Acusaciones cruzadas entre el gobierno bonaerense y la municipalidad de La Plata mientras crecen las tomas de tierras

El conflicto habitacional que crece en las afueras de la capital bonaerense volvió a poner en discusión qué hacer con la toma de terrenos. Un problema estructural y que no es nuevo. Ahora, el intendente de La Plata, Julio Garro, volvió a pedir la intervención -sobre todo en la llamada mega toma de Los Hornos- de la Justicia. Tras una publicación de Infobae, la oposición llevó el tema al Congreso nacional y la Legislatura bonaerense. Desde el gobierno provincial, detallaron cómo se viene trabajando en la problemática y reclaman que el municipio de la capital bonaerense no tiene un plan concreto de generación de suelo para viviendas sociales.

La toma más grande la de la provincia de Buenos Aires se da en el ex Club de Planeadores, un predio que va desde las calles 76 a 83, y de 143 a 155, y comprende 160 hectáreas. Aproximadamente están instaladas 2.600 personas. La ocupación se inició el 16 de febrero del 2020 sobre terrenos que pertenecen al Estado Nacional. Hubo un primer intento de liberar la zona a través de una orden de desalojo dictada por la Justicia provincial, pero al tratarse de terrenos nacionales terminó interviniendo la Justicia federal, quien ordenó identificar a los ocupantes, determinar el estado de vulnerabilidad social y remover todos los elementos de ocupación de los espacios no habitados. El 13 de marzo del 2020 se cumplió con la medida ordenada, pero no se logró identificar a los ocupantes, ya que las personas se negaban a identificarse. Luego llegó la pandemia y hasta septiembre de ese año se frenaron los desalojos. La medida se renovó hasta marzo del año pasado. En todo ese lapso fue aumentando la cantidad de personas que ocupaban el terreno.

En esa franja de tiempo también se llegó a un acuerdo entre la Nación, la Provincia y el municipio para generar en el predio un Proyecto Urbanístico Integral para dar respuesta a las familias en estado de vulnerabilidad social. “Al principio siempre hubo predisposición de la municipalidad para llevar adelante la urbanización de la toma, pero cuando fue lo de Guernica el intendente Julio Garro cambió drásticamente de parecer”, le dice a Infobae el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini.

“Después de Guernica empezaron a promover el desalojo”, agrega el funcionario del ministerio que conduce Andrés Larroque. La diferencia entre la recordada ocupación del predio de Guernica -que finalmente fue desalojado- al de La Plata es que en la localidad del municipio de Presidente Perón, el territorio intrusado era propiedad privada. En el caso de Los Hornos no hay un reclamo particular. Hoy es casi imposible que el predio ocupado en las afueras de la capital bonaerense sea desalojado. Por eso se avanzó en la urbanización.

De las 160 hectáreas, la Provincia tramitó ante la Nación la cesión de 64 hectáreas que ocupan el loteo. El resto debe quedar libre por una cuestión de hábitat. Sobre la factibilidad aparece una coincidencia entre el gobierno local y provincial: ambas administraciones sostienen que una parte es inundable. “Se trata de gente que vive en zonas inundables, vecinos que se ven afectados por el aumento de los delitos y la aparición de personas que hacen negocios con la necesidad ajena, como pasa con la venta ilegal de estos terrenos por redes sociales”, sostuvo días atrás el intendente Julio Garro.

“Nosotros como gobierno provincial detectamos que la municipalidad de La Plata generó apenas 48 terrenos en seis años. No hay política de tierras, plantearon una expansión de la zona residencial y no han reservado áreas para viviendas de interés social”, agrega Pascolini.

La Provincia cuenta con la ley de Acceso Justo al Hábitat. La norma, promueve la generación y facilita la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales, en la que la Provincia es el encargado de “la ejecución de las políticas necesarias para la satisfacción progresiva del derecho a una vivienda y a un hábitat digno, incluyendo la participación de los Gobiernos Municipales”.

Allí se establece que los emprendedores privados que llevan adelante proyectos inmobiliarios como clubes de campo, barrios cerrados y toda otra forma de urbanización cerrada; o cementerios privados o de emprendimientos de grandes superficies comerciales deben ceder al municipio una porción del inmueble objeto de la participación. Son los municipios quienes funcionan como autoridad de aplicación y funciona como una herramienta más para la generación de suelo para viviendas sociales, por ejemplo.

Así pasó por ejemplo en Guernica, donde el grupo empresario, propietario de las tierras donde estaba la toma, presentó un proyecto para la ejecución de obras privadas. Entonces, por la ley de Acceso Justo al Hábitat el sector empresarial cedió 57 hectáreas al municipio de Presidente Perón y hoy se está desarrollando un proyecto urbanístico de 850 terrenos.

La administración de Axel Kicillof sostiene que la gestión de Garro no avanzó en este último punto. “Desde el municipio estamos avanzando en políticas habitacionales como la creación del Banco de Tierras. Pero necesitamos un trabajo coordinado y el acompañamiento de la Justicia. Una decisión no puede tardar años cuando en 2 días te toman un predio. No puede ser así”, contestó Garro.

Desde noviembre del 2020, funciona en la provincia la Unidad provincial de Tierra y Vivienda, un ámbito para la localización de tierra ociosa, que tiene como objetivo la regularización del suelo y coordinación de políticas para la generación de suelo urbano y el desarrollo de soluciones habitacionales. Se encuentra bajo la órbita del ministerio de Gobierno, hoy a cargo de Cristina Álvarez Rodríguez, aunque en la Unidad de Tierra y Viviendas intervienen distintas áreas.

El tema volvió a escalar políticamente. El diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo y otros cinco compañeros de bloque presentaron esta semana un proyecto de resolución en el que expresaron su preocupación “por la inacción del gobierno provincial para frenar y prevenir la comisión de este delito”. El diputado nacional por Juntos, Diego Santilli también se refirió al tema y dijo que Kicillof “tiene que dejar de mirar para otro lado”. Le contestó el ex jefe de Gabinete y actual jefe de asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco. “Son porteños conociendo la provincia, lo que no está ni bien ni mal, y posiblemente se vayan enterando de los problemas estructurales que tiene la provincia, que se han agravado muchísimo con la gestión de María Eugenia Vidal”, replicó.

Según información del gobierno provincial, en el periodo que va desde inicio de 2016 a diciembre de 2021, se han recibido 16 oficios sobre ocupación de inmuebles por grupos numerosos de personas, en La Plata y gran La Plata, de los cuales 13 tramitan por la justicia penal del Departamento Judicial La Platas, 1 ante un Juzgado de Faltas y 3 por la Justicia Federal de La Plata

Durante el año pasado se contabilizaron 35 conflictos habitacionales en la provincia de Buenos Aires. 14 menos que el 2020 cuando fueron registradas 49 tomas. Durante el 2021 se desataron conflictos por fuera de la zona AMBA donde aparece la mayor densidad poblacional y déficit habitacional. Hubo casos en Balcarce, Tres Arroyos, Arrecifes y General Alvarado; además de Merlo y Ezeiza. En municipios de las ocho secciones electorales hay distritos que presentan conflictos habitacionales.

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