A 7 años de la muerte de Alberto Nisman, los investigadores buscan a los asesinos a través del mundo del espionaje

“El diablo se esconde en los detalles”. La frase la suelta al pasar uno de los investigadores de la muerte de Alberto Nisman, que repasa al derecho y al revés el expediente en busca de algún ingrediente que haya pasado desapercibido y así poder dar con la clave de un caso que hasta ahora sigue siendo un misterio y que se cruza, una y otra vez, con el mundo del espionaje y la política. Hace siete años, el fiscal a cargo de la la UFI-AMIA apareció muerto en su departamento, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a un grupo de colaboradores por el encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

La Cámara Federal porteña aseguró que Nisman fue asesinado en el marco de sus funciones. Estaba en vísperas de ir al Congreso a presentar las pruebas de una denuncia que hoy quedó al borde de la nada: en octubre, el tribunal que debía llevar adelante el juicio oral a la hoy vicepresidenta dijo que el Pacto con Irán no fue un delito. El fallo sobreseyó a todos los acusados, aunque las querellas buscan revertir esa decisión en Casación. Mientras tanto, el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 voló la mutual judía y mató a 85 personas sigue impune.

La causa que busca esclarecer la muerte de Nisman tiene a cinco procesados. El principal es Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue acusado de haber sido partícipe necesario en el crimen porque su arma se usó para dar muerte a Nisman; el resto son los cuatro custodios -Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz- que debían proteger ese fin de semana al fiscal de la causa AMIA, implicados en encubrimiento de homicidio e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Lagomarsino insiste en que se trató de un suicidio y cuestiona la pericia de Gendarmería Nacional, que en tiempos de Mauricio Macri determinó un homicidio con hora exacta. En la causa, no obstante, quedó firme el procesamiento firmado por el juez Julián Ercolini que sostuvo que Lagomarsino prestó el “arma amiga” y dio detalles a los asesinos para que pudieran entrar al departamento y ejecutar el crimen. “Fue justamente la estrecha relación que unía a Lagomarsino con Nisman, la que le permitió conocer y aportar datos esenciales que aseguraron la forma en la que se llevó a cabo el homicidio, el lugar y el horario más adecuado, en resumen contar con información privilegiada que aseguró el actuar exitoso para el logro final de causar la muerte”, escribió el juez.

Los asesinos siguen siendo una incógnita.

Hoy, la investigación se desliza sobre cuatro ejes: la profundización sobre las comunicaciones telefónicas que tuvieron lugar ese fin de semana, la convocatoria a más agentes de inteligencia -puntualmente a los que ocuparon altos cargos al momento de los hechos-, el análisis de los equipos informáticos secuestrados a los imputados -que se había demorado por un recurso de Lagomarsino que escaló hasta la Corte Suprema y fue rechazado hace unos meses- y el seguimiento de la pista sobre el incendio que ocurrió en la Casa Rosada en la tarde del 17 de enero, un día clave para la causa Nisman. Precisamente, el análisis de los registros de ingresos y egresos a Balcarce 50 que se destruyeron ese día con el fuego era una de las pruebas a las que apuntaba Nisman para acreditar su denuncia. La fiscalía ya solicitó el informe forense y ordenó el interrogatorio de personal de la Casa Militar para saber cómo eran los protocolos de seguridad en esos registros de 2015.

Durante este año, de la lista de 89 testigos que se había ordenado, declararon una treintena de ex agentes, en medio de las limitaciones que impone el Covid, la necesidad de hacerlo en un lugar ajeno a la fiscalía y el operativo que impone la declaración bajo reserva de esas testimoniales.

“Surgieron cosas muy interesantes”, deslizan a Infobae los investigadores. “Una de ellas es que todos dan versiones distintas sobre por qué hubo esa explosión de llamados ese fin de semana”. ¿Qué dijeron? No puede saberse por la ley de inteligencia. A mitad del año pasado, trascendió lo que habría dicho un espía sobre el que más atención se había puesto: un agente que accionó su Nextel en la misma zona en donde vivía Lagomarsino. Según publicó Página/12, el espía aseguró que vivía en el mismo barrio cerrado de Martínez que el agente informático y que ese domingo estaba de “guardia pasiva”. En la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano evitaron confirmar o desmentir el contenido de la declaración, precisamente, por la reserva de la ley de inteligencia y se limitaron a señalar que hay una denuncia penal por la filtración.

Ahora, la fiscalía dispondrá las declaraciones que pueden ser más jugosas: las del personal jerárquico en la AFI, señalaron las fuentes a Infobae. Está claro que los testigos están obligados a decir verdad, pero -según dicen los investigadores- no hay que olvidar que el caso se mueve bajo el paraguas del mundo de la inteligencia. Por eso se concentran en los datos duros.

“Los registros de comunicación no mienten”, insisten. Algunos de los ex funcionarios públicos que aparecieron mencionados en ese cruce de llamados objetaron públicamente que se contabilizaran como llamadas el registro de un alerta en Nextel. “El Netxtel podría ser como el diálogo de un whatsapp. Nosotros no podemos saber qué decían en esos diálogos porque los teléfonos no estaban intervenidos. Pero sí podemos ver la cantidad de señales que se mandaban entre teléfonos y así reconstruir de alguna manera un estado de situación”, dejan ver los investigadores que analizan estos datos.

“La explosión de comunicaciones se da el 18 de enero, en varios lugares. Para ese día, Nisman ya estaba muerto pero nadie lo sabía”, subrayan. Entre esa explosión de llamados aparecen el ex agente de la SIDE Fernando Pocino, un radical que se había enfrentado al sector interno de Antonio “Jaime” Stiuso y había quedado posicionado cerca del kirchnerismo para el momento de la muerte de Nisman. Por ese entonces era director general de Reunión de Información. Hasta ahora nunca declaró en la causa y será uno de los próximos convocados.

Su nombre aparece ligado a otra explosión de llamados que hubo ese fin de semana entre figuras políticas y jerarcas de la AFI, y que había sido detectada por la División Fraudes Bancarios a fines de 2015. En la lista de esas llamadas se mencionan también al hoy senador Oscar Parrilli, titular entonces de la AFI; al hoy viceministro de Justicia Juan Martín Mena -número 2 en la central de espías-; al ex jefe del Ejército César Milani y a quien era el titular de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, entre otras personas. Por entonces, en declaraciones públicas, los ex funcionarios justificaron la intensidad de esos llamados en el robo de un misil en las afueras de La Plata ocurrido el jueves 15 de enero y en la seguridad del superclásico entre River y Boca, que debía jugarse en Mar del Plata.

Pero también estaba la intriga por saber quién era el espía de La Cámpora al que se aludía por esas horas. Resultó ser Alan Bogado, que nunca formó parte de la planta oficial de la hoy AFI, pero que – sin embargo- se movía como espía y tenía información. Según la denuncia de Nisman, se contactaba con el asesor proiraní Alejandro Jorge “Yussuf” Khalil, quien remitía los datos al ex agregado cultural de la embajada de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, prófugo del atentado contra la AMIA, de acuerdo con las escuchas telefónicas detalladas en la denuncia judicial.

El contexto

Lo que está claro para los investigadores es que la muerte de Nisman no puede interpretarse sin mirar la guerra de espías que estaba sucediendo en las entrañas de la hoy AFI (entonces SI). En diciembre de 2014, Cristina Kirchner había echado a la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, enojada por lo que creía era una avanzada de Comodoro Py en contra de su gobierno. Se fueron así el número 1 y 2 de la central de espías Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher y fueron reemplazados por Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, respectivamente. A los pocos días, se confirmó la renuncia del director de Contrainteligencia Antonio “Jaime” Stiuso, el espía más famoso del país a esa altura y uno de los funcionarios que trabajo codo a codo con Nisman.

El fiscal salió rumbo a Europa para cumplir con las prometidas vacaciones con sus hijas, compartidas con su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Pero volvió antes de tiempo: temía que la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó lo desplazara de su cargo, como ya había sucedido con otros fiscales de Comodoro Py que estaban asignados a unidades especiales. Tras desembarcar en Ezeiza –donde fue filmado-, Nisman se puso a trabajar en los detalles de la denuncia sobre la que venía trabajando desde hacía tiempo: la acusación contra la entonces presidente por haber dispuesto que en 2013 Argentina firmara con Irán un Pacto de Entendimiento. La explicación oficial era que se buscaba destrabar conversaciones para sacar del atolladero en el que había quedado la causa por la voladura con Irán y así poder lograr que los iraníes acusados de haber ideado el atentado terrorista declararan ante la justicia argentina.

El 14 de enero de 2015 Nisman presentó su denuncia: dijo que se buscaba hacer caer las alertas rojas contra los iraníes y desvanecer la acusación. La “confabulación”, dijo Nisman, había sido organizada por Cristina Kirchner, junto al entonces canciller Héctor Timerman. Esa misma noche, en tevé, confirmó que había escuchas telefónicas comprometedoras que demostraban lo que decía. Y reveló que estaba trabajando en un dictamen que firmaría en pocos días: un reclamo para forzar a que los iraníes tuvieran que presentarse ante la Justicia argentina, a través de una orden que emanara un organismo internacional que Argentina e Irán integraban. “Esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están”, sostuvo el fiscal esa noche.

Mientras tanto, las voces oficiales lo desmentían y sostenían que la denuncia era “ridícula”. Nisman fue convocado a presentarse en el Congreso para el lunes 19 de enero. El oficialismo prometía ir “con los tapones de punta”. Una de las cartas que jugaría eran las declaraciones públicas que ya había hecho por esas horas Ronald Noble, el ex jefe de Interpol, diciendo que las alertas rojas no estuvieron en peligro. Sin embargo, Nisman nunca se presentaría al Congreso. Ese día, la noticia de su muerte repercutía en todo el mundo.

17 y 18 de enero de 2015

El sábado 17 de enero Nisman se quedó en su departamento del edificio Le Parc en Puerto Madero, con las cortinas cerradas. Al mediodía recibió al custodio Rubén Benítez. Según su declaración, Nisman le habría pedido si podía conseguirle un arma para su seguridad y la de sus hijas.

Por la tarde, llegó Diego Lagomarsino, el técnico informático que trabajaba con Nisman. En esa reunión, dice Lagomarsino, Nisman le preguntó si tenía un arma y le pidió que se la prestara. El analista accedió a ir a buscarla a su casa. Es que, según dijo, tenían una relación “amo-esclavo”. Volvió un rato después, con el arma marca Bersa, calibre 22 largo. Estuvo menos de media hora en el departamento y se fue. Un rato después, los custodios se retiraron del edificio y Nisman –el hombre más importante del país por esas horas- pasó la noche sin seguridad.

Los agentes regresaron recién al día siguiente, domingo 18, a las 11 de la mañana. Los diarios con la foto de Nisman en sus tapas habían quedado tirados en la puerta del departamento. En una de esas tapas, el diario La Nación anunciaba que uno de los denunciados era un espía de La Cámpora que entregaba información a Irán.

Según el Cuerpo Médico Forense, Nisman murió en la mañana del domingo 18. La pericia de Gendarmería Nacional estableció el asesinato a las 2.46 de la madrugada. Los investigadores judiciales fijaron la hora de la muerte entre la última parte del sábado y la madrugada del domingo.

Los avisos sobre la falta de contacto de los custodios con Nisman fueron reportados a cuenta gotas y con demoras a medida que avanzó el domingo. “El tiempo de inacción por parte del personal asignado a la custodia del Fiscal aseguró que con posterioridad a la causación de la muerte se lograra la huida de los autores sin dejar rastros y la consolidación del montaje de la escena del suicidio de forma tal de darle credibilidad”, escribiría el juez Julián Ercolini a fines de 2017.

Tras idas y vueltas, que incluyeron la aparición de un cerrajero, la madre de Nisman, Sara Garfunkel, terminó entrando al departamento a las 22.30. Ahí estaba el cuerpo del fiscal de la causa AMIA tirado en el baño del departamento, con el cuerpo trabando la puerta, rodeado de un charco de sangre. Lo que siguió fue el departamento convertido en un desfile de personas que, parece, nunca hubieran visto un capítulo de CSI para preservar pruebas en la escena de un hecho criminal. Hay una causa abierta por esas irregularidades en el departamento. Al parecer, todos daban por descontado que Nisman se había suicidado.

Hasta Cristina Kirchner dudó de esa hipótesis horas después de la aparición del cadáver. “El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio”, dijo en una carta en donde pidió protección para Lagomarsino y dijo que la verdadera operación contra su Gobierno era la muerte de Nisman tras acusarla a ella.

La causa por la muerte de Nisman fue llevada inicialmente por la justicia criminal ordinaria, con la intervención de la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein. Pero el 1 de marzo de 2016, la jueza Palmaghini pasó el paso a la justicia federal. Fue después de una declaración de 16 horas del espía “Jaime” Stiuso habló de su convicción de que a Nisman lo habían asesinado y habían querido hacer pasar su muerte como un “suicidio”.

En Comodoro Py, después de un sorteo que derivó en una denuncia judicial, el caso recayó en manos del juez Ercolini, que –tras la pericia de Gendarmería- avanzó con el procesamiento de Lagomarsino y los custodios y le rubricó lo ocurrido como un asesinato. Aquella decisión fue firmada a fines de 2017. Lagomarsino no apeló su procesamiento. “Hay una necesidad de que a Nisman lo hayan matado. Pero esa necesidad en el expediente, no se ve”, dice el técnico informático ante la prensa. “Para la Justicia soy un caso rarísimo: le di un arma registrada a mi nombre a un comando asesino, para que mate un fiscal de la Nación que acaba de denunciar al presidente. ¿Quién puede ser tan estúpido?”. Para el juez Ercolini, eso también fue parte del plan para instalar la idea del suicidio.

Desde hace siete años, la causa sigue teniendo muchas preguntas sin respuestas. Quiénes lo mataron. Por qué. Para qué. El misterio sigue abierto.

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