Tras la reunión del presidente Alberto Fernández con los gobernadores oficialistas para aplacar inquietudes por el rechazo de Juntos por el Cambio a la ley de Presupuesto para 2022, el Gobierno define por estas horas el modo de ejecutar los fondos para la obra pública y las inversiones en las provincias. Lo más probable es que se realice a través de Decisiones Administrativas, que dependen de la firma de la Jefatura de Gabinete. De esta forma, la Casa Rosada decidirá de manera discrecional sobre las erogaciones, y hay preocupación en los Ejecutivos de los bastiones opositores.
Durante las negociaciones para sumar apoyos en el Congreso, la semana pasada, el Gobierno les había prometido a los jefes provinciales afines incluir en el Presupuesto 2022 una larga lista de obras por montos millonarios que habían pedido a cambio de respaldo legislativo. Tras la frustración de la iniciativa en la votación en general, y en medio del revuelo político por la jugada opositora, los gobernadores del oficialismo pusieron el grito en el cielo al ver que corrían riesgo de quedar suspendidas las obras que tenían previstas para el año que viene.
Varios de ellos se comunicaron con la Casa Rosada para transmitir su preocupación, y la respuesta presidencial llegó casi de inmediato. El martes, Alberto Fernández los recibió en Olivos, en una anunciada reunión en formato de almuerzo donde, entre críticas a JxC, el primer mandatario les aseguró que esas obras se llevarán a cabo de todas formas.
Aún no está decidida definitivamente la herramienta jurídica para llevar a cabo las inversiones en construcción, obras viales y proyectos energéticos, entre otros proyectos que tenían planeado impulsar a partir del año que viene las provincias y que quedaron en suspenso luego del rechazo en el Congreso del proyecto de Presupuesto que había presentado en septiembre el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán.
Todo apunta, dijeron fuentes oficiales, a que la aprobación de los presupuestos para cada una de las obras de las 24 provincias se realice a través de sendas Decisiones Administrativas (DA), que dependen de la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur, donde se incluirán también los montos para cada proyecto y el modo de financiamiento.
Esas distribuciones presupuestarias no serían incorporadas en el decreto simple de prórroga del Presupuesto 2021 que el Presidente tiene previsto firmar la semana que viene (no está definido cuándo, pero será antes del vencimiento del 31 de diciembre). En la prolongación de la ley de este año sólo se incluirían las obras que ya se están ejecutando y que forman parte de planes plurianuales.
De esta forma, los proyectos en el interior, que dinamizan las golpeadas economías provinciales y permiten a los gobernadores mostrar gestión, se transformarán, al menos en los próximos meses, en una herramienta de negociación política. Hasta que se apruebe finalmente una nueva ley de Presupuesto, el criterio de distribución dependerá exclusivamente del gobierno nacional, y en los distritos opositores había dudas sobre la obtención de los montos pedidos en sus jurisdicciones y sobre la continuidad de los subsidios de los cuales dependen en buena parte para que les cierren las cuentas presupuestarias locales. “No estamos tranquilos. Vamos a ver qué pasa”, acotaron ayer cerca de un gobernador radical. “En un país federal no tienen que haber partidas discrecionales. Al contrario, se tiene que premiar a los que hacen bien las cosas”, se atajó un funcionario provincial, preocupado por lo que viene.
Ofuscados aún por el revés provocado por JxC la semana pasada en el Congreso, en Balcarce 50 remarcaban que las actuales circunstancias de distribución de fondos públicos fueron provocadas “por la decisión puramente política, y no técnica, de la oposición de dejar al país sin Presupuesto”. “La brutalidad que cometieron es que ahora cada gobernador va a tener que negociar directamente con el Gobierno, y eso no le conviene a ninguno, ni opositor ni oficialista”, deslizó un funcionario que se frotaba las manos al presenciar la escalada en la tensión interna en la oposición.
Las fricciones en la primera plana de JxC están en ebullición. El día después del encendido debate del viernes, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tiró la primera piedra y les reprochó la polémica movida política a los diputados de su propia coalición: “Voltear el Presupuesto no era una opción, necesitábamos aplomo para tener una posición más responsable”, sostuvo “Lilita”, el sábado, a través de un duro comunicado que hizo ruido en las filas cambiemitas.
Ayer se alineó a la postura de Carrió el gobernador jujeño, Gerardo Morales. “En el marco de una situación difícil, donde se negocia con el FMI, tendría que haber habido más diálogo; lamento lo que pasó en la sesión, no se impuso la racionalidad“, dijo el caudillo radical, uno de los opositores con mejor llegada al Gobierno, en diálogo con radio La Red. Salió así a desmarcarse de la jugada opositora con vistas a establecer algún tipo de puente con el Ejecutivo. Aunque, pensando en cuidar la relación con los propios, también criticó el Presupuesto enviado por el Ejecutivo: lo calificó como “invotable”.
Considerado un equilibrista entre su orientación política y la necesidad de gestionar en un contexto de dependencia de las arcas nacionales, el gobernador radical oscila entre una postura combativa de cara a los propios y el diálogo con el Gobierno. Sin ir más lejos, el martes se había reunido con sus pares de Corrientes, Gustavo Valdés; Mendoza, Rodolfo Suárez; y la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta para enviar un mensaje cuestionando al Gobierno. Desde la sede del gobierno porteño, bastión opositor por excelencia, y con una foto conjunta, los cuatro opositores le pidieron al Ejecutivo “reglas claras” para el nuevo Presupuesto. “Queremos pautas macroeconómicas creíbles que no discriminen a las provincias, ni en inversión, ni en obra pública”, dijeron. Días antes, Morales había visitado a Mauricio Macri, erigido como principal enemigo político del Gobierno, quien lo felicitó por su triunfo en la carrera por el liderazgo del comité nacional de la UCR contra los “rebeldes” del senador nacional Martín Lousteau.
Hoy está abierta la puerta para que Alberto Fernández y Guzmán presenten un nuevo proyecto de Presupuesto, pero aún no se definió la fecha. En el momento en que eso ocurra, los diálogos entre el oficialismo y la oposición recomenzarán, aunque en un contexto distinto. Con el antecedente del malestar de los gobernadores oficialistas y las necesidades de los opositores, el panorama podría resultar distinto. Morales dio, ayer, un guiño en ese sentido: “Están a tiempo de presentar un nuevo proyecto de Presupuesto en las sesiones extraordinarias de enero y está la predisposición de hablar de uno real”, deslizó.
En ese momento, probablemente esté también sobre la mesa de discusión el acuerdo con el FMI que negocia por estos días, a contrarreloj, Economía. El Presupuesto y la hoja de ruta para refinanciar la deuda serán los temas centrales de la agenda parlamentaria en las sesiones extraordinarias que planea convocar el Gobierno, aunque con fecha aún incierta. Sobre esos dos pilares económicos se basarán, a partir de enero, todas las conversaciones entre las dos principales coaliciones en el Congreso.
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