En el marco del Examen Periódico Universal de la situación política y social de Venezuela, que tuvo lugar durante la reunión en Ginebra, Suiza, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Argentina reclamó que la Justicia condene a los responsables a las violaciones a los DDHH en el país gobernado por Nicolás Maduro.
La presentación de Cristian Machuca, responsable de Derechos Humanos en la Misión Argentina, fue breve y enumeró cuatros puntos o recomendaciones de la Argentina hacia las autoridades venezolanas: “Cooperar plenamente con el Consejo de DDHH y todos sus mecanismos, incluyendo los procedimiento especiales relevantes, e implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes”.
Además instó a “concretar el llamado de la Alta Comisionada a que se conduzcan a investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones de DDHH, se lleve a los perpetradores a la justicia y se garantice reparación adecuada a las víctimas”.
También a “reforzar la cooperación existente con la oficina de la Alta Comisionada estableciendo una oficina permanente en el país, dotada de los recursos humanos y materiales que les permitan desarrollar sus tareas”. Y, por último, a “ratificar convención internacional para la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas”.
A mediados de julio del año pasado, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalló en un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen de Nicolás Maduro a la población pero, sobre todo, a la disidencia opositora seguía vigente en Venezuela.
“La oficina Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″, se planteó en aquel momento.
Así, la ACNUDH documentó nuevo casos en los que las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. También recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva, y denunciaron que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres.
Esta presentación de la delegación argentina, que marca una postura más dura con relación a la situación que se vive desde hace varios años en Venezuela, se corresponde a que el país preside desde este año la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Es más, retoma la senda que el país había incursionado en materia de política exterior durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando encabezó una denuncia penal ante la Corte Penal Internacional de La Haya por las violaciones a los DDHH, movida judicial de la que luego se retiró, ya bajo la gestión presidencial de Alberto Fernández.
El país liderado por Maduro se sometió, así, a su examen periódico universal en la ONU, un proceso que cumplen todos los Estados Miembros cada cinco años y que implica una revisión integral de sus registros de derechos humanos.
Las últimas recomendaciones de la Argentina ante la ONU planteaban la apertura de un diálogo de cooperación con los organismos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que, al final, se limitó a un memorando de entendimiento sobre cooperación técnica.
También, en instancias anteriores, recomendó medidas para eliminar el uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales, investigando y sancionando a las personas responsables, y cuestionó las magras condiciones de detención y la falta del debido proceso para muchas de las personas privadas de libertad en Venezuela.
Por otro lado, durante la reunión de Ginebra los delegados de las dictaduras de Venezuela y Cuba buscaron censurar la intervención de Estados Unidos en la ONU. El accidentado intercambio ocurrió cuando la representación de Washington tomó la palabra y solo unos segundos después de iniciado el discurso, en el que se expresaba la preocupación por la situación, Venezuela intervino y solicitó que se excluyan las intervenciones “irrespetuosas”, asegurando que las delegaciones que utilizan expresiones “hostiles” tienen la intención de “entorpecer el examen”.
La presidencia del Consejo, en manos de la delegación de Argentina, instó a la secretaría a que se atenga a la terminología oficial para el informe final y otorgó la palabra nuevamente a Estados Unidos. Pero cuando se pedía que los miembros del régimen chavista rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos, Venezuela volvió a interrumpir, con los mismos argumentos.
Esta vez, la delegación de Cuba se sumó al reclamo, e indicó que Washington usaba “terminología inapropiada para los foros de Naciones Unidas”. Pero fue más allá y pidió que censuren el video enviado por EEUU, al no tener posibilidad de modificar la alocución en el momento.
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