Tras las críticas de Cristina Kirchner, la Corte Suprema ordenó sortear jueces para intervenir en la causa del espionaje macrista

Fue una apelación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, después de la marcha contra la Corte Suprema, la que dejó expuesto que los miembros del máximo tribunal se habían excusado de intervenir en la causa que nació en Lomas de Zamora y que investiga el espionaje durante el macrismo a políticos, periodistas, gremialistas, jueces y presos, tal como reveló el miércoles Infobae. Tras la presentación de la querella de la ex jefa de Estado, la Corte Suprema primero respondió un “téngase presente” y hoy ordenó sortear qué jueces actuaran como momentáneos ministros de esa instancia para analizar esta cuestión. El sorteo se hará entre los presidentes de las Cámara Federales de todo el país, según el mecanismo previsto.

“Que frente a las excusaciones formuladas por todos los miembros de esta Corte en el marco de los recursos de referencia, corresponde decidir la integración del Tribunal a los jueces excusados (cfr. causa CSJ 1737/2005 (41-R)/CS1 “Río Negro, Provincia de c/ AFIP s/ acción declarativa de inconstitucionalidad (impuesto a las ganancias)”, resuelta el 21 de noviembre de 2019). Que con ese propósito debe realizarse el sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelaciones en lo federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las cámaras federales con asiento en las provincias (art. 22 del decreto-ley 1285/58 texto según art. 1° de la ley 23.498). Por ello, se resuelve: ordenar que se proceda por Secretaría a la integración del Tribunal en los términos indicados, a cuyo efecto deberá fijarse la audiencia pertinente”, dice la resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El mecanismo de sorteos de jueces no es nuevo. Pero en este caso serán todos los integrantes de la Corte Suprema los que sean reemplazados. La posibilidad de llamar a abogados conjueces no debería por qué configurarse en este caso. Eso sucedería solo si todos los jueces convocados se excusaran (como podría suceder en un caso de impuestos a jueces).

Aunque la disposición señala que del sorteo participará la Cámara Federal de Comodoro Py, su presidente podría quedar en este expediente afuera si es que sale sorteado. Es que el cargo lo ocupa el juez Mariano Llorens, uno de los magistrados que ya intervino en la causa y, según dicen en tribunales, no podría revisar como juez de la Corte decisiones que pudieron haber pasado por sus manos. De hacerlo, además, quedaría a tiro de nuevos cuestionamientos de la vicepresidenta, que ya esta semana volvió a recusarlo junto a su colega Pablo Bertuzzi por presunta falta de imparcialidad e independencia.

Por lo pronto, en estas horas, tanto Llorens como Bertuzzi rechazaron los planteos de apartamiento de Cristina Kirchner. “El planteo resulta extemporáneo”, pero además “rechazaremos la recusación intentada” porque “resultan ser una reedición de los planteos que formularan con anterioridad otras partes querellantes, que fueran rechazados en la instancia correspondiente y posteriormente desestimados por el Superior”, dijeron en el escrito al que accedió Infobae. “Por otro lado, se advierte que las restantes manifestaciones que sustentan el planteo recusatorio persiguen la utilización de la herramienta procesal analizada como forma de expresión de la disconformidad que la parte mantiene con lo decidido por los suscriptos en el marco propio de nuestra actividad jurisdiccional y como consecuencia del ejercicio de nuestras atribuciones específicas en la ocasión en que fuimos llamados a resolver, circunstancia que no puede constituir una causal válida para separarnos del proceso”, agregaron.

Será ahora el juez Eduardo Farah, el integrante de la Cámara Federal porteña que votó por confirmar los procesamientos dictados en Lomas de Zamora, el que deba resolver si se acepta la recusación contra sus compañeros que dieron el voto mayoritario. Una vez definido eso, la Sala II tendrá que resolver a qué apelaciones le da trámite para que el caso llegue ser revisado por la Cámara de Casación Penal. Allí, lo que está en debate es si se confirma el fallo que determinó que la AFI macrista no constituyó una asociación ilícita.

Precisamente, la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó esa resolución y quiere que se revoque en el primer piso de Comodoro Py . Además pidió que sea la Sala I de Casación la que lo trate y no la Sala IV.

Si quedase en Sala IV, como ya se resolvió, reclamó que los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo sean apartados del proceso. Son los jueces que resolvieron que el caso pasara a los tribunales de Retiro. Precisamente ese es el cuestionamiento que deberá analizar la Corte Suprema.

El escrito del abogado Carlos Beraldi, representante legal de la vicepresidenta, que adelantó esta semana Infobae, dejó expuesto que actualmente no hay jueces de la Corte Suprema que estén en condiciones de intervenir en la causa.

Según precisó, de acuerdo lo que exhibe la consulta de la causa, el 18 de noviembre el ministro Juan Carlos Maqueda decidió apartarse de las actuaciones manifestando: “Por motivos graves de delicadeza y decoro, me excuso de intervenir en el presente asunto”. El 10 de diciembre, en tanto, “el ministro Carlos Rosenkrantz también se apartó de la causa, alegando ahora que podría encontrarse ‘entre los posibles damnificados por los hechos investigados’” De hecho hay menciones a supuestos seguimientos al juez de la Corte en el grupo de los SuperMarioBross. El 28 de diciembre, en tanto, “los Ministros Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti decidieron apartarse de la causa, invocando a tal fin, al igual que el Dr. Maqueda, ‘motivos graves de delicadeza y decoro’.

“Vale destacar que en ningún momento se precisó cuáles serían los ‘motivos graves de delicadeza y decoro’ que justificaron las tres excusaciones antes citadas, pese a que se trata de un caso de gravedad institucional que ha tenido una gran trascendencia pública -dijo el abogado de Cristina Kirchner-. En consecuencia, actualmente, el Máximo Tribunal del país no cuenta con ningún magistrado para resolver los recursos deducidos en la causa, en los cuales, reitero, se denunció hace ya casi un año un caso de gravedad extrema para el normal funcionamiento de las instituciones de la República Argentina”.

Lo que la querella de CFK quiere es que la Corte Suprema revoque la decisión tomada por la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió que el megaexpediente que salpicó a la conducción de la AFI macrista pasara del juzgado federal de Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py. De hecho, Beraldi planteó en aquel momento al máximo tribunal penal que se suspendiera esa resolución hasta que la Corte interviniera. Pero Casación dispuso que esa mudanza se concretara en abril pasado.

En el interín de la discusión, el juez Juan Pablo Auge dictó los procesamientos de los ex jefes de la central de espías Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, varios de sus espías -la mayoría de ellos agrupados en el chat del SuperMarioBross-, y la conducción del Servicio Penitenciario Federal por entender que funcionó una asociación ilícita de espionaje ilegal.

La Cámara Federal porteña sostuvo a fines de diciembre que no existió una asociación ilícita para hacer vigilancia política. También hizo caer la acusación que indicaba que hubo espionaje en las cárceles federales. “Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”, sostuvo aquel fallo.

En ese marco, resolvieron en un voto conjunto revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito para los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que estaban acusados de asociación ilícita y espionaje ilegal. A la par, Majdalani fue procesada por incumplimiento de deberes de funcionario público, que castiga con penas de hasta dos años al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Bajo la órbita de Majdalani operaba Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI y referente del grupo de chat donde se instrumentaban los seguimientos. Ese grupo sí quedó involucrado a los seguimientos y tareas que se reportaron. Allí se confirmaron procesamientos para Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Saez, junto a Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano, pero no por asociación ilícita sino por violar la ley de inteligencia.

Para el voto de la mayoría de la Cámara Federal, “existió un grupo que movido por intereses personales utilizó recursos sensibles del Estado con fines ilegales” y se determinó que la superior de ese grupo incumplió su deber de controlar como manda la ley al grupo que dependía de ella de manera inmediata. Los jueces agregaron que en los que las tareas de observación y seguimientos que se hicieron sobre Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su casa de la calle Juncal “tenían orden judicial” que las autorizaba y por ello no puede ser sancionado penalmente en esta instancia.

En los tribunales de Comodoro Py, después de esa resolución, también aterrizó la otra causa de espionaje que creció por afuera de los tribunales de Retiro: el caso D’Alessio, al que se sumó el espionaje desde las bases AMBA y a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. En esa última causa, fue procesado el ex presidente Mauricio Macri. Será la Cámara Federal que CFK critica la que revisará ese expediente.

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