El Consejo de la Magistratura analiza un plan B para cumplir con el fallo de la Corte

Entidades de jueces y abogados plantearon ayer una serie de inconvenientes para realizar las elecciones que permitan que sus representantes puedan asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación antes del 15 de abril próximo, la fecha límite que la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso para que haya una nueva integración del organismo. Por eso en el Consejo se comenzó a hablar en voz alta de una alternativa para cumplir con el plazo y la orden de la Corte: tomar los resultados de las últimas elecciones del 2018 y de allí proclamar la nueva integración.

La idea no tiene la aprobación de todos los consejeros pero surgió como una vía a explotar ante las dificultades para hacer las elecciones. Y apareció una tercera, todavía subterránea, en el estamento de los jueces: proponer un candidato de consenso entre todas las listas.

La Corte Suprema declaró la semana pasada la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Nación y de la selección y acusación de jueces nacionales y federales. La Corte señaló que no respeta el equilibrio que debe haber entre los estamentos políticos (hoy siete representantes) y los técnicos (seis) que fija la Constitución Nacional.

Así, el máximo tribunal le pidió al Congreso Nacional que dicte una nueva ley y le dio al Consejo un plazo de 120 días corridos para adecuarse. Si eso no ocurre el 15 de abril -cuando vence el plazo- debe volver a su anterior integración de 20 miembros. Y si eso no se logra todo lo que haga desde el 16 de abril será nulo. Esa es la principal preocupación en el Consejo.

Los siete consejeros que deben ingresar para completar los 20 son: un juez, dos abogados, un diputado, un senador, un representante de los académicos y el presidente de la Corte, Horario Rosatti. El juez y los abogados deben ser elegidos en elecciones.

Por eso el Consejo invitó a una reunión al presidente Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle, al representante del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) Jorge Rizzo y al titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle a hablar sobre las elecciones. Se trata de las entidades que junto al Consejo deben organizarlas.

Los tres coincidieron en las dificultades que hay. La primera los plazos cortos para que el 15 de abril haya consejeros electos. Señalaron que se deben hacer los padrones, confeccionar las listas de candidatos, los plazos de impugnaciones y un nuevo reglamento especial para esta situación. Además dijeron que por la pandemia del coronavirus y ante el aumento de casos de esta semana no se sabe la situación sanitaria en la que se estará los primeros meses del 2022. Rizzo y Lassalle plantearon además que el año que viene varios colegios de abogados del país tienen sus propias elecciones de renovación de autoridades, por lo que dos elecciones complica más la situación. Por ejemplo, el CPACF las fijó para fines de abril.

Las tres entidades se comprometieron a reunir a sus consejos directivos para analizar el caso y acercar una propuesta al Consejo. Pero Gallo Tagle planteó como alternativa que en vez se llamar a elecciones se tome el resultado del último comicio para el Consejo, que se hizo en 2018, y de allí completar con los que salieron segundos.

Después de escuchar a las entidades se reunió la Comisión de Reglamentación del Consejo. Allí los consejeros criticaron a la Corte Suprema por la situación en la que los puso (”el fallo trajo más problemas que soluciones”, dijo Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo) y coincidieron que el mejor camino es de las elecciones, por lo que harán el esfuerzo de hacerlas con las dificultades que se plantearon.

Pero la propuesta de tomar las elecciones pasadas también se analizó. “No se si esta bien pero vamos como único camino que en los casos en los que tiene que haber elecciones utilicemos los resultados del 2018″, dijo Diego Molea, presidente del Consejo y representantes de los académicos. Con él coincidió Pablo Tonelli, diputado del PRO, que propuso que en enero se defina si se hacen las elecciones o se toman los últimos comicios.

Hubo voces en contra. “El camino más legítimo es la elección cualquier otro es fuente de una judicialización”, dijo el abogado Carlos Matterson. “Transpolar una elección es un gran error. Mi postura va a ser negativa”, sostuvo en la misma línea el juez Alberto Lugones.

Lo que subyace en esa decisión es la política. Y lo dijo el juez Juan Manuel Culotta: “Lo ideal es una elección pero tenemos el problema de los tiempos y la pandemia. Tenemos que ver la alternativa de tomar la elección anterior. Si bien a nosotros como espacio no nos conviene es una solución a corto plazo”. Las voces de tomar la última elección señalan que es una solución temporal porque sería desde abril hasta noviembre del año que viene cuando se vuelva a renovar el Consejo.

Es que con los resultados de 2018 ya se sabe quiénes ingresan y comenzaron los análisis políticos. De parte de los jueces sería Roque Rebak, juez federal de Córdoba y de la lista Bordó de los magistrados que es la más crítica al gobierno nacional. De ahí la oposición de Lugones, de la Lista Celeste que en la elección de la AMJF hace menos de un mes quedó muy cerca de la Bordo, y el reparo de Culotta, de Compromiso Judicial.

De los abogado ingresarían Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y cercano al oficialismo, y Horacio Erbes, de Gente de Derecho, la agrupación de Rizzo que preside el CPACF y que para sus elecciones de abril competirá con la oposición unificada. Uno de los que forma parte del armado de esa oposición es Diego Marias, integrante del Consejo en representación de los abogados y hombre del PRO.

En el mundo político de los jueces comenzaron charlas informales para explorar otra alternativa: que se presente un juez de consenso. Pero no solo de las tres listas. La Asociación de Jueces Federales (AJUFE), una agrupación que tiene como base principal los tribunales de Comodoro Py, y la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF) quieren formar parte de ese acuerdo. Por ahora es todo preliminar pero ya hubo charlas. Es difícil que haya acuerdo y surge la duda si legalmente es posible que las listas designen un representante sin elecciones. “Puede haber elecciones con lista única”, le planteó un juez a Infobae que facilitaría un poco más el armado del comicio.

Pero al panorama complejo aparecieron más inconvenientes. Rodríguez Basalo envió ayer una nota al Consejo en la que pidió una reunión para contemplar su ingreso al organismo por los resultados de 2018. Dijo que si no iba a judicializar el caso. Muchos consejeros plantearon que por esa u otras decisiones es muy posible el inicio de causas judiciales.

También hubo notas de entidades para que se garantice que haya mujeres en quienes ingresen al Consejo para garantizar la igualdad de género.

La diputada peronista Graciela Camaño planteó que la solución definitiva la puede dar el Congreso con una nueva ley. Por eso propuso de pedirle al gobierno nacional de Alberto Fernández que habilite sesiones extraordinarias para debatir el nuevo Consejo. Sobre el Congreso, Molea puso como idea solicitarle que analice una solución legislativa para que el Consejo no caduque vencido los 120 días si no se puede completar. También se analizó pedirle a la Corte aclaraciones del fallo.

Los consejeros acordaron avanzar con el reglamento especial para las posibles elecciones -ya hay un proyecto redactado- y esperar las conclusiones formales y por escrito de la AMFJN, la FACA y el CPACF. El Consejo se reunirá el lunes en un plenario. Seguirán las charlas para saber cómo avanzar y recorrer un camino con demasiados obstáculos que tiene su llegada el 15 de abril.

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