El Gobierno quiere cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas se achican, Estados Unidos exige un plan de ajuste económico, el dólar se dispara a $219, los salarios se jibarizan, la inflación trepa sin cesar y los precios desafían a los controles en forma proporcional al maltrato que le hacen a los bolsillos de los trabajadores. Mientras, la Confederación General del Trabajo (CGT) sigue cerrada por vacaciones. En realidad, hay un solo indicio de actividad extraoficial: una pelea no declarada en la cúpula cegetista por la asistencia o no a la marcha que organiza el kirchnerismo para el 1 de febrero contra la Corte Suprema.
Sucedió lo que se temía cuando se eligió la nueva CGT, en noviembre pasado: Pablo Moyano se diferenció del resto de la central obrera y tomó decisiones “a título personal” sin avisar. Se sabía que el camionero tenía viejas y profundas diferencias con Héctor Daer (Sanidad), del sector de “los Gordos”, y que, tarde o temprano, iba a tomar distancia de sus colegas. El hijo de Moyano justificó su apoyo a la movilización callejera hasta el Palacio de Tribunales: dijo que había sido uno de los dirigentes más “perseguidos” durante el gobierno de Cambiemos y vinculó a los jueces de la Corte con el caso del ex ministro bonaerense Marcelo Villegas y “la Gestapo” para “armar causas judiciales” sobre la que habló en una reunión que fue filmada y divulgada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
“No importa quién o quiénes convocan sino para qué, porque nadie quiere echar a los jueces de la Corte ni incendiarla, sino que haya justicia en serio en el país”, afirmó Pablo Moyano. Por entonces, Carlos Acuña (estaciones de servicio), su compañero de triunvirato de la CGT, se había ubicado en una posición distinta: “Hasta el día de hoy no se va a marchar porque no sabemos el objetivo”, dijo a mediados de enero, y aclaró que “la CGT no participó de ninguna reunión vinculada a esa manifestación”. Sin embargo, consideró que “la Corte debe ponerse los pantalones largos y hacer una autocrítica porque también es parte del problema”.
El conflicto interno no escaló, pero se mantiene latente. Dos días después de las declaraciones de Acuña, el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, intervino en el tema: “Si es algo para reclamar justicia, seguramente vamos a participar”, señaló. Y agregó, casi para romper el clima de concordia sindical que se había alcanzado: “La CGT debería participar a pesar de que algunos dirigentes sindicales no hayan tenido inconvenientes con la justicia porque han sido sumisos a los poderes mandantes”.
El clima en la central obrera está al rojo, aunque todos le bajan el tono a las diferencias. En el grupo de WhatsApp de la conducción cegetista hay un silencio estridente: ni se mencionó la marcha contra la Corte ni la actitud de Pablo Moyano y de su aliado Mario Manrique (SMATA), secretario gremial de la CGT, entusiastas promotores de la movilización del 1 de febrero.
Los dirigentes kirchneristas que integran la CGT, como Sergio Palazzo (bancarios) y Walter Correa (curtidores), también adhirieron a la movilización de febrero y suman presión interna contra la mayoría de la cúpula que se resiste a apoyar la marcha.
“No acompañamos esa marcha. Respetamos a las instituciones constituidas”, afirmó a Infobae un importante directivo de la CGT que pidió no ser identificado para no profundizar el conflicto. Reconoció que “no hubo debate” sobre el tema, aunque le restó importancia a las consecuencias que puede tener la decisión “personal” del camionero: “Nada importante. Pablo hace su juego”.
Sin embargo, para Daer, Acuña (enrolado en el barrionuevismo) y sus socios del sector “independiente” Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) el episodio puede convertirse en una bisagra: nadie habla de una ruptura, pero algunos creen que temas como el de la marcha contra la Corte “deberían haber sido debatidos” entre todos.
Hay dirigentes que son partidarios de que antes del 1 de febrero se difunda un comunicado de la CGT con el fin de dejar en “libertad de acción” a sus integrantes para decidir si marchan o no junto con el kirchnerismo. Sería una manera elegante de salir del paso, aunque será difícil que puedan eludir alguna definición sobre los jueces de la Corte y el funcionamiento de la Justicia.
Hay motivos adicionales que explican las diferencias en la CGT: Julio Piumato, su secretario de Derechos Humanos y líder de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) mantiene una fluida relación con los jueces de la Corte, con quienes negocia los salarios del sector, y está en la vereda de enfrente de su competidora, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FE-SITRAJU), alineada con el kirchnerismo y encabezada por Vanesa Siley, diputada del Frente de Todos y cercana a La Cámpora.
En el fondo, además, las corrientes predominantes en la cúpula cegetista quieren evitar sumarse a una jugada política contra el máximo tribunal de justicia que lleva el sello del kirchnerismo y que, si llega a crecer, puede dejar desacomodado a Alberto Fernández. Algunos sindicalistas saben que detrás de la movilización está la inspiración de Cristina Kirchner, con quien esos sectores sindicales (”Gordos”, barrionuevistas e “independientes”) mantienen desde hace años una relación signada por la desconfianza.
La marcha contra la Corte puede preanunciar algunas de las batallas que vienen en la CGT. ¿Pablo Moyano seguirá moviéndose al ritmo de la estrategia kirchnerista? ¿Cómo lo asimilarán Daer, amigo del Presidente, y sus aliados cegetistas, todos rivales de los K? Son interrogantes difíciles de responder, pero mucho más son los vinculados con la situación económica: la central obrera será un caldero de pasiones encontradas si la inflación no cede, las paritarias se recalientan y el acuerdo con el Fondo incluye un fuerte ajuste. En ese escenario, con un Alberto Fernández más complicado, el velado enfrentamiento en la CGT puede transformarse en explícito.
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