La sensación colectiva en el mundo de la política -y también empresarial y de los “mercados”- es que se evitó la caída en el abismo. A partir de allí, hay diferentes evaluaciones e interrogantes: por ahora, según algunos; con alto costo, según el malestar registrado incluso en filas oficialistas; se verá cuando se firme “en serio” el acuerdo con el FMI. Por lo pronto, Juntos por el Cambio se movió con cuidado, el peronismo disidente tomó distancia y los “liberales” extremos y la izquierda cuestionaron con dureza. Previsible. Más denso se exponía el silencio inicial del kirchnerismo. El intento oficial de maquillar el ajuste lo contemplaba de antemano. Y el discurso presidencial, también.
Alberto Fernández y luego Martín Guzmán buscaron destacar dos aspectos del principio de entendimiento con el Fondo. El primero, con consenso, fue eludir lo que el propio Gobierno evaluaba como un escenario de catástrofe. Eso se refrendaba además con el gesto concreto de pagar ayer el vencimiento de más de 700 millones de dólares. El segundo, con similar énfasis, negar un ajuste.
El día del Presidente cerró anoche con la difusión de una entrevista en la que retomó el discurso de fuertes críticas al FMI, no sólo con el reclamo de autocrítica por el crédito otorgado durante la gestión de Mauricio Macri, sino además por su papel en la región. Sonó a mensaje para el mundo de la interna, el frente de mayor tensión por los efectos del trato que se perfila con el organismo internacional.
Para entonces, los funcionarios más cercanos al Presidente llevaban horas con interpretaciones sobre el silencio de Cristina Fernández de Kirchner y su círculo. Y había señales de que Olivos interpretaba que era inevitable la tensión. En rigor, ya un día antes, el mensaje había sido de descalificación del discurso de cierto kirchnerismo que exponía como mejor alternativa el default. Hasta anoche, la única voz cercana al circuito de CFK -a pesar del desgaste por la derrota electoral- era la de Axel Kicillof. El gobernador evitó el respaldo abierto: tuiteó que se evitaba una catástrofe y se concentró en una nueva carga sobre Macri.
En las filas del kirchnerismo duro prevalecería el disgusto sobre lo que supone el principio de acuerdo con el FMI. Ven un horizonte de ajuste, creen que legitima la deuda y que cierra el camino a las denuncias sobre las responsabilidades políticas y “penales” sobre sus consecuencias. Eso, con el añadido de lo que podría significar un monitoreo trimestral de técnicos del organismo internacional. Y con malestar por bandazos del Gobierno en política exterior, en especial respecto de Venezuela, en el contexto de búsqueda de aval político de Washington para allanar la negociación con el Fondo.
Habría que esperar la expresión final acerca de las tratativas con el FMI, que ayer mostraron avance pero no coronación. Es un interrogante la instrumentación efectiva de la reducción escalonada del déficit fiscal y el giro que supondría en materia monetaria, además de las políticas de precios frente a la escalada inflacionaria. El comunicado del Fondo añadió la cuestión de las tarifas y las tasas de interés positivas reales.
Hay al menos un punto de convergencia en las preocupaciones domésticas de Olivos y del kirchnerismo duro. Se trata de los límites de la línea para difundir y tratar de imponer la lectura de la deuda como un problema exclusivo de la gestión macrista. Y no se reduce a la discusión acerca de los orígenes -es decir, la sucesión de herencias en la lista de deudas y déficit-, sino que empieza a incluir el propio andar de esta administración. Son varios los trabajos de consultores que indagan sobre ese punto, incluso desde antes de las pasadas elecciones.
Está claro que los renglones específicos de esta tratativa con el FMI todavía no fueron escritos del todo. Una vez cerrados los puntos concretos y no sólo los títulos, llegará el momento de escribir el capítulo de la carta de intención y memorándum de entendimiento. Recién ahí iría al Congreso para su tratamiento. Y tendrá que dar su última palabra el directorio ejecutivo del FMI.
En esta etapa final, que puede extenderse algunas semanas, el oficialismo prestará atención al debate público. Y sobre todo, buscará ordenar sus posiciones internas, más allá de la carga sobre la oposición, a la que al mismo tiempo y por ahora con ese tono se le reclama compromiso legislativo. Mientras tanto, algunas señales indican que se buscarán otras zonas de disputa política, que ayuden a cerrar filas. Y allí se destaca la ofensiva en el frente judicial.
En medio del vértigo de los últimos días por las gestiones con el Fondo -y también, con la administración de Joe Biden-, quedó eclipsado el virtual guiño del Gobierno a la movida de sectores kirchneristas contra la Corte Suprema. El mensaje formal es que no se avala la marcha prevista para el martes próximo, pero se recordó la posición presidencial crítica del Presidente sobre la Corte. Un modo de darle marco.
Es curioso lo que ocurre con esta convocatoria. Ha generado algunas internas entre los organizadores, en la CGT y hasta en organizaciones sociales que juegan sus fichas de un modo u otro en el tablero oficialista. Pero no expuso malestar público del Gobierno sobre el respaldo de algunos funcionarios, en particular el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la interventora en la AFI, Cristina Caamaño. Por el contrario, la letra oficial fue la siguiente: no apoya marchas, pero recuerda el contexto que representan las críticas presidenciales a la Corte.
El mensaje es doble: apunta a los jueces y a las necesidades domésticas.
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