En medio de la cuenta regresiva entre el Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional por llegar a un acuerdo, la Justicia argentina analiza si hace lugar a un pedido que motorizó la Procuración del Tesoro y que hasta ahora se mantenía en secreto: la citación para que declaren como testigos los técnicos del FMI que hicieron la primera evaluación del crédito que recibió el ex presidente Mauricio Macri. Según confirmaron a Infobae tres fuentes consultadas, el planteo fue hecho por el procurador del Tesoro Carlos Zannini ante la jueza María Eugenia Capuchetti en los últimos días de diciembre, antes de la feria judicial, pero hasta ahora no había trascendido.
Se trata de convocar a los funcionarios del FMI que estuvieron en la Argentina entre el 13 y el 22 de agosto de 2018. La misión fue encabezada por Roberto Cardarelli, segundado por Yan Carrière-Swallow, Joyce Cheng Wong, Paolo Dudine, Jeta Menkulasi, Marcos Souto y Romain Veyrune, detallaron las fuentes consultadas por este medio. Para los denunciantes si se analiza en detalle el texto del FMI queda claro que ese primer tramo de dinero que recibió el gobierno de Macri fue desviado de su destino original. “Esa plata no era para financiar la fuga de capitales”, repiten.
Pero además otro punto sobre el que está avanzando la jueza Capuchetti, a solicitud del fiscal Franco Picardi, es intentar establecer quiénes fueron los destinatarios finales, ya sea personas físicas o jurídicas, que compraron la mayor cantidad de títulos de deuda Lebacs entre 2015 y 2019 y quiénes desarmaron esas posiciones en pesos desde 2018 y finales de 2019. Según revelaron a Infobae fuentes consultadas, la jueza ya mandó oficios a la Comisión Nacional de Valores para que se remita el detalle de los fondos institucionales o fondos comunes de inversión y de las personas físicas y jurídicas que accedieron a esos títulos.
Como respuesta, la CNV le pidió más precisiones, pero el juzgado ya levantó el secreto bursátil y le insistió en que mande la información completa. “En este tipo de operaciones hay muchos intermediarios, entidades financieras, pero acá lo que se busca saber es quiénes fueron los destinatarios finales, físicos y jurídicos, que adquirieron bonos y los liquidaron en estos cuatro años del gobierno de Macri”, explicaron las fuentes consultadas.
Es que, precisamente, la causa investiga si, como denunció la Oficina Anticorrupción en marzo pasado a instancias del presidente Alberto Fernández, el gobierno de Cambiemos ejecutó “un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional”.
En el expediente están imputados por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública el ex presidente Macri, los ex ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
Todo se remonta a la decisión del Gobierno de Macri que en mayo de 2018 anunció públicamente su intención de acudir al FMI, luego de una semana en donde el peso había perdido un 15% de valor, las tasas de interés subieron al 40% y el Banco Central destinaba casi US$5.000 millones de sus reservas en un intento de contener al dólar. El FMI decidió darle a la Argentina el préstamo más alto de su historia por unos 57 mil millones de dólares. Los desembolsos del organismo alcanzaron los US$44.149 millones. La última entregar más de 5 mil millones de dólares iban a entregarse en septiembre de 2019, pero el dinero nunca llegó después de las PASO.
El crédito solicitado al FMI fue un acuerdo que nunca pasó por el Congreso. De hecho hubo una denuncia en Comodoro Py que impulsaron los economistas Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso por esa razón y el fallecido fiscal Jorge Di Lello imputó a Macri y a varios ministros, entre ellos el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el expresidente del Banco Central Luis Caputo. El juez federal Julián Ercolini entendió que no había existido delito. Cuando Di Lello buscó que el caso llegara a la Cámara Federal, el entonces fiscal de Cámara Germán Moldes no sostuvo el recurso y aseguró: “Esta Justicia Federal está atestada de denuncias y contradenuncias, sin más horizonte aparente que la primera plana del diario de mañana”.
En 2019, la Fundación de Cambio Climático volvió a denunciar el acuerdo con el FMI y se abrió una denuncia en Comodoro en el juzgado de Capuchetti. A esa causa se sumó la denuncia que decidió impulsar el presidente Fernández en marzo de este año, según lo anunció en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso. Fue la OA la que formalizó la denuncia contra Macri y sus funcionarios.
“En este contexto y en tiempo récord, el 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores, merced a la decisión de quienes aquí serán sindicados como autores y responsables de la maniobra, mediante un obrar concertado, con roles distribuidos según el alto cargo que todos ostentaban en la estructura del Gobierno Nacional”, se sostuvo. A su juicio, “la razón del gigantesco préstamo otorgado por el FMI a nuestro país no era otra que ayudar a la reelección presidencial del por entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri”.
El Procurador del Tesoro Carlos Zannini se presentó y fue aceptado como querellante: allí ya pidió la indagatoria de Macri por entender que “se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados, en especial respecto del presunto ilícito de malversación de caudales públicos”. Como prueba, adjuntó un pendrive con la entrevista que el ex presidente Macri concedió a un canal de noticias en la que reconoció que el préstamo del FMI fue utilizado “para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir”.
Así es que ahora aparece el nuevo planteo de Zannini que hasta ahora no había trascendido. El 10 de diciembre pasado, la Procuración solicitó llamar a declarar como testigos a los técnicos del FMI que hicieron la primera evaluación del préstamo otorgado al gobierno de Cambiemos.
De acuerdo al documento oficial del FMI al que accedió Infobae que ya se incorporó a la causa, los técnicos reportan allí a lo largo de 113 páginas la primera evaluación de lo que había sucedido con el primer desembolso del dinero, en medio de un escenario interno que -dice el FMI- estaba golpeado por una investigación interna de corrupción: la causa de los cuadernos, que había explotado en agosto de 2018 y por la que terminó siendo procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner. Más allá de los judicial, dice el FMI, eran “condiciones de mercado turbulentas, una disminución de la actividad más fuerte de lo esperado y la incapacidad del banco central para anclar las expectativas de inflación”.
En el documento del FMI, los técnicos a los que quiere escuchar como testigos Zannini reportan en el punto sobre el “rendimiento del programa” que “se cumplieron todos los criterios de desempeño y el punto de referencia estructural para fines de junio. Sin embargo, el deterioro de las condiciones del mercado ha significado que (i) la inflación ha superado la banda interna desde fines de junio (que requiere consulta al personal) y la banda externa a fines de septiembre (que requiere consulta con el Directorio Ejecutivo); (ii) las reservas internacionales netas (TIN) están por debajo de los criterios de desempeño de fines de septiembre; (iii) los forwards no entregables (NDF) están por encima del objetivo de fines de septiembre; y (iv) no se cumplió la meta de reducción del crédito neto al gobierno (GNC) para fines de septiembre”.
“Las autoridades han reconocido proactivamente que restaurar la estabilidad en Argentina requerirá una remodelación significativa de su programa de políticas y han solicitado cambios en la naturaleza del apoyo del Fondo bajo el Acuerdo Stand-By. Específicamente, con un acceso al mercado más limitado, Argentina ahora enfrenta una necesidad apremiante de balanza de pagos que está íntimamente ligada a una gran brecha de financiamiento fiscal y que no puede resolverse únicamente mediante el ajuste de políticas”.
A la causa ya se adjuntó también el último pedido del fiscal Picardi: el detalle del último informe del organismo internacional en el que , con tono autocrítico, se cuestionó la falta de control de capitales y de una reestructuración de la deuda con los bonistas en 2018. Allí se sostuvo que el gobierno de Macri “abrió rápidamente la cuenta capital y los préstamos en el extranjero, al tiempo que adoptó un enfoque gradual para enfrentar los desequilibrios, en particular el déficit fiscal, preparando el escenario para un ‘sudden stop’ y un pedido de Stand By”
Cuando se reactive la semana próxima la actividad judicial, la jueza deberá evaluar si hace lugar al pedido de Zannini para citar como testigos -en declaraciones que podrían registrarse por zoom- a los técnicos del FMI para que reporten en la causa qué vieron cuando evaluaron el primer tramo del préstamo entregado a Macri.
La noticia se conoce ahora en un contexto de máxima tensión entre el Gobierno de Alberto Fernández y el organismo de crédito. En estos días, la Argentina debe definir entre acelerar el acuerdo, pagar o incumplir con el FMI. El viernes el país debería abonar USD 717 millones al organismo, pero el Ejecutivo y el Fondo aún no llegaron a un consenso técnico.
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