El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron absueltos en el marco del juicio oral al que llegaron procesados por defraudación al Estado. La acusación sostenía que la petrolera Oil Combustibles retuvo las transferencias del ITC (impuesto al combustible) que se usaron para luego financiar empresas del Grupo Indalo. La Justicia determinó hoy que Echegaray debe cumplir una pena de cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta cometido contra la administración pública.
Asimismo, los magistrados resolvieron levantar las medidas cautelares dictadas sobre Cristóbal López y Fabián de Souza y sobre todas las personas jurídicas en las que tienen participación
La resolución fue tomada por el Tribunal Oral Federal 3, a cargo de los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Feliciano Ríos. Se trató de una resolución unánime para el caso de la condena de Echegaray. En tanto la absolución de los empresarios fue votada por los jueces Machado Pelloni y Ríos. El juez Basso votó por la condena de los tres enjuiciados. Los fundamentos de la resolución se conocerán el 17 de marzo de 2022.
El TOF 3 había convocado a las partes y a los medios para leer el veredicto a las 17 pero comenzó pasadas las 19. Machado Pelloni en carácter de presidente del Tribunal explicó que se había llegado al final del juicio: “Luego de 81 jornadas de audiencias que implicaron 280 horas de debate en las que declararon 42 testigos y ocho peritos”.
Con la AFIP sin acusar, la fiscalía había pedido condenas para los tres acusados. El fiscal Juan García Elorrio había solicitado cuatro años y ocho meses de prisión para Echegaray por favorecer a las empresas del Grupo Indalo en la evasión del impuesto a los combustibles; y reclamó para los empresarios cuatro años y cuatro meses de prisión, de cumplimiento efectivo.
Sus defensas, en cambio, solicitaron la absolución. Insistieron en la persecución sufrida en épocas de Mauricio Macri y en cómo se buscó ‘desapoderarlos’ de sus empresas.
Hay una causa abierta con una denuncia penal radicada por De Sousa como víctima contra Macri por asociación ilícita. El fallo conocido hoy podría tener impacto en esa investigación.
Palabras previas al veredicto
Antes del veredicto, Ricardo Echegaray y los empresarios De Sousa y Cristóbal López hablaron ante el tribunal. Fue por la mañana, minutos después de las 11, cuando reclamaron su absolución.
Echegaray fue el primero en hablar. “Ha llegado el momento para que el Poder Judicial me absuelva. Los hechos no constituyen delito penal”, afirmó. Sostuvo que el Ministerio Público pidió su condena “apoyado en un fraude procesal construido por la AFIP” en épocas de Mauricio Macri “sin ninguna prueba”. Insistió en que “nunca hubo perjuicio fiscal” y afirmó que “la AFIP y el fiscal se la pasaron buscándole el ‘pelo al huevo’ a los planes de pagos que se pagaron con intereses”.
“No me enjuicien por mis convicciones políticos”, sostuvo. “Se me acusó por adversidad y revancha política”, insistió, al destacar la recaudación en sus épocas como jefe de la AFIP durante el kirchnerismo y subrayar que el plan de pago otorgado a Oil Combustibles “fue igual” a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador,
“Solicito un pronunciamiento absolutorio. No solo la fiscalía no probó nada de lo que sostiene sino que además he demostrado que mi proceder fue ajustado a derecho y dentro del marco de la ley”, añadió.
A las 11.40, llegó el turno de De Sousa. “Desde que arrancó este proceso en marzo de 2016, siempre tuve la absoluta certeza de mi inocencia”, arrancó diciendo. “De una nota mediática, basado en acusaciones falsas, me convirtieron en el mayor defraudador de la Argentina y una organización mancomunada para robarle a los argentinos”, afirmó. “El Presidente de la Nación, el Jefe de Ministros y cada ministro, en los distintos programas empezaron a opinar”, señaló.
Volvió a relatar como esa nota puso en crisis al grupo Oil Combustibles y cómo creyeron que si se iban de la firma, se alivianaba la crisis, pero la justicia terminó dictando intervenciones y el juez Julián Ercolini ordenó detenerlos. “Nosotros que siempre habíamos estado a derecho ni habíamos entorpecido el proceso judicial teníamos que estar detenidos. Por qué teníamos que estar detenidos? No, eso les permitió facilitar otro proceso: las violaciones a nuestros derechos”, dijo. Hablo de las escuchas en las cárceles pero también persecución a su familia y sus socios como formas de “amedrentamiento”.
Dijo que cuando el caso paso al juicio oral se alegraron de que al fin iban a poder llevar adelante su defensa, porque antes de eso tuvieron un expediente por “fórum shopping”.
Tras las palabras de De Sousa que se extendieron casi una hora, Cristóbal López buscó agradecer a sus abogados. “Creo que va a ser un final con justicia, que es lo que pedimos desde el primer día”.
El caso
La causa comenzó a inicios de 2016, luego de una publicación en el diario La Nación, que planteaba que la empresa no había devuelto $8 mil millones del impuesto al combustible que habían retenido a los automovilistas que cargaban nafta en las estaciones de Oil Combustibles.
El expediente fue llevado adelante por el juez Ercolini, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la megacausa por asociación ilícita que había impulsado Elisa Carrió en 2008 contra Néstor Kirchner y su entorno.
En la causa se atribuyó a Echegaray, en su carácter de administrador federal, “haber otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales a Oil Combustibles SA -de la cual era responsable López- por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural (ICL)”. A los emprersarios de haber sido partícipes de la maniobra.
A fines de 2017, López y De Sousa fueron detenidos, porque -se sostuvo- se quiso entorpecer la investigación cuando intentó vender el grupo Indalo mientras estaba inhibido de hacerlo. En marzo de 2018, la Cámara Federal sostuvo que no había existido una defraudación al Estado sino en todo caso una evasión tributaria y decidió pasar la causa al fuero penal económico.
El fallo implicó la libertad de López y De Sousa. Fue una resolución fuertemente cuestionada por el Gobierno de Macri. Tras el fallo, los jueces que resolvieron esa causa salieron de Comodoro Py: el juez Jorge Ballestero se jubiló y su colega Eduardo Farah pidió su traslado a la justicia de San Martín. A fines de abril, la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y los empresarios volvieron a ser detenidos.
Recién fueron liberados en setiembre de 2019 cuando la jueza María Capuchetti sobreseyó a De Sousa y Cristobal Lopez en la causa que investigaba la presunta maniobra de venta del grupo Indalo.
El juicio oral ante el TOF 3 comenzó en junio del 2020 (los empresarios aún seguían presos). La pandemia demoró e proceso.
La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que “Oil Combustibles” adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra. Al respecto, la abogada de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Silvina Torres, ratificó ante el TOF N° 3 que el organismo desistió de la querella y reiteró que se lo exima de pagar costas. ”La contribuyente formuló la adhesión definitiva al plan de regularización de obligaciones tributarias vinculadas al objeto procesal de esta causa y el organismo a la fecha no tiene interés en el impulso de la acción penal”, explicó la letrada.
La acusación quedó en pie del Ministerio Público que pidió las condenas. Ahora, conocido el veredicto, habrá que esperar la publicación de los fundamentos. Ahí, las partes disconformes quedaran en condiciones de apelar la resolución.
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