficial de 2019.
A raíz de ese acto de rebeldía, Urien terminó preso hasta que los militares dejaron el poder y luego de la amnistía dictada por Héctor Cámpora. Pero volvió a ser detenido. En cárcel permaneció ocho años hasta 1983, en la recuperación democrática.
Urien fue homenajeado en 2006 junto a otros militares por el entonces presidente Néstor Kirchner en el Salón Blanco, a raíz del levantamiento de la ESMA. Eran cuatro ex guardiamarinas que fueron restituidos en la fuerza en calidad de tenientes retirados de la Armada. Ese ascenso lo recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Varios de esos militares que participaron de la sublevación de la ESMA se incorporaron a la “militancia civil”. Otros están desaparecidos, entre ellos el guardamarina Mario Galli –que estuvo secuestrado en la ESMA con su mujer y su madre– y el cabo segundo Juan Domingo Tejerino. Urien, en tanto, tuvo un paso por la función pública como presidente del Astillero Río Santiago. Estuvo bajo su gestión el mantenimiento de “media vida” de la Fragata Libertad, hasta que renunció en 2008 por diferencias con la gestión del gobernador Daniel Scioli.
En el último tiempo, el teniente retirado se mantuvo afín al kirchnerismo. En 2016 firmó, junto a Luis D’Elía y Gabriel Mariotto, un apoyo al entonces vicepresidente Amado Boudou condenado por apropiarse por la imprenta de billetes Ciccone.
En los hechos recientes denunciados en Lago Escondido, Urien denunció que los militantes que transitaban por el camino hacia el Lago Escondido habían sido interceptados y “rodeados por cincuenta civiles armados, a caballo, con ponchos” que los “amenazaron para que regresen”.
Durante el domingo por la noche, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confirmó haber recibido “denuncias de personas que se encuentran en este momento en el camino de montaña Tacuifí rumbo al Lago Escondido, en tierras de Joe Lewis” que fueron interceptadas por “mas de 40 personas de civil” que “llegaron al lugar con armas de fuego para amenazar y que no continúen la travesía”. Los activistas presentaron un hábeas corpus para garantizar la integridad de las personas que marchan; sin embargo, fue rechazado por el juez civil de Bariloche, Mariano Castro.
El conflicto social y judicial por el acceso al Lago Escondido se remonta desde hace casi 20 años. Los manifestantes reclaman que se cumpla una sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, del año 2009, que ordena a la provincia la apertura del sendero público de Tacuifí para ingresar al espejo de agua. El propietario Joe Lewis, en cambio, afirma ya se cedió al Estado de forma gratuita el terreno que permitió el acceso a un sendero enteramente público y que ese ingreso está constituido por “el camino del Manso”.
El Gobierno defendió los motivos de la marcha. Según la titular del INAI, Madgalena Odarda, el propietario británico y quienes lo respaldan “no pueden obligar a nadie a caminar durante cuatro días o alquilar baqueanos y caballos para llegar al otro extremo del lago” y anticipó que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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