El próximo martes el presidente Alberto Fernández estará de regreso en Argentina, luego de concretar una gira por Rusia, China y Barbados. El miércoles retomará la agenda en la Casa Rosada y pondrá el énfasis de la gestión en definir una estrategia para lograr el respaldo del acuerdo con el FMI en el Congreso.
La tarea ya era compleja en la antesala del acuerdo que se selló con el Fondo, pero se volvió aún más difícil después de que Máximo Kirchner renunció a la presidencia de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, y aseguró que estaba en desacuerdo con la negociación que había llevado adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Desde ese entonces, el Presidente se vio obligado a contar los votos para poder lograr que las dos cámaras del Congreso voten la ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que en lo formal es el respaldo parlamentario al programa económico que el gobierno argentino acordó con el FMI en la renegociación de la deuda de 44 mil millones de dólares.
El Jefe de Estado considera necesario que esa ley sea aprobada antes del 22 de marzo, día en que se vence una nueva cuota del pago que el Gobierno debe realizarle al FMI por la deuda contraída. Serán cerca de 2.870 millones de dólares que tendrá que desembolsar el Tesoro para cumplir con el desembolso programado.
En lo que respecta al acuerdo con el Fondo hay dos andariveles claves. Por un lado debe cerrarse la redacción del memorándum de entendimiento entre los equipos técnicos del ministerio de Economía y el FMI. Es decir, el detalle exhaustivo del programa acordado que deben aprobar el Congreso en Argentina y el directorio del Fondo en Estados Unidos.
En paralelo, en el campo político, la Casa Rosada tratará de avanzar, con Sergio Massa como nexo en el Congreso, con la estrategia para obtener los votos necesarios y lograr el respaldo parlamentario. La primera negociación es puertas adentro del Frente de Todos. Especialmente, con La Cámpora.
En Balcarce 50 no cuentan con seguridad los votos de los 14 legisladores, más Máximo Kirchner, de la agrupación ultrakirchnerista en la Cámara baja, ni los de los legisladores cristinistas, como es el caso de Oscar Parrilli en el Senado. Es decir, hay un gran signo de interrogación sobre el accionar del kirchnerismo más duro y la agrupación que lidera el hijo de Cristina Kirchner.
Las tratativas que se hacen desde la Casa Rosada están apuntadas a llegar a un consenso con La Cámpora para que no entorpezcan el respaldo al acuerdo. Desde la agrupación le dijeron a Infobae que no hay una estrategia totalmente definida y que podría existir una suerte de “libre albedrio” en el que cada uno de los legisladores decida si respaldar o no el acuerdo.
La opción parece extraña teniendo en cuenta que la agrupación es ultra verticalista y orgánica. ¿Por qué los legisladores camporistas votarían en disonancia con Máximo Kirchner un tema central para la postura ideológica del espacio? Esa duda existe en todo el oficialismo, no solo en el Gobierno.
Los ministros albertistas como Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis están abocados a bajar los niveles de tensión en la coalición después de la crisis desatada por Kirchner, y negociar un camino de acuerdo que termine dándole tranquilidad al Presidente.
Lo hacen con la incertidumbre que genera el silencio de Cristina Kirchner sobre el acuerdo alcanzado con el FMI, la renuncia de su hijo y el conflicto interno que se desató. No sería la primera vez que los acuerdos de paz exploten en mil pedazos por un movimiento político K. Por eso la tensión subsiste en las entrañas peronistas.
El mejor ejemplo para graficarlo es el acuerdo de paz al que habían llegado albertistas y camporistas 24 horas después de que los ministros del kirchnerismo le presentaran la renuncia a Fernández, luego de la derrota electoral en las PASO. Ese acercamiento se destruyó por la recordada carta de Cristina Kirchner, que derivó en la renovación del gabinete.
Lo que aparece en la agenda de gobierno es tratar de acordar una tregua con La Cámpora para sacar la ley. En el Gobierno tienen muy en claro que de aquí en adelante la convivencia con el kirchnerismo será conflictiva. Quizás el día a día termine siendo una negociación constante, en donde la tensión florezca intermitentemente y se negocien pactos concretos para temas centrales de la gestión.
Una segunda parte de la estrategia parlamentaria tiene que ver con conocer los movimientos que hará la oposición. Si los votos camporistas no están en el conteo final, tendrán que acudir a las manos de Juntos por el Cambio.
En el oficialismo subsiste una mirada positiva sobre el conflicto interno y creen que, al final del camino, la gran mayoría del bloque -tanto en Diputados como en el Senado, respaldará el acuerdo. Pero son solo proyecciones.
En lo que respecta a la oposición, la mayoría de Juntos por el Cambio está dispuesta a acompañar la aprobación de la ley. Solo el sector más duro, donde están parados el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO Nacional, Patricia Bullrich, propone abstenerse frente a las incongruencias que tiene el oficialismo.
Esa posición no será mayoritaria y, tarde o temprano, naufragará. O, al menos, es lo que dejan entrever desde Juntos por el Cambio en las últimas horas. “La Coalición Cívica y la UCR están para apoyar”, revelaron a este medio fuentes del armado opositor. Las diferencias sobre la estrategia subsisten en el PRO.
Lo que aún debe definir la oposición es cómo presenta el acompañamiento al Gobierno de cara a la sociedad. El discurso, el relato. Lo que tienen en claro es que a nadie le conviene que Argentina entre en un default. Ni al oficialismo, ni a la oposición, ni a los empresarios, ni a los sindicalistas, ni al círculo rojo. Nadie sale beneficiado.
Frente a ese escenario, el problema dejaría de ser la votación en la Cámara baja y pasaría a ser la discusión en el Senado, donde Cristina Kirchner tiene su base de poder. Allí empieza otro capítulo de la historia. La Casa Rosada no solo tiene delegados en la Cámara alta que ya están negociando caminos para unificar los votos oficialistas, sino que trabaja el diálogo con los gobernadores.
Los mandatarios provinciales jugarán un rol clave en el Senado. No solo los peronistas, sino también los radicales y los de partidos provinciales. Las trabas que el camporismo y el kirchnerismo duro puedan poner, desde la Casa de Gobierno piensan intentar saltearlas buscando acuerdos con los gobernadores. No será una tarea fácil.
Fernández volverá a pedir la aprobación de la ley durante sus intervenciones públicas en los próximos días. También lo hará el 1 de marzo cuando de inicio a las sesiones ordinarias del Congreso. Tres semanas después espera tener el acuerdo con el FMI aprobado. Aún falta recorrer un largo y espinoso camino. La negociación más difícil parece estar adentro del mismo Gobierno.
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