Inseguridad, un reclamo para el que no hay grieta: votantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio exigen penas más duras

Desde hace al menos una década, la inseguridad forma parte de las principales preocupaciones de los argentinos junto a los problemas económicos y todo lo que esto implica. Sin embargo, en los últimos meses las encuestas, los relevamientos, los focus group, marcan que el salvajismo de los delincuentes -motochorros que parecen ser los dueños de las calles; asesinatos a sangre fría por un celular; despiadados ataques a jubilados que son maniatados, torturados y saqueados- comenzó a calar profundo entre los votantes sin importar sus tendencias partidarias o ideológicas.

La saturación por la “maldita inseguridad”, tal el lema de las pancartas en las últimas marchas, llevó a crear un clima “punitivista” entre los encuestados. Esto es, entender que solo con leyes más duras y de aplicación efectiva de las penalidades, las autoridades políticas y judiciales podrán contener a una delincuencia que parece “desmadrada”, al menos según la sensación que expresan los ciudadanos.

La necesidad de poner fin a la denominada “puerta giratoria”, esto es que los delincuentes ingresen por una puerta y salgan por la otra en horas; “darle las herramientas para que la policía pueda luchar contra el delito y la justicia pueda castigar a los delincuentes”; “bajar la edad de imputabilidad” de los menores y que las cárceles son “escuelas de delito”, surgen como conceptos mayoritarios en el trabajo que sobre 1800 consultados, mil de ellos de clase media, realizaron de manera conjunta GOP (Grupo de Opinión Pública) y 3 Trespuntozero, investigación + comunicación.

El relevamiento marca que en este tema no hay grieta y tanto los votantes de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos piden lo mismo y en conjunto propician un “clima punitivista”.

Según explicaron los sociólogos que realizaron la investigación, la respuesta al problema de la inseguridad suele ser la misma: “Hay que aplicar ‘mano dura’, es decir, darle las herramientas para que la policía pueda luchar contra el delito y la justicia pueda castigar a los delincuentes”.

Por esa razón, tanto a los votantes de un espacio político, como del otro, se los consultó sobre una serie de medidas “manoduristas” y la conclusión fue que “en la mayoría de los casos fueron objeto de polémica y debate”. Dentro de ese espectro de opiniones, “los votantes de Juntos por el Cambio se mostraron más abiertos a discutir estas propuestas mientras que los del Frente de Todos desestimaron muchas de ellas”, destaca el informe titulado “Doble click: inseguridad y mano dura” realizado entre el 1 y el 5 de enero. En el informe se resaltan dos textuales tomados de las respuestas que brindaron los jóvenes de 18 a 35 años, y los de 36 y más años de edad.

“Hace falta más mano dura, que la policía pueda hacer su trabajo, los dejan solos, eso pasa”, dijo un adulto votante opositor al gobierno de Alberto Fernández.

“Hay que meter más mano dura”, entiende un joven votante del oficialismo citado en el trabajo.

Al parecer no existe “grieta” en las opinión de los electores por ambos espacios políticos al momento de ser consultados por la facilidad con la que los delincuentes que son detenidos recuperan la libertad.

El trabajo de investigación lo explica así: “Hay coincidencia unánime en que deben aplicarse con mayor rigurosidad las penas ya vigentes y terminar con la ‘puerta giratoria’”.

En este punto, un joven simpatizante del macrismo expresó que los malvivientes “entran por una puerta y salen por la otra, tiene que terminarse eso”. Su contraparte del Frente de Todos afirmo que la pena “tiene que ser más grave y sin nada de probation y qué sé yo, cumplí la condena”.

La principal disparidad de criterios aparece en la clase media votantes cuando el tema de consulta son los menores delincuentes. Allí la cuestión ideológica parece calar de manera más profunda.

Según el trabajo sobre inseguridad y mano dura, entre los votantes de Juntos por el Cambio “hay acuerdo unánime de que debe bajarse la edad de imputabilidad” ya que “consideran que a los 14 años ya son responsables y deben hacerse cargo de sus actos”.

Entre los adherentes al oficialismo, en cambio “suscitó cierto debate, pero terminó ganando la negativa. No creen que sirva meter preso a menores, independientemente de que hayan cometido un crimen”.

Martín Ferra, abogado penalista y especialista en temas de seguridad, va en el mismo sentido. En diálogo con Infobae, opinó: “Con respecto al aumento de las penas (punibilidad), hay que tener en cuenta que el Código Penal fue sancionado en 1921, es evidente que luego de más de 100 años de vigencia, es imperioso hacerle las correcciones y ajustes necesarios para adaptarlo a las nuevas modalidades delictivas y a las nuevas conductas criminales, en cuanto a su mecánica ilícita (complejidad, gravedad, perjudicialidad, dañosidad, ferocidad, intencionalidad (dolo, culpa, agravantes conductuales, premeditación, alevosía, ensañamiento, utilización de menores, alcoholismo, drogadicción para cometer delitos, reiteración delictiva, reincidencia), extensión del resultado lesivo en las víctimas (físico, psíquico, moral y económico), todas estas circunstancias calificantes y agravantes del delito y de la conducta del delincuente, pueden ser y deben ser reajustadas y ampliadas en pro de defender a la sociedad y de sancionar en forma ejemplificadora a los delincuentes”.

Para el especialista, en nuestro país “lo que existe hoy y desde hace varias décadas, tristemente, no es ‘inseguridad’, es un elevado índice de criminalidad y de impunidad imperante y a este último índice contribuye la pésima estadística funcional del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires con un promedio del 90% de archivo y desestimación de causas penales, 7% aproximado de llamados a indagatoria imputados, un 5% promedio de elevación a juicio y solo un 1,7% de sentencias condenatorias”.

La encuesta de opinión incluyó un tema de debate sobre el cual ni los especialistas tienen un criterio unificado: “¿Qué hacer con los violadores?”.

Las conclusiones del informe aseguran que la “castración química aparece como la única solución clara y contundente” contra los violadores a los que se los considera “enfermos irrecuperables que por su condición reincidirían en su actividad delictiva”.

Esta supuesta “solución” al problema de los perpetradores sexuales, y sobre todo contra los que violan a menores, ya se aplica en países como Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia, y Corea del Sur.

En nuestro país, algunos expertos en derecho advierten que es inconstitucional y que viola los derechos individuales de los pervertidos, y asociaciones médicas entienden que no es ética y otras organizaciones ponen en duda su efectividad.

La “pena de muerte” es un reclamo que también aparece “de manera vergonzante”, entre los encuestados, sobre todo de Juntos por el Cambio.

“En el marco de estos debates aparece con cierta timidez el pedido por pena de muerte, reservado para los casos donde los delincuentes ‘no tienen vuelta atrás’ y no es posible reintegrarlos a la sociedad”, asegura el trabajo de la consultora.

Entre los consultados, vuelve a existir criterio unificado al abordarse los problemas carcelarios. El resultado mayoritario de opiniones es que “hay consenso respecto a que, en la actualidad, las cárceles son ‘escuelas de delito’ donde los presos perfeccionan el arte de robar y gastan recursos del Estado”.

En este punto, para los votantes de Juntos por el Cambio, “las cárceles no deberían ser un espacio de reinserción social sino de castigo que aleccione a quienes están afuera”.

En cambio, para el promedio de los votantes del Frente de Todos “se debaten entre un modelo de cárcel que busque reinsertar a los presos y uno que los castigue”.

Sobre por qué es importante el aumento de las penas en determinantes delitos, el doctor Ferra sostuvo: “El aumento de pena como prevención, sí baja el índice delictivo, por cuanto un delincuente que es condenado a una pena alta, por ejemplo, a 10 años de prisión, si la cumple en forma efectiva y completa, nos aseguramos por 10 años de prisión no va a cometer delitos por hallarse privado de libertad al no estar en la vía pública. El problema a este tenor que, por más que impongamos penas elevadas, las Leyes de Ejecución Penal tanto nacional como provinciales, tienen más de una docena de salidas anticipadas y/o transitorias al cumplimiento efectivo de la totalidad de la pena, entonces las penas pierden su efectividad. Por otro lado, ligado a esto está el tema de la resocialización de los penados en las cárceles y si las penas resocializan o no, la cuestión pasa por lo que hace el interno durante su privación de libertad en la cárcel, muy pocos se dedican a completar sus estudios o adquirir oficios o profesiones que le permitan una salida laboral al obtener su libertad”.

Para el trabajo de GOP (Grupo de Opinión Pública) y 3 Trespuntozero, investigación + comunicación, la conclusión sobre la inseguridad en la Argentina es claro: para la mayoría de los ciudadanos, sin importar filiación política, pero en su mayoría de clase media, existe la necesidad de agravar las penas de los delitos para frenar la inseguridad.

El debate esta abierto.