A raíz de la decisión del Gobierno de habilitar la explotación petrolera en tres zonas que se ubican frente a las costas de Mar del Plata, un grupo de ambientalistas realizó una protesta frente a la residencia oficial en Chapadmalal. Allí el presidente Alberto Fernández se encuentra junto a su pareja, Fabiola Yáñez, para recibir el Año Nuevo.
La autorización para la explotación petrolera en tres zonas que se ubican frente a las costas de Mar del Plata se conoció sobre el cierre del año mediante la Resolución 436/2021, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Al enterarse del caso, los ambientalistas se acercaron a la residencia de Chapadmalal con carteles que reclamaban “Mar libre de petroleras”.
“No nos sorprende que hayan autorizado el inicio de estos proyectos, ni el momento en que lo hicieron”, expresaron y agregaron, según reprodujeron medios locales como 0223: “Porque nos vienen demostrando que ante el extractivismo no hay grietas, y que los distintos gobiernos de turno han sido parte del entramado político-económico que avanza saqueando nuestros bienes comunes y nuestros territorios”.
La medida
El Gobierno avanzó con la denominada “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina”, que estaba siendo analizado desde hacía varios meses y fue criticada por agrupaciones que luchan contra el cambio climático. Las autorizaciones aplican para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración off shore “CAN 100″, “CAN 108″ y “CAN 114″, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, y presentado por Equinor en sociedad con YPF y SHELL.
CAN 100 Y 108 se encuentran ubicadas a 307 km frente a la costa de la Ciudad de Mar del Plata, y CAN 114 a 443 km.
Así las autoridades nacionales concluyeron la “suspensión de plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental” de esta iniciativa y aprobaron el proyecto de la empresa noruega Equinor, la cual “deberá dar estricto cumplimiento a los términos del Plan de Gestión Ambiental”.
En este sentido, se aclaró que la firma estará obligada, por ejemplo, a “presentar el Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación”. Si no cumple con esto, “será susceptible de aplicación del régimen disciplinario establecido en el Título VII de la Ley N°17.319 y la Ley N°25.675″.
Además, el Poder Ejecutivo señaló que todas las modificaciones que pudieran ocurrir “en cuanto a la organización, permisos y responsables, en forma previa al inicio de actividades y que a la fecha de esta resolución no sea posible precisar, incluyendo la constancia de aprobación del respectivo Plan Nacional de Contingencias (PLANACON), deberán ser informadas” con antelación.
Lo mismo aplica para los cambios relativos al alcance y características del proyecto o del Plan de Gestión Ambiental, en cualquiera de sus etapas, como los referidos a “la ventana temporal de trabajo, la extensión del área de operaciones, al buque sísmico y su derrotero, y a la tecnología, arreglo o características acústicas de las fuentes sísmicas, entre otras”.
En los considerandos de la Resolución publicada este jueves, el Gobierno buscó justificar esta autorización argumentando que la empresa que realizara el trabajo ya presentó el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente y documentación complementaria.
El titular de la Secretaría de Energía desestimó además las críticas de organizaciones ambientalistas. La producción de off shore se desarrolla desde la década del 70 en el país, con 280 pozos entre exploración y explotación, afirmó.
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