El Gobierno prepara el temario y estudia convocar a sesiones extraordinarias a mediados de enero

Pasaron las fiestas y el Gobierno nacional busca retomar la iniciativa política. Al menos, desde el punto de vista parlamentario. En los últimos días, los principales funcionarios de la Casa Rosada trabajaron en lo que será el temario que se buscará enviar al Congreso para que sea tratado en sesiones extraordinarias.

Aunque aún no está definida la fecha del llamado, desde el Ejecutivo avisaron a sus legisladores que tengan disponibilidad a partir del lunes 17 de enero. Y, aunque en los pasillos del Palacio Legislativo algunos especulan con que la primera sesión del año podría llegar a ser el miércoles 26 de enero, lo más probable es que comiencen las comisiones pero que no se llegue a un acuerdo para sesionar antes de febrero.

Mientras se termina de definir el temario, y también si se abre la puerta para sumar algún proyecto en donde la oposición tenga más letra como puede ser las modificaciones a la ley de alquileres, algunas de las iniciativas en las que el Gobierno buscará avanzar ya fueron ingresadas a la Cámara de Diputados.

Desde el punto de vista económico, se espera que en las sesiones extraordinarias el Ejecutivo disponga discutir 6 proyectos que entiende claves para la Argentina de la recuperación y que generarían, según estimaciones del Gobierno, USD 105.000 millones en exportaciones, crearían 800.000 puestos de trabajo y traerían inversiones por USD 2.000 millones durante la próxima década. Estos son Ley de Hidrocarburos; la Ley para el Desarrollo Agroindustrial; la ley de Compre Argentino; la Ley de Electromovilidad y la Ley de Industria Automotriz.

Ley de Hidrocarburos buscará generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo, el nuevo régimen jurídico para el sector autopartista y automotriz busca aumentar el volumen y el saldo exportador y generar incremento de la oferta de empleo del sector. En ambos casos, establece el acceso al mercado cambiario sobre el incremento exportador.

Además, el proyecto busca renovar el Régimen de promoción de la construcción, es decir, el blanqueo de capitales para el sector, algo que en el sector fue bien recibido durante el 2021 pero tuvo una mala aplicación porque no se cumplieron con los plazos establecidos en la ley.

En el caso de la ley de Electromovilidad propone incentivos impositivos, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años. La intención del Gobierno es, entre varios puntos, reconvertir la industria extractiva del litio para fabricar en el país baterías, que el transporte público de pasajeros se transforme en 10 años a la energía no convencional y todos los vehículos marchen hacia la producción de híbridos o eléctricos a gran escala. A partir de esto es que apunta tanto al transporte público, como los autos particulares y hasta las bicicletas.

La ley para la agroindustria busca el agregado de valor y corregir las distorsiones de precios. Entre los puntos más importantes de la norma está que otorga un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas, y uno de los puntos que más discusión genera que es la definición de la ganadería como un bien público de consumo popular.

En el caso de la ganadería, y con el fin de atenuar la discusión respecto, la norma establece que los productores ganaderos, ante la valuación de hacienda vacuna para el impuesto a las Ganancias, podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde.

Pero hay otros que ya llegaron al Congreso. Uno de ellos es la modificación de la ley del Monotributo. El proyecto de redefinición de escalas de monotributo, que ya ingresó al Congreso y que, de aprobarse, implicaría por ejemplo que las categorías A, B y C pagarían menos. Estarán exentas por un tiempo del componente impositivo, la obra social será optativa y solo deberán realizar el aporte previsional. Además, establece un pasaje al régimen tradicional.

Para las categorías D y superiores, exime del impuesto integrado en los primeros 24 meses. Del mes 25 al mes 36 abonan el 50% y del mes 37 al 48 pagan el 75%. En el caso del componente previsional, la exención es por un año mientras que en el segundo año pagan el 25% del aporte; en el tercero el 50% y en el cuarto, el 75%.

El otro proyecto que ya ingresó al Congreso es el de Compre Argentino, que modifica la sancionada en 2018 y establece la preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional, empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados.

El Fondo Monetario

Hay dos proyectos que están intrínsecamente atados a la negociación con el Fondo Monetario Internacional que pasarán por el Congreso de la Nación durante las sesiones extraordinarias. El primero de ellos es el nuevo Pacto Fiscal firmado con las provincias y el segundo el Plan Plurianual. A este binomio se le sumará, en el caso de que se alcance, el entendimiento con el organismo de crédito.

El entendimiento entre el Gobierno Nacional y casi la totalidad de las provincias tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional y por las legislaturas provinciales y establece nuevos techos para las alícuotas a los Ingresos Brutos, mantiene el impuesto a los Sellos -caía el 1 de enero de 2022- con sus alícuotas y abre la posibilidad para que aquellos estado subnacionales que no aplican el impuesto a la herencia lo lleven adelante.

En lo que se refiere al Plan Económico Plurianual, todavía reina la incertidumbre y la incognita. Alberto Fernández lo anunció, mediante un mensaje grabado luego de las elecciones legislativas, y dijo que “la primera semana de diciembre” lo enviaría al Congreso. El detalle es que incluiría la línea de negociación que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

En la discusión sobre el Presupuesto 2022 apareció el pedido de parte de la oposición y el ministro de Economía, Martin Guzmán, esquivó dar definiciones. Sin embargo, en los últimos días, en una entrevista que brindó al diario El País de España, el funcionario dijo que el país “está listo para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo más rápidamente posible” y que una vez que se cierre ese entendimiento se enviará al Congreso el plan plurianual “porque la política de estabilización macroeconómica más que política de Gobierno debe ser política de Estado”.

La agenda de Justicia

Hay un punto que desde la Casa Rosada vienen insistiendo desde el 10 de diciembre de 2019 y es la agenda de Justicia. Y esto estará presente en el listado de temas de extraordinarias.

Uno de los primeros puntos, y en donde el Gobierno busca avanzar con premura por los tiempos que impuso la Corte Suprema de Justicia, y es la Reforma del Consejo de la Magistratura. El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo eleva el número de integrantes de 13 a 17, mantiene el estamento político: tres diputados, tres senadores, un representante del Poder Ejecutivo (total 7) y lo que hace es aumentar la representación de jueces (3), académicos (2) y abogados (1): pasarían a ser 4 jueces, 2 académicos y 4 abogados

Una de las novedades que trae el proyecto es que establece la posibilidad de que el Congreso pueda designar representantes, aunque no sean diputados y senadores

El segundo punto de la agenda judicial es la designación de un nuevo procurador general de la Nación. Y en este caso el Ejecutivo, las fuentes consultadas señalan que insistirá con la designación para ese cargo del juez Daniel Rafecas.

El problema con el que se va a enfrentar el Ejecutivo es que el tratamiento, que estaba listo para llevarlo a discutir al recinto, volvió a foja cero en la Cámara Baja. La nueva Ley del Ministerio Público Fiscal en Diputados deberá ser tratada nuevamente en las comisiones si quieren que sea llevada al recinto y el escenario cambió, hoy la paridad entre el oficialismo y la oposición es mayor.

Sin embargo, en la Casa Rosada apuestan a los dichos de algunos sectores de la oposición que entienden que Rafecas es “el menos malo” de los que puede llegar a proponer el Ejecutivo. La intención es apurar la discusión teniendo en cuenta que desde finales de 2017, no hay un Procurador General de la Nación.

SEGUIR LEYENDO