Con cierto realismo y con extraña pretensión de dominio de la agenda externa, el Gobierno explica muchos de sus movimientos en función de las dilatadas tratativas con el FMI. En esa línea, por ejemplo, reclama aval político para cerrar las negociaciones por la deuda -hasta ahora, sin que trascienda el contenido- y presenta el consenso casi como el punto central de un examen ante el Fondo y, más aún, ante Washington. Pero a la vez, por propia voluntad, retoma la ofensiva sobre la Corte Suprema, un elemento de choque frontal con la oposición. Es quizás el punto más llamativo de ese juego doble.
En Olivos, lamentan la combinación de condiciones adversas -ola de calor, coronavirus- y males heredados. Algo externo, sin cargas propias, tampoco frente a la deteriorada relación entre los principales espacios políticos, con sus internas y desconfianzas. Expone cierta ajenidad o desconexión con el agobio de los problemas cotidianos, desde los precios hasta los cortes de luz, la crisis y las idas y vueltas con el coronavirus.
Sólo el ensimismamiento interno y las necesidades domésticas -en especial, de Cristina Fernández de Kirchner- explican entonces que el Gobierno retome ahora la ofensiva sobre la Corte y, por extensión, sobre la Justicia. Nada asegura que el oficialismo logre avanzar con sus proyectos judiciales en el Congreso. Los dos más descarnados siguen frenados en Diputados: una reforma del fuero federal -que a la mala idea original agregó reparto de cargos para tener apoyo de gobernadores- y el cambio de las reglas de juego para manejar el Ministerio Público Fiscal.
El mensaje a la Corte, más allá de las chances de concreción, es entendido políticamente como un ejercicio de presión en continuado, que afecta de un modo u otro al resto de los escalones de la Justicia. Juegan entonces factores personales, de temple, y presiones. Pero hasta el momento, y a pesar de aquella movida original de la “Comisión Beraldi”, no se conoce un proyecto realmente articulado y menos, una propuesta para intentar el diálogo con la oposición.
¿Qué sentido tiene entonces la actual escalada desde el oficialismo? En rigor, todo indica que, de mayor a menor, buscaría discutir una reformulación de la actual integración de la Corte, empezando por la vacante que a fines de septiembre dejó Elena Highton de Nolasco, antes que cualquier cuestión de fondo sobre una “modernización” del tribunal de mayor jerarquía constitucional. Más preciso parece el escenario para la pulseada sobre la nueva integración del Consejo de la Magistratura.
La cuestión sigue siendo sostener la presión. Y hasta la posibilidad de un acuerdo con el Fondo es medida en esa escala. En el círculo presidencial consideran que cerrar con el FMI fortalecería políticamente al Presidente, al punto que podría consolidar posiciones internas y saldar cuentas con CFK, con resultados concretos en el plano judicial. Eso, en el imaginario “albertista”, como base de una “centralidad”, hasta el momento siempre en discusión, que le permita imponer agenda a la oposición.
Pero aún en los papeles de tales escritorios de gobierno, resulta contradictorio sino infantil suponer que la lectura de la realidad local que hace Washington depende de las señales que busca exportar el Gobierno -por ejemplo, la difusión de encuentros con empresarios o la postal con gobernadores, todo en función de las conversaciones con el Fondo- y no del conjunto de movimientos del oficialismo.
La ofensiva sobre la Corte es doblemente ilustrativa. Genera conflicto con la oposición, es decir, opera en contra de la declarada necesidad de consensos políticos. Y constituye una muestra -al menos, como pretensión- de avance sobre otro poder del Estado.
Eso último no es un dato menor hacia Estados Unidos, y más aún cuando el objetivo que se repite en estos días es vencer resistencias para coronar con el FMI. No se estaría considerando que, a pesar de un menor efecto que el esperado con su llegada a la presidencia, Joe Biden dio señales de intentar recuperar terreno en la región y de imponer la marca demócrata en la agenda internacional.
En esa dirección, se anotaron temas como la reconsideración del cambio climático, punto de “coincidencia” destacado por Alberto Fernández, y también rubros incómodos para el oficialismo local, entre ellos la demanda por los derechos humanos -con foco en Venezuela y Nicaragua- y el discurso institucional sobre el funcionamiento de las democracias.
Por supuesto, encienden alarmas -empezando por las locales- episodios como el de la reciente participación argentina en la ceremonia reeleccionista de Daniel Ortega. La presencia en Managua del iraní Moshen Rezai y los reclamos tardíos del gobierno argentino profundizaron señales negativas, según la propia interpretación de Olivos, en medio de las gestiones de Jorge Argüello y Gustavo Beliz -siempre apuntados por el kirchnerismo duro-, y en las vísperas del viaje de Santiago Cafiero a Washington.
En otro renglón, diferente, se inscriben las citas internacionales del Presidente. El viaje a China, a principios de febrero, ya tenía confirmada reunión con Xi Jimping -con la vidriera que representan los Juegos Olímpicos de invierno- y acaba de sumar escala en Moscú para un encuentro con Vladimir Putin. Alberto Fernández busca mostrar estas citas -y el viaje del canciller a Estados Unidos- como un mensaje de equilibrio y mulilateralidad en las relaciones externas. El kirchnerismo duro, en cambio, se entusiasma con una retorcida mirada ideológica sobre los puentes con Moscú y Beijing.
En la previa a los viajes, y con renovado espíritu de batalla, será realizada la marcha para “echar” a los jueces de la Corte. La ofensiva del kirchnerismo duro tuvo aval explícito del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y un guiño de Aníbal Fernández. Más grave, Alberto Fernández volvió a criticar a la Corte. No puede desconocer el eco, interno y externo, por su condición de Presidente y por el contexto.
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