El Frente de Todos dio el primer paso para iniciar un juicio político al Procurador bonaerense, Julio Conte Grand. El proceso es complejo y requiere del respaldo de la oposición. La avanzada tomó cuerpo definitivo tras la aparición del video donde el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, expresaba su deseo de contar con una “Gestapo”, fuerza de choque, contra los gremios de la provincia de Buenos Aires.
El oficialismo precisa de los dos tercios de los votos para darle inicio al tratamiento del proyecto que luego se aprueba con mayoría simple. Ese número no lo tiene y requiere de un respaldo de la oposición. Por el momento eso no sucederá. Infobae había dado cuenta de la distancia que tomaba Juntos ante la movida del oficialismo. Luego la mesa provincial de la alianza opositora lo terminó de confirmar explicitando, a través de un comunicado, que no darían su voto para remover a Conte Grand.
Sin embargo, la unidad mostrada hacia la defensa del jefe de los fiscales y ex Secretario Legal y Técnica durante la gestión de María Eugeina Vidal no se traduce en otras discusiones que atraviesan y atravesarán a la oposición bonaerense en el corto y mediano plazo.
Es que el cierre de año en términos políticos dentro de la provincia de Buenos Aires implicó la aprobación de la ley de Presupuesto 2022, la Ley Fiscal Impositiva, la modificación a la ley elimina las reelecciones indefinidas a intendentes, la designación del Defensor del Pueblo y los directores del Banco Provincia de Buenos Aires. Sin embargo no se votaron todas las designaciones en los organismos de control. Solo fueron elegidas las que le corresponden al oficialismo. Los nombres en la oposición siguen en debate. En un escenario optimista en Juntos creen que en marzo podría darse por terminada la discusión.
Se trata del Defensor Adjunto General para la Defensoría del Pueblo, el Defensor Adjunto de Derechos Humanos y Usuarios de Servicios de Salud y el Defensor Adjunto de Medio Ambiente y Asociaciones Civiles.
En la última sesión del año, hubo acuerdo para revalidar en su cargo a Guido Lorenzino como Defensor del Pueblo. Lorenzino había sido designado titular de la Defensoría durante la gestión de Vidal, como parte de un acuerdo entre el peronismo y la entonces gobernadora. Pese a que la actual oposición intentó poner sobre la mesa de negociaciones ese cargo, el peronismo consiguió la continuidad del ex diputado peronista además de la de Walter Martello como Defensor Adjunto General, en este caso representando al Frente Renovador de Sergio Massa.
Donde tampoco hubo acuerdo dentro de las distintas línea de la oposición, y es otro tema que se debe cerrar en marzo, es con las postulaciones para los lugares en el directorio del Banco Provincia. En la última sesión del año, el Ejecutivo propuso las renovaciones de Sebastián Galmarini (por el Frente Renovador), Humberto Vivaldo (referenciado en el diputado Mariano Cascallares y ex funcionario del municipio de Almirante Borwn), Alejandro Formento (un abogado propio del presidente del banco, Juan Cuattromo y el gobernador Axel Kicillof) y el del concejal y ex senador por el peronismo, Daniel Barrera (impulsado por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y la vicegobernadora, Verónica Magario). Sin embargo, quedaron cuatro lugares vacíos. Lo que se votó le permite al directorio seguir funcionando, aunque al límite del quórum.
“No quedó todo bien. Las tensiones existen y quedó demostrado después de la votación por la modificación a la ley que limita las reelecciones indefinidas”, admite un diputado del bloque de Juntos en la Cámara baja provincial. Hace referencia al cruce discursivo entre el diputado Alex Campbell (vidalismo) y Maximiliano Abad (radicalismo) al momento de hacer uso de la palabra. Mientras que el primero rechazó los cambios que habilitaron a los intendentes a ir por un nuevo mandato en 2023 y cuestionó a los propios al decir que buscaban privilegios para continuar en el cargo, Abad contestó -sin nombrarlo- que ni él, ni ningún legislador tenía privilegios, por el contrario tenía el derecho a ser electos.
Además, Abad -que es el presidente del interbloque de Juntos- refutó la posición del vidalismo al marcar que el decreto que reglamentó la ley, firmado por la propia ex gobernadora hacía que los cuatro años de mandato se terminaban convirtiendo en seis, ya que los intendentes -en su mayoría del peronismo- optaban por tomar licencia antes de finalizar el segundo período de gobierno y así ir por un tercer mandato. Eso, a partir de las modificaciones votadas en la madrugada del 29 de diciembre, no será posible ya que el pedido de licencia no dará inmunidad para anotarse en una tercera postulación consecutiva.
Los desacuerdos por estos temas siguen. Por el momento no ponen en peligro la unidad de los bloques pero sí ensanchan las diferencias dentro de la alianza opositora. Sin embargo, la decisión del Frente de Todos de pedir un juicio político contra el Procurador tuvo reacción -casi- inmediata en Juntos.
En bloque salieron a cruzar la avanzada del oficialismo. “Juntos por el Cambio se compromete a no avalar con su voto el atropello institucional bajo la forma de juicio político que propone el oficialismo”, aseguraron con un comunicado que lleva la firma de la mesa de Juntos en la provincia de Buenos Aires.
En la misma declaración aseguran que “frente a los ataques reiterados de distintos referentes del oficialismo provincial, sin sustento legal, que desde que comenzó su gestión han intentado desestabilizar y forzar la renuncia del Procurador General, Juntos por el Cambio sostiene la necesidad de respetar el marco institucional y los fundamentos democráticos previstos por la Constitución”. Al posicionamiento de ambos bloques de Juntos tanto en el Senado como en Diputados, es coincidente con la postura que anteriormente había exteriorizado el bloque Cambio Federal, que está integrado por el diputado Walter Carusso, que responde al intendente de San Isidro, Gustavo Posse y Martín Domínguez Yelpo, referente de la UTA.
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