A 25 años del asesinato de José Luis Cabezas, Pandora Papers, la filtración global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), aporta ahora nuevas pistas sobre el dinero de Alfredo Yabrán después de su suicidio, tras ser señalado como autor intelectual del homicidio del fotógrafo de la revista Noticias. Mientras tallan un marcado perfil bajo en Montevideo, su viuda y su hijo Mariano manejaron sociedades offshore en Bahamas y Belice, que están vinculadas con los fondos del magnate postal.
El imperio de Yabrán fue vendido en 1997 al grupo Exxel por más de USD 600 millones, después del asesinato de Cabezas y tiempo antes de su suicidio el 20 de mayo de 1998. Su esposa y sus hijos se mudaron a Uruguay en 2002 y dividen sus días entre Montevideo y Punta del Este. Dos décadas después de su muerte, el estudio OMC Group, especializado en operar en paraísos fiscales, revisó con detalle el pedido de una de sus clientes, que era María Cristina Pérez Sabbatiello, la viuda de Yabrán.
El 22 de marzo de 2017, una ejecutiva del área de atención al cliente en las oficinas de OMC Group en Panamá solicitó que se tramitara la “restauración” de dos sociedades de Bahamas: Utinia Limited y Granl Smith Company Ltd. En el intercambio de correos, las ejecutivas que intervinieron en el trámite remarcaron que Pérez Sabbatiello era la mujer de Yabrán.
Las sociedades habían sido abiertas años atrás: Utinia Limited, registrada en Bahamas, había sido creada en 2007, según un documento interno que forma parte de Pandora Papers. En esa misma plantilla, los empleados de OMC apuntaron que la segunda compañía de Pérez, Granl Smith Company también había sido registrada en Bahamas, el 20 de agosto de 1997, aunque recién fue adquirida oficialmente por Pérez en 2015.
Los empleados del estudio también tomaron nota de la declaración que la mujer entregó a OMC como parte del procedimiento para abrir una sociedad con ese bufete. Pérez declaró que el origen de los fondos manejados por ambas sociedades eran “ahorros personales y herencia”, y que su objetivo era la tenencia de activos, aunque los documentos no aclaran qué tipo de bienes registró Pérez a nombre de las offshore.
La consulta interna dentro de OMC sumó condimentos cuando una ejecutiva del área de Compliance confundió a la viuda de Yabrán con otra persona del mismo nombre. “Realizando las búsquedas hemos encontrado un resultado bajo el nombre de la beneficiaria final en el mismo país de su nacionalidad, listada en la AFIP por presuntamente emitir facturas apócrifas”, escribió en un correo. Pero la confusión se resolvió horas más tarde, tras recibir documentación oficial sobre Pérez. El estudio procedió a reabrir las sociedades.
En los registros que manejaron los empleados de OMC apareció un documento de la AFIP de 2017 que resume la situación fiscal de Pérez en Argentina, hoy de 76 años. La viuda de Yabrán figura con su apellido de casada, domicilio fiscal en la calle Viamonte al 300 hasta, al menos 2003, e inscrita ante el fisco argentino con la actividad de “Servicios de financiación y actividades financieras”. También consta la baja definitiva de todos sus obligaciones tributarias en Argentina, ya que es residente en Uruguay desde hace varios años. En efecto, según corroboró Infobae, Pérez “no registra impuestos activos” en el país.
Ambas offshore, que tenían a la viuda de Yabrán como beneficiaria final, finalmente fueron “restauradas” en 2017. “Una compañía puede quedar inactiva al ser liquidada o, en el caso de las offshore, porque no se pagaron las tasas anuales de mantenimiento y queda en estado struck off. Cuando una sociedad se restaura significa que se pone al día con sus deudas para volver a estar activa”, explicó un especialista en este tipo de sociedades en paraísos fiscales. Actualmente, las dos sociedades figuran como inactivas en el registro público Open Corporates.
Ante la consulta de Infobae, el abogado de la familia, Pablo Medrano, respondió: “No recuerdo puntualmente estas sociedades. Las participaciones en sociedades que ellos poseen, están adecuadas a las normas que correspondan en el país, y están todas declaradas y adecuadas a derecho. En Uruguay, donde son residentes fiscales desde hace varios años, tienen sociedades y están declaradas”. Se excusó de no poder trasladarles la consulta en lo inmediato al “ser mala época” por las vacaciones y ser más difícil localizarlos,
Desde su mudanza a Uruguay, Pérez vive en una mansión en el barrio Manantiales de Carrasco, valuada en cerca de USD 2,3 millones, según publicó la Revista Noticias; y en Punta Ballenas es dueña de “Mis Amores”, que replica el nombre de una de las estancias favoritas de Yabrán en Entre Ríos y está permanentemente vigilada por custodios, informó esa publicación de editorial Perfil.
Su hijo Mariano, el empresario
Aunque lejos de la notoriedad que supo cobrar su padre en la escena pública, Mariano, el hijo del medio del matrimonio, es el único de los tres herederos que desarrolló una carrera empresarial. Es director ejecutivo de la empresa Sendit, un servicio de courier, en Uruguay, según su perfil de Linkedin.
En Pandora Papers, Mariano Esteban Yabrán figura como beneficiario final de la sociedad Chardy Business Inc, radicada en Belice en octubre de 2010. Yabrán no figuraba en los documentos de la sociedad ni como accionista ni como director, cargo que fueron ocupados por distintos agentes a los largo de los siete años que existió esta compañía. Pero el hijo del empresario postal tuvo que romper el secreto detrás de las acciones al portador de la offshore en 2017, cuando decidió disolver la firma.
En un escrito del proveedor offshore Cititrust firmado por el propio Mariano Yabrán, el empresario informó a su agente, el estudio Maclachlan & Dennin, la venta “de todos los activos y pasivos de la Compañía, que fueron liquidados en su totalidad”. Durante el mismo proceso de disolución, se informó que la sociedad “nunca ha comercializado ni tiene activos, pasivos, deudas ni obligaciones”. El escrito también lleva su firma de puño y letra. El cierre de la compañía se oficializó en agosto de ese año.
El equipo argentino de ICIJ intentó comunicarse con Pérez, sin éxito. No respondieron los llamados en la empresa Sendit, en Uruguay, e Infobae también llamó por teléfono a la oficina en Montevideo de MPT Assets Management Corp. La secretaria que atendió, tomó nota de la solicitud y teléfono de contacto. Se trata de una firma dedicada a “inversiones”, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, cuyo accionista mayoritario es Pablo Javier Yabrán, el hermano mayor de Mariano. Tiene cuatro empleados en todas sus sedes y genera ventas por US$3,78 millones, según el sitio Dun and Bradstreet. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta por parte del hijo del medio de Yabrán a la requisitoria de este medio.
Además del negocio postal, Mariano Yabrán también se dedicó a bienes raíces con la empresa Greenpol, a través de la que se comercializan proyectos urbanísticos, especialmente en Uruguay, y manejó el remanente de las empresas de su padre en Argentina, en particular, los campos administrados por la empresa Yabito, según publicó Michi, el periodista que más lo investigó y compañero de Cabezas cuando fue asesinado por fotografiar a Yabrán.
El sucesor de Yabrán, también en Pandora
Héctor Colella, conocido como el sucesor de Yabrán y un jugador clave en el negocio de la logística, armó una mamushka de sociedades offshore en distintos paraísos fiscales para proteger USD 145,7 millones que provendrían -según explicaron desde su entorno- de la venta de la empresa OCA, dueña de OCASA, al Exxel Group en 1997. ¿El objetivo? Pagar menos impuestos.
El empresario argentino, cuyo nombre trascendió públicamente tras el suicidio de Yabrán como “HC”, ordenó la confección de un complejo esquema en el exterior. Abrió un fideicomiso en el Reino Unido administrado por ejecutivos del banco suizo Julius Baer para, luego, registrar sociedades - en una suerte de juego de muñecas rusas unas dentro de otras - en Nueva Zelanda, Islas Vírgenes Británicas y Uruguay.
Colella aseguró que la estructura offshore se armó en 2005, y sus asesores mostraron al equipo argentino de ICIJ la documentación que demuestra que las sociedades fueron declaradas ante las autoridades fiscales.
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