Hace cinco días que el conflicto no cesa en Chubut, luego de que la legislatura provincial aprobara, en una sesión sorpresiva este martes por la noche, el proyecto de zonificación minera que era resistido por varios sectores de la sociedad y que finalmente fue promulgado este jueves por el gobernador Mariano Arcioni.
Este fin de semana, los manifestantes en contra de la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo en la meseta de Chubut volvieron a las calles con distintas movilizaciones masivas en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn bajo los lemas “Luchamos por el agua y la vida” y “No a la mina”.
Mientras tanto, el ministerio de Seguridad provincial y la jefatura de la Policía del Chubut decidieron desplazar en su cargo al comisario inspector de la Seccional Primera de Trelew, Marcelo Silva, a partir de los incidentes que se produjeron tras la aprobación del proyecto y la represión policial hacia los manifestantes.
De acuerdo al ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, el jefe policial “no estuvo a la altura de las circunstancias” ni “respetó las órdenes indicadas por el ministerio”, según indicó al diario Jornada. Será reemplazado por la comisario Silvana Evans.
Al jefe de la Comisaría Primera de Trelew se le sumaron luego otros dos desplazamientos: se trata del comisario Dino Tynello con más de 28 años en el área de Motos, y del jefe del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), según informó el mismo medio. Das Neves señaló también que la disposición del ministerio ante las diversas manifestaciones es actuar bajo los protocolos establecidos y que el uso de la fuerza debe ser el “último recurso”.
En las últimas horas, en tanto, el gobernador Arcioni negó que vaya a retroceder con la promulgación de la ley. “Jamás doy un paso atrás en la vida cuando estoy convencido de lo que hice”, dijo el gobernador chubutense en breves declaraciones a los medios locales.
Mientras tanto, la asamblea popular convocó a otra manifestación masiva hoy domingo en todo el territorio provincial, con cita a las 18:30 horas en cada plaza principal de las ciudades de Chubut.
Este fin de semana, además, en una declaración conjunta con la firma de todos los obispos de la Patagonia la Iglesia Católica respaldó la movilización popular, pidió por el cese de la represión y la derogación de la ley. Para que “vuelva la paz”, sostuvieron los religiosos, “sólo es posible que sea derogada la ley, y como lo vienen pidiendo los obispos del Chubut, iniciar un largo proceso de acuerdo que involucre a todas las partes”.
La aprobación del proyecto, criticado por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, motivó en los últimos días fuertes protestas que provocaron graves daños en la Casa de Gobierno provincial y en otros edificios del centro cívico de Rawson.
“Las instalaciones del Superior Tribunal de Justicia también están en llamas, al igual que la plaza de Rawson, la Casa de Gobierno y la Legislatura”, detalló este miércoles la transmisión del canal local AZM TV. Según se informó, fueron 16 los edificios públicos atacados por los manifestantes. Horas después, un grupo de manifestantes y la policía de Rawson se enfrentaron con piedrazos y disparos de balas de goma.
La iniciativa oficial que provocó la resistencia popular permitirá la minería metalífera química en algunas zonas de la provincia, como Telsen y Gastre. Se trata de la reglamentación de la Ley 5.001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en la jurisdicción, pero que en uno de sus artículos permite que se determinen áreas en las que podría permitirse.
Quienes se oponen al proyecto oficial sostienen que fue hecho casi a la medida de la empresa canadiense Pan American Silver que espera hace 11 años explotar el proyecto Navidad en la meseta, en búsqueda de plata y plomo del yacimiento con un método distinto al cianuro pero no menos nocivo: el xantato.
El xantato y la policriamida son dos de los reactivos rechazados por los vecinos por su potencial contaminante. Al reaccionar con la poliacrilamida, el xantato genera bisulfuro de carbono que es un compuesto del cual se puede obtener ácido sulfúrico. Aunque no existe una normativa que en la Argentina prohíba el uso de esta sustancia, hubo un proyecto en el Senado en 2015 que nunca prosperó.
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