El Gobierno repartirá los fondos de obras públicas a gobernadores oficialistas a través de decisiones sin control parlamentario

Sin ley de Presupuesto 2022, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior trabajan a contrarreloj en la letra chica de las Decisiones Administrativas (DA) a través de las cuales erogarán los fondos previstos para obras en las provincias, que quedaron en suspenso luego del rechazo de la oposición al proyecto de ley económica que había enviado el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, hay inquietud en los distritos opositores, donde esperan que se los tenga en cuenta en el reparto y advierten sobre la discrecionalidad.

El delineado de las Decisiones Administrativas se inició hace dos semanas, cuando el oficialismo resultó derrotado en la Cámara baja por la falta de apoyo de Juntos por el Cambio y el interbloque federal a la ley de Presupuesto para el año que viene. Los bloques opositores y aliados esgrimieron como argumento que el proyecto del Ejecutivo era inverosímil en sus metas y proyecciones de inflación, déficit fiscal y actividad económica, entre otros indicadores. En el Frente de Todos leyeron en la postura una “clara intencionalidad política”, orientada a mostrar el poder que adquirieron en las elecciones legislativas, o a ponerle trabas al Ejecutivo.

Más allá de los motivos, el Gobierno se verá obligado a administrar el presupuesto para 2022 con la ley del año anterior, a través de la prórroga que firmó Alberto Fernández la semana pasada. El próximo paso, detallaron fuentes oficiales, será “peinar” el texto, como se denomina en la jerga jurídica presupuestaria a la corrección de los puntos obsoletos o que sea necesario añadir. Por ejemplo, la eliminación del crédito para las elecciones -innecesario el año que viene-, o bien los fondos para el censo nacional que se proyecta iniciar en los próximos meses.

Desde hace 15 días el ministro coordinador, Juan Manzur, organiza reuniones -algunas privadas, otras anunciadas- para reunir información sobre las necesidades de las provincias, los fondos disponibles del Tesoro Nacional y la intervención de los principales ministerios en el esquema para impulsar las obras que los gobernadores buscan iniciar desesperadamente en 2022.

Los encuentros continuaban sobre el filo de Año Nuevo, con participación, según el caso, de la Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; el secretario de Relaciones Económicas de la Jefatura de Gabinete, Jorge Neme, y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Raúl Rigo, con participaciones eventuales de los ministros de Obra Pública, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. En la Casa Rosada aseguraron que las obras que ya habían sido presupuestadas en 2021 o que forman parte de planes plurianuales no se verán afectadas por las decisiones administrativas. Sólo se incluirán proyectos nuevos.

“La redacción va a ser muy laboriosa”, acotaron desde Balcarce 50 sobre las Decisiones Administrativas, que deberán incluir obra por obra según cada provincia, tipo de financiamiento, fechas, y autoridad interviniente, entre otros detalles. “Vamos a trabajar las obras, las normativas para las provincias, los fondos para el Instituto Nacional Antártico, entre otros temas. Es mucho pero se va a ir haciendo”, dijo a Infobae un funcionario. En los últimos días hubo reuniones con Gildo Insfrán (Formosa) y Mariano Arcioni (Chubut), entre otros. “En todos los encuentros surgen preguntas sobre las obras. Y si no nos vemos, directamente nos envían las inquietudes por mail”, dijeron en Gobierno.

El tema se conversó, también, en el cónclave que encabezó Alberto Fernández el lunes, por la firma del nuevo Consenso Fiscal junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y todos los gobernadores -excepto el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que privilegió su estrategia judicial en la Corte Suprema por la quita de fondos coparticipables de parte de la Nación, en 2020-. Hubo entonces un nuevo reaseguro de parte del Gobierno al grueso de los jefes provinciales, que dieron apoyo al pacto. En el equilibrio con los liderazgos del Interior, el Presidente busca exhibir una señal consenso frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) en la negociación por la deuda externa.

La necesidad de tener certezas sobre el futuro de las obras en las provincias se transformó en la principal preocupación de los gobernadores apenas después de que fuera rechazado el Presupuesto. Por distintos canales, los dirigentes peronistas le reclamaron al Gobierno una respuesta frente al revés y el Presidente los recibió en Olivos, durante un almuerzo donde buscó darles tranquilidad. Los gobernadores se fueron satisfechos con la promesa de que las obras se van a iniciar.

El panorama es distinto entre las provincias opositoras -Córdoba, Mendoza, Jujuy, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires-, donde hay temor a una exclusión de la repartija de fondos. Sin ley de Presupuesto, las erogaciones dependen ahora exclusivamente de la lapicera de Manzur. En la Jefatura de Gabinete aseguraron que están “hablando con todos”. Pero desde esos distritos remarcaron que no tuvieron señales de parte del Ejecutivo, o bien, cautos, optaron por no responder a las consultas de este medio.

Aún no está pautada la fecha de publicación en el Boletín Oficial, que permitirá poner en marcha los proyectos provinciales. Pero en el Gobierno apuntan a enero. En el primer mes estival, pocos funcionarios del oficialismo tendrán tiempo para tomar vacaciones. En el tiempo que queda hasta marzo se definirán no sólo las Decisiones Administrativas para presupuestos provinciales, sino también los lineamientos finales de la renegociación de la deuda, además de una serie de leyes que el Ejecutivo quiere impulsar en sesiones extraordinarios.

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