La guerra sin fin que se abrió en Juntos por el Cambio por la reelección indefinida de los intendentes

Ya nada será igual en Juntos por el Cambio. En 2021 ganó las elecciones legislativas, pero luego protagonizó cuatro traspiés consecutivos que dejarán secuelas traumáticas entre sus propios dirigentes y ante la sociedad. ¿Dilapidó rápidamente el capital político que obtuvieron en las urnas? ¿Podrá recomponerse sin ceder terreno para aspirar a volver al poder en 2023? El año nuevo comienza con muchos interrogantes para JxC. Demasiados, probablemente.

Los cuatro errores no forzados de la coalición opositora tendrán consecuencias en términos de imagen ante el electorado que todavía no están medidas. No sólo por los desaciertos del Frente de Todos se registró el año pasado la participación más baja en una elección general desde el retorno de la democracia y el crecimiento del liberalismo y la izquierda a expensas de los partidos tradicionales.

El primer traspié se produjo cuando dos de los líderes del radicalismo, Gerardo Morales y Martín Lousteau, casi terminan a las trompadas por la designación del jefe del bloque de diputados: los gritos y un vaso roto en medio de una discusión representaron lo contrario a lo que se había votado: la lucha despiadada por los cargos, las discusiones a espaldas de la gente, la desconexión con los problemas concretos de un país atrapado por la pandemia y la crisis socioeconómica.

El segundo error no forzado tuvo lugar cuando la euforia por haber derrotado al kirchnerismo en la votación por el Presupuesto 2022 de la Cámara de Diputados se convirtió en ese tropiezo con visos de papelón que fue la derrota ante el oficialismo por un voto de las modificaciones en el Impuesto a los Bienes Personales. De las tres ausencias que explicaron el fracaso legislativo, hubo una que no se puede cuestionar: la de la diputada Camila Crescimbeni, diagnosticada con COVID-19 antes de la sesión. Pero los viajes del larretista Álvaro González y de la radical Gabriela Brouwer de Koning serán fantasmas que perseguirán a JxC como símbolos de esa “casta política” que la sociedad rechazaba aun antes de que Javier Milei utilizara ese rótulo como ejemplo de una dirigencia con privilegios.

González se perdió una sesión clave para asistir al casamiento de su hija a Alemania, pero causó más estupor la ausencia de Brouwer de Koning, enrolada en el sector del senador Lousteau, el mismo que predica la renovación dirigencial en Juntos por el Cambio: la diputada es una debutante en la Cámara de Diputados de la Nación, proviene de una familia de políticos de Río Tercero, Córdoba, y faltó a la segunda votación decisiva de su flamante carrera como legisladora, a once días de haber asumido, para viajar a Disney con su familia. “Pensé que había terminado el año con la sesión del Presupuesto”, fue su explicación, que en las redes sociales causó tanta indignación como su faltazo.

El tercer traspié de JxC pasó más inadvertido porque impactó sobre todo en una parte de la dirigencia opositora: la recomposición de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio dejó una ola de quejas reservadas de referentes que esperaban modificaciones profundas y una nueva integración que fuera compatible con el nuevo mapa de la coalición que quedó perfilado luego de las elecciones.

¿Cómo se explica que en la nueva conducción nacional no tengan presencia figuras que se afianzaron con resonantes triunfos electorales como Diego Santilli, Luis Juez, Carolina Losada o Rogelio Frigerio? ¿Por qué la nueva Mesa Nacional de JxC es prácticamente la misma que la anterior? ¿Alcanza para representar al interior crear una Mesa Federal, una superestructura que se sumará a la existente?

Pero el cuarto traspié de Juntos por el Cambio quizá sea el que dejará más heridos, tanto en la propia dirigencia como ante la opinión pública: la ley que habilitó a los intendentes bonaerenses a poder presentarse de nuevo en 2023, pese a haber sido elegidos en 2015 y haber cumplido con dos mandatos consecutivos, fue un misil con alto poder destructivo en términos políticos y de imagen.

María Eugenia Vidal salió en defensa de la ley que impulsó en 2016, en acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa, para eliminar la reelección indefinida. Lo mismo hizo la conducción nacional del PRO, con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich a la cabeza. Los intendentes del partido se resistieron, al igual que los de la UCR: consideraban que había condiciones nada igualitarias para ellos ya que una veintena de colegas del Frente de Todos eligió el atajo de tomarse licencia para estar en condiciones legales de competir para volver a sus cargos en 2023.

Esa posibilidad se las brindó un resquicio que surge del propio decreto reglamentario de la ley que promovieron Vidal y Massa, según el cual si no hubo un ejercicio del cargo de más de dos años y un día, no se computa el período de gestión. A esa interpretación se aferraron los intendentes del Frente de Todos para eludir la prohibición de la reelección indefinida. Este laberinto derivó en las negociaciones entre oficialistas y un sector de la oposición para acordar una fórmula que fuera un punto intermedio entre mantener vigente la ley y, a la vez, ponerle un límite a las re reelecciones. La herramienta fue un proyecto que presentaron los senadores provinciales por JxC Juan Pablo Allan y Joaquín de la Torre (quien firmó, como ministro de Vidal, el polémico decreto reglamentario).

“Este año, a través del voto, todos los argentinos han sido claros y contundentes: quieren cambiar y están hartos de los atajos políticos y de que las normas sólo se cumplan cuando conviene”, afirmaron en un comunicado Vidal, Cristian Ritondo y legisladores del vidalismo, que resistieron también el proyecto de Allan y De la Torre por considerar que dejaba con vida a la reelección perpetua.

En la sesión del Senado bonaerense, Allan explicó que la ley original de Vidal “ha demostrado tener en la práctica algunas deficiencias en combinación con el decreto reglamentario” ya que no impidió que la reelección indefinida “siga vigente, con una diferencia: dos mandatos ya no son ocho años, sino seis: quien asumió en 2015, haya sido reelegido en 2019 y haya tomado licencia o renunciado un día antes del 31 de diciembre de 2021, ese segundo mandato no cuenta como tal y puede volver a presentarse en 2023, 2027 y en 2029 puede volver a pedir licencia y así hasta el infinito”.

“Proponemos un cerrojo para que la voluntad del legislador no encuentre un resquicio el día de mañana vía reglamentaria”, planteó el senador bonaerense de Juntos. El proyecto, finalmente con el voto dividido tanto en el oficialismo como en la oposición, se convirtió en ley. En su derrotero hacia la aprobación, fue cuestionado en las redes sociales porque se interpretó que es una ventana hacia la reelección indefinida y causó estragos en las filas de la coalición opositora.

La misma Bullrich que había rechazado la reelección indefinida en sintonía con sus pares del PRO, cambió de posición y pasó a respaldar el proyecto de Allan-De la Torre. “Lo primero que se debería derogar es el decreto reglamentario -dijo la semana pasada-. La ley de 2016 decía que eran dos mandatos consecutivos. Eso es razonable. Luego, en 2019, se planteó que se renunciabas o pedías una licencia dos años antes, no se tomaba como mandato. Entonces, ahí hay una trampa. Por eso, se escaparon 20 intendentes del justicialismo y el kirchnerismo que se fueron para ser reelectos. Se generó una situación confusa. La reglamentación dio lugar a esa trampa”.

Lo que sucedió es que Allan fue uno de los que le explicó a Bullrich el dilema que representaba mantener sin cambios el decreto reglamentario. Si alguien hizo lo mismo con Macri, no tuvo el mismo resultado: para el ex mandatario, “los intendentes peronistas encontraron un agujero en la reglamentación y se sintió que había un espacio para igualar situaciones, pero eso desnaturaliza nuestro compromiso”. “Yo creo que en la alternancia; no creo que nadie sea imprescindible. Es importante la alternancia para darle transparencia, dinámica -consideró-. Tenemos que fortalecer mecanismos que nos acerquen a la transparencia y lo que pasó hace algunas horas (por el proyecto votado por la Legislatura bonaerense) va en la dirección contraria”.

Jorge Macri, el intendente de Vicente López que pidió licencia para ser ministro de Gobierno porteño, ya había apoyado la iniciativa que modificó el decreto reglamentario. No fue una opinión más: el primo del ex presidente es el jefe del PRO bonaerense, que no se pronunció sobre el tema, a diferencia de la conducción nacional del partido. Rodríguez Larreta y Santilli recibieron las quejas de seis intendentes del PRO por la postura de Vidal, que los dejaba asociados con la reelección indefinida.

El jefe de Gobierno, elástico como pocos en sus posicionamientos internos, escuchó a unos y otros, pero públicamente cuestionó las reelecciones indefinidas sin entrar en detalles. “Horacio fuma mientras está lloviendo”, definió un referente de JxC.

No hubo declaraciones sobre el tema de una dirigente tan locuaz como Elisa Carrió, aunque sí existió un comunicado de prensa de la Coalición Cívica, en línea con la postura de Macri y Vidal: “No queremos nuevos barones en ningún municipio de la Provincia -aseguró-. Convalidar una nueva reelección de intendentes, concejales y consejeros constituye una estafa a millones de bonaerenses que confiaron y aún confían en el cambio que prometimos e iniciamos en 2015″.

Las fisuras en JxC dejarán heridas. Los intendentes del PRO que apoyaron el proyecto “reformista” de la reglamentación juran que no olvidarán la forma en que Vidal y sus aliados los dejaron mal parados ante la opinión pública, aunque los únicos que explicitaron que no buscarán una nueva reelección fueron Néstor Grindetti (Lanús) y Martín Yeza (Pinamar). ¿Le quitará apoyos a la candidatura a gobernador de Ritondo? ¿Y la de Santilli, otro aspirante a suceder a Axel Kicillof?

En el grupo de WhatsApp de los intendentes del PRO hubo una postura que se sigue respetando: no contestarle a Vidal, bajarle los decibeles al tema y apostar a que el clima adverso se irá diluyendo.

Bullrich puede sacar provecho de su viraje: los jefes comunales de su partido ahora la miran con mejores ojos y podrían bendecir con entusiasmo su desembarco en la provincia de Buenos Aires, primero en la costa atlántica durante los meses de verano y luego en el resto del territorio desde marzo, que será una pieza clave de su armado político para apuntalar su proyecto presidencial.

En la UCR tratan de echar una pátina de olvido al tema para no quedar salpicados por el rechazo que causó en la sociedad el proyecto votado por la Legislatura bonaerense y, como desde un sector del PRO, protestan porque, a su juicio, “Vidal tuvo una postura demagógica y no hizo autocrítica: el problema comenzó con el decreto reglamentario que se dictó durante su gobierno”.

Para la ex gobernadora, aferrada a la bandera contra la reelección indefinida y decidida a lanzar su proyecto presidencial, “hay dirigentes que no entendieron el sentido de lo que votó la gente”. Cree, por eso, que los intendentes que optaron por la maniobra para tener un mandato más en 2023 serán “castigados en las urnas”. El traspié puede terminar perjudicando a todo Juntos por el Cambio, sin distinciones. Ya lo advirtió Macri en su carta de fin de año: “La sociedad nos está mirando con mucha atención. Hay que demostrar que no somos iguales a los kirchneristas”.

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