Causa Gestapo: el Frente de Todos pedirá un juicio político contra el Procurador bonaerense

El Frente de Todos prepara el terreno para iniciar la avanzada formal contra el Procurador bonaerense Julio Conte Grand en medio de la causa por posible espionaje y persecución sindical en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Para ello se convocó a una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados bonaerense, en La Plata, donde diputados oficialistas sentaron posición al respecto y anunciaron que harán la acusación necesaria ante la Cámara para iniciar el proceso para intentar remover al titular del Ministerio Público

“Conte Grand no puede estar un minuto más al frente de la procuración”, aseguró la diputada Susana Gonzalez, del Frente de Todos, una de las legisladoras que encabezó el anuncio. La legisladora aseguró que “la filmación que se dio a conocer - donde el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas habla de tener una “Gestapo” para avanzar contra los gremios- no es más que una pequeña parte de todo lo desplegado por la mesa judicial, de lo que el gobierno de Macri y de Vidal realizaron en nuestra Provincia en un intento de disciplinamiento a jueces, juezas, fiscales y fiscalas, cuando no querían fallar conforme a los intereses del modelo político y económico del ex presidente y de la ex gobernadora”.

Por su parte, el diputado oficialista Rubén Eslaiman agregó: “No nos vamos a quedar solamente con los diputados, vamos a buscar consenso con los otros bloques políticos, donde se encuentran radicales, miembros de la Coalición Cívica, quienes fueron espiados y estamos pensando que siguen siendo espiados por esos mismos actores que aún perduran”.

En tanto que el presidente del bloque del FdT en la Cámara de Diputados bonaerense, César Valicenti fue quien remarcó que en el periodo 2015-2019 se ejecutó “una dinámica política, mediática y judicial de la que fue víctima la sociedad en su conjunto, porque sin ese método de persecución, disciplinamiento y espionaje no se podría haber avanzado en un proyecto económico, político y de una mirada de función del Estado”. Agregó que “la Provincia no estaba exenta de ese mecanismo cuyo fin último era disciplinar a la sociedad organizada para que no tenga niveles de crítica contra el modelo de fuga de capitales, endeudamiento, destrucción del aparato productivo e intento de eliminación de la política que se ejecutó durante 4 años. Como representantes del pueblo tenemos el deber de avanzar con el juicio político, mecanismo que nos confiere la Constitución provincial, al Procurador General Julio Conte Grand, involucrado como actor clave en este proceso”.

Para avanzar con el juicio político se necesitan los dos tercios de los votos de ambas cámaras; un número que el oficialismo hoy no tiene. Ante este escenario, Infobae había dado cuenta de la avanzada que pergeñaba el oficialismo para traccionar la renuncia de Conte Grand, por su eventual participación en la llamada mesa judicial bonaerense y su manifiesta identidad política hacia la gestión de Cambiemos, ya que antes de ocupar ese cargo fue el Secretario Legal y Técnica de la gestión de Vidal.

El cargo que ostenta Conte Grand -el jefe de los fiscales y defensores de la provincia de Buenos Aires- siempre fue objetado por el kirchnerismo. Pero la semana pasada, esa posición ganó volumen al conocerse un video de junio de 2017 en el que el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas sostuvo que si tuviera “una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. En esa misma reunión, en la que participó el intendente de la capital provincial, Julio Garro; el senador bonaerense Juan Pablo Allan; el ex subsecretario de Justicia, Adrián Grassi y -según denunció la vicepresidenta Cristina Kirchner- integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), además de empresarios de la construcción de La Plata en conflicto con el entonces secretario general de la Uocra La Plata, se planteó la coordinación entre integrantes del gobierno de entonces, de la Justicia y de los empresarios para acusar al sindicalista por sus prácticas sindicales. Allí, Villegas reconocía: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”. Tres meses después, Medina quedó detenido.

Pero la remoción de Conte Grand no es sencilla para el oficialismo. Se necesita de un proceso a iniciarse en la Legislatura bonaerense en el que, producto de la paridad de la composición en las fuerzas políticas, no están los votos necesarios. “Son mecanismos complejos, pero no podemos convivir con este escándalo solo por falta de número. Por eso es que estamos pidiendo que Conte Grand dé un paso al costado”, le dijo días atrás a Infobae, la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García. Ahora, el oficialismo buscará abordar esos “mecanismos complejos”.

Para iniciar un proceso contra Conte Grand, el camino debiera empezar en la Cámara de Diputados bonaerense. El oficialismo debería acusarlo por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo. Para ello requiere los dos tercios de los presentes. En la Cámara baja, con todos sus integrantes en el recinto, ese número es de 62 votos. El Frente de Todos cuenta con 43 bancas, mientras que Juntos tiene 40 legisladores. Al oficialismo le faltan 18 votos. Aunque, el proceso no termina allí.

La constitución provincial establece en su artículo 74 que “cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra sus personas, sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la Legislatura haga lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado”. Una vez recién avanzado en ese punto, se le da curso a la actuación del Senado donde también se precisan de los dos tercios. Hoy el Frente de Todos tiene la misma cantidad de senadores que el oficialismo: 23 bancas.

La denuncia penal ya fue asentada por la propia AFI, que halló los videos, en el Juzgado Federal n°3, a cargo de Ernesto Kreplak y por ahora avanza. El magistrado ordenó hoy una serie de allanamientos en domicilios vinculados a media docena de ex funcionarios de la AFI y del gobierno de María Eugenia Vidal que aparecen en el video presentado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde el ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, habla de crear “una Gestapo” para armar causas judiciales.

Además del pedido de juicio político, los legisladores adelantaron que se pedirán oficios a la AFI y se citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios, entre ellos al Juez de Garantía de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale; al Fiscal General de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, a los sindicalistas Pablo y Hugo Moyano; la directora de la Alcaldía Nº3 de Melchor Romero, Natalia Beatriz Roussillón, la interventora de la AFI Cristina Caamaño, Roberto Cipriano García, el ex ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, el Viceministro de Justicia bonaerense, Adrián Grassi, el intendente de La Plata, Julio Garro; el ex agente de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano y al senador provincial, Juan Pablo Allan.

SEGUIR LEYENDO: