Juntos por el Cambio logró el consenso necesario para avanzar en una propuesta de proyecto de ley para la conformación del Consejo de la Magistratura luego de varios días de conversaciones. Así, y a través de un comunicado oficial en el que cuestiona al kirchnerismo, los principales dirigentes de la coalición opositora plantearon que la presidencia del organismo quede en manos del “presidente de la Corte Suprema”, algo que -señalan- “facilitará su integración dentro del ámbito del Poder Judicial”.
En este sentido, desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio señalaron que “es necesario respetar cabalmente la opinión de nuestro máximo tribunal en punto al equilibrio que debe existir entre los diferentes estamentos”.
Hoy, la presidencia del Consejo de la Magistratura está en manos de Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y hombre que supo tener buenos vínculos con el Frente Renovador y el PRO pero que accedió a ese cargo de la mano de La Cámpora.
El fallo del Máximo Tribunal declaró inconstitucional la actual integración de 13 miembros y dispuso que mientras no haya una nueva ley que respete los equilibrios internos se vuelva a la organización inicial de 20 representantes, encabezados por el presidente del máximo tribunal.
El oficialismo tiene plazo hasta el 16 de abril para lograr aprobar una nueva norma. Sin embargo, la posición de Juntos por el Cambio parece obturar esa posibilidad.
La iniciativa de Juntos por el Cambio, además de ser un guiño para el Máximo Tribunal, apunta directamente al corazón del proyecto que envió la Casa Rosada para que sea tratado en sesiones extraordinarias ya que el texto de la ley del oficialismo establece que la presidencia del Consejo sea elegida por los miembros del mismo organismo.
Esta diferencia también lo que marca es que, en una primera etapa, parecería ser muy complicado que alguno de los dos proyectos avance antes del 16 de abril, fecha que estableció la Corte para que quede firme el fallo que establece la inconstitucionalidad de la conformación actual, ya que ninguno de los dos grupos mayoritarios cuentan con el número de legisladores necesarios para conseguir el quórum y aprobarlo.
Respecto a la suma de los siete representantes que le faltaría para llegar a 20, desde la oposición señalan que se debe asegurar la representación “igualitaria en materia de género y la representación federal de los estamentos. Cada estamento debería ser elegido directamente por quienes van a ser representados y, en cuanto a los legisladores, se podría contemplar la opción de designar juristas que cumplan los requisitos pertinentes”.
Un dato no menor es que también pide que se aplique la “prohibición de reelección, dejando pasar un período” porque promueve la alternancia.
Asimismo, en lo que se refiere a la selección de magistrados -uno de los ejes principales de la razón de ser del Consejo además de sancionarlos- pide “encontrar caminos que transparenten” el régimen de concursos y que sean “más expeditos y más eficientes”.
Respecto de la idea de ser más ágiles, desde JxC también se quejan de los plazos que tiene la entidad para investigar y sancionar, en el caso que se compruebe necesario- a los magistrados. “Con relación a las facultades disciplinarias, no es admisible la existencia de investigaciones abiertas por largo tiempo sin definición, pues ello afecta sin dudas a la independencia del magistrado investigado. Se postula que se fije un plazo razonable para concluir la investigación, y la suspensión automática del juez que tenga un procesamiento firme en doble instancia”.
El comunicado culmina en el mismo tono que como empieza, acusando al kirchnerismo de querer “violar” la división de poderes y de querer apropiarse del Poder Judicial. “No hay República ni estado de derecho sin una justicia independiente. El gobierno nacional ha menoscabado esa independencia atacando insistentemente a los tribunales que no deciden de acuerdo sus deseos, especialmente en las causas de corrupción”.
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