Preocupado por las consecuencias de los contagios de coronavirus en la economía, el Gobierno evalúa medidas para reducir el impacto de la cepa Ómicron, que genera un alto nivel de ausentismo laboral en perjuicio de distintos sectores de la industria y el área de servicios. Una propuesta de los empresarios es ampliar la flexibilización de los protocolos, que ya se modificaron la semana pasada, mientras sigue avanzando exponencialmente a nivel comunitario la nueva variante del coronavirus.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, participó ayer de una reunión en la sede de Economía con el titular de esa cartera, Martín Guzmán, y el de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, empresarios y sindicalistas. Aunque los resultados del encuentro, se mantuvieron bajo llave, algunos de los participantes dejaron conocer algunos lineamientos que les brindaron los representantes del Gobierno.
Al finalizar el encuentro, el líder de los trabajadores de la sanidad e integrante del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, confirmó a periodistas acreditados en la Casa Rosada que los empresarios plantearon el tema del ausentismo por contactos estrechos. Aunque descartó que se vaya a implementar un pase sanitario en plantas industriales, adelantó que la ministra y los empresarios “quedaron en que iban a trabajar para encontrar una salida”.
Por su parte, el CEO de Syngenta Argentina, Antonio Aracre, brindó más detalles. En diálogo con FM La Patriada, confirmó que Vizzotti se comprometió a “armar un protocolo más flexible la semana próxima” ante los reclamos por el creciente ausentismo laboral. Según diagnosticaron los empresarios, los registros en este sentido alcanzan el 20%, derivados principalmente de los contactos estrechos.
Desde la cartera de Salud dijeron a Infobae que registran que “el tema de los aislamientos es un problema para la economía” y atribuyeron a ese motivo los cambios que hicieron la semana pasada en las recomendaciones de aislamiento. Desde entonces, la cantidad de días de reclusión obligatoria fue disminuida a 5 días para aquellas personas con contactos estrechos asintomáticos que hayan completado sus esquemas de vacunación, con distintos lineamientos para cada caso. Desde el área sanitaria aseguraron que estas pautas continúan, pero que se encuentran “bajo evaluación permanente”.
Ayer, Salud infornó que en las 24 horas previas se habían registrado 40 muertes y 109.608 contagios de coronavirus. A un año y diez meses del inicio de la pandemia y con más de 33 millones de vacunados con el esquema completo, la Argentina superó así los 100 mil casos diarios de COVID-19 por primera vez y duplicó la cifra de contagios en una semana.
El panorama, con los centros de testeo en buena parte del país colapsados, inquieta especialmente a las autoridades y a los empresarios por sus consecuencias en la golpeada actividad económica, que se encuentra en proceso de recuperación después de los sucesivos cierres de los últimos dos años de pandemia en un marco de alta inflación y recesión.
En la reunión, Vizzotti “hizo mucho eje en trabajar junto al Gobierno, los sindicatos y las empresas en el tema de los protocolos”, mientras que Zabaleta y los sindicalistas “plantearon mucho el tema de los planes Potenciar, para convertirlos en trabajar genuino. Queremos volver a poner el eje en la economía, el sector privado y los sindicatos”, dijo una fuente oficial al tanto de lo conversado en el encuentro.
Teniendo en cuenta que las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) están funcionando a niveles aceptables y la baja intensidad de los síntomas debido a la barrera de la inoculación, el Gobierno no piensa por el momento en implementar nuevamente restricciones a la circulación. En cambio, apuesta a la expansión de la vacunación y a la responsabilidad individual en el cumplimiento de los protocolos; y en el ámbito laboral baraja opciones puntuales de eventual relajamiento en las medidas de aislamiento por contactos estrechos para morigerar el impacto en las industrias. Aún no se estableció la fecha en que serían anunciadas, pero los parámetros que siguen en Salud se basan en la prioridad principal para las autoridades, que giran en torno a limitar los perjuicios para la actividad económica.
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