Confirmaron el procesamiento de gremialistas cercanos a los Moyano por el bloqueo a una empresa: “Ninguna norma autoriza la coacción”

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de cinco representantes del Sindicato de Camioneros, entre quienes figuran dos dirigentes de confianza de Hugo y Pablo Moyano, por el bloqueo realizado el año pasado al depósito de Villa Soldati de la empresa Andar Transportadora para reclamar una supuesta deuda con esa organización.

Entre los procesados están Omar “Manguera” Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato, y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), un hombre clave en la estructura de Hugo Moyano, y Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio. Ambos fueron acusados junto con Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.

Los procesamientos fueron dictados a mediados de noviembre por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, Fernando Caunedo, y fueron ratificados ahora por la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que integran Ignacio Rodríguez Varela y Julio Lucini.

En el fallo, los camaristas consideraron que “no se advierte que norma alguna de la República Argentina autorice las conductas coactivas que son objeto de análisis en este proceso” y destacaron que “no son admisibles las explicaciones brindadas (por el Sindicato de Camioneros) en cuanto se pretendió limitar el evento a un mero reclamo gremial”.

En la sentencia se recordó que “el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien establece que ‘el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto’, advierte que ‘la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos’, y que tal se considera el que ‘contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres’”.

“Aún en ese caso, e incluso de existir realmente causa para el pago de una deuda o prestación semejante -agregaron-, debe recordarse que ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.

Para los camaristas, “es claro que sólo el ejercicio legítimo y proporcionado de un derecho o prerrogativa legal está protegido” y que “así como ninguna facultad puede ejercerse con un propósito extraño a la tutela del interés que resguarde, menos aún puede justificarse si ocasiona a terceros un daño excepcional que excede el marco ordinario de las relaciones jurídicas”.

Alejandro Castell, dueño de Andar Transportadora, una pyme familiar dedicada desde 2001 al transporte de cargas, con seis camiones y 12 empleados, contó a Infobae que sus problemas comenzaron al año siguiente de haber creado la empresa, cuando el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, Hernán Sánchez, le reclamó dinero en concepto de diferencia de kilómetros que debían cobrar los choferes y él accedió a entregarle diez cheques a la orden del gremio y de su mutual.

Sin embargo, en la medida en que la pyme empezó a crecer, los pedidos derivaron en aprietes gremiales: “Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros. Como les dije que no, Sánchez me respondió que por el monto de la deuda podía pagarles con uno de mis camiones. Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que le sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”.

Por ese motivo, Castell les advirtió a los dirigentes de la seccional de Camioneros que “no iba a pagar lo que no era legal” y allí comenzaron las hostilidades: Sánchez y “cuatro matones” aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. “Me exigían dinero por la diferencia de kilómetros entre 2008 y 2018 -contó-. Me negué y les pedí que me enviaran una carta documento para que constara oficialmente el reclamo y tener argumentos legales para rechazarlo”.

Según el dueño de Andar Transportadora, Sánchez le envió al celular una foto de una carta documento, pero nunca se la envió por correo, como corresponde legalmente. “Lo hicieron para asustarme. Como no aflojaba, el abogado de ellos nos dijo que íbamos a tener una sorpresa”, relató Castell. Y la amenaza se cumplió: el 31 de julio de 2020, mientras viajaba a Buenos Aires, el empresario se enteró de que unas diez personas identificadas con el Sindicato de Camioneros y que decían responder a Hugo Moyano bloquearon de 9.30 a 13.30 el depósito de la pyme, en Villa Soldati, impedían el paso de los camiones y amenazaban a los choferes.

Castell llegó a tiempo para encarar a los activistas sindicales, que insistían en que mantendrían el bloqueo hasta que pagara la deuda, y soportó insultos de todo tipo. “Tenés que arreglar con la Seccional 9 de Julio”, le advirtieron. Uno de los matones de Camioneros incluso intentó pegarle. Finalmente, llegaron efectivos de la policía porteña, que, según el empresario, dejaron que se fueran sin ninguna dificultad luego de mantener cuatro horas de bloqueo.

“Esto es un sistema: ellos saben que tienen que bloquear y que en cuatro o cinco horas se soluciona el conflicto. Si no, siguen bloqueando hasta que pagues. Decidí no pagar porque no es legal -sostuvo el empresario a Infobae-. La policía de la Ciudad, en lugar de pedirles los datos personales a los que me amenazaban, me preguntaron si no quería negociar con ellos. No tengo nada que mediar con delincuentes. Sentí una gran impotencia”.

Lo más significativo fue cuando, en pleno bloqueo, uno de los activistas de Camioneros le pasó un celular para que hablara con su “jefe”. Sorprendido, Castell escuchó a alguien que se presentó como Omar Dutrá, jefe de Logística del sindicato, y que le preguntó: “¿Por qué no paga y esto se termina? Vayamos por las buenas, déjese de joder”. El empresario le dijo que no. Su interlocutor le propuso visitar la sede del sindicato para hablar sobre el tema. La respuesta fue afirmativa y el dueño de Andar quedó en pasar por allí el 5 de agosto, pero antes buscó asesoramiento legal y así llegó hasta Florencia Arietto, la abogada y dirigente del PRO que se especializa en bloqueos sindicales.

Castell fue al edificio del Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en en el barrio de Constitución, el 5 de agosto de 2020 y puso en marcha una idea que ayudó a que luego avanzara la acusación de la fiscalía: le pidió a Dutrá que, como él no conocía bien la Ciudad, le enviara por WhatsApp la ubicación exacta del lugar adonde debía ir. Esos llamados y esa constancia geográfica sirvieron para certificar que su interlocutor estaba en el gremio de Moyano.

En el lugar, Dutrá lo llevó hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los principales directivos de Camioneros. “¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?”, fue el mensaje que recibió como bienvenida. “Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente”, le contestó el empresario. “Mirá, no somos la gorra (en alusión a la policía), pero podemos cruzar la información con la AFIP”, le dijo el sindicalista.

En un clima tenso, Pérez le prometió que le iba a enviar el detalle de la deuda así podía pagarla y Castell pudo irse. Por entonces, patrocinado por Arietto, el empresario había presentado una denuncia judicial contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutrá y 15 activistas sindicales por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad. Un elemento clave de la causa fueron las pruebas que aportó de lo que había sucedido durante el bloqueo: una de sus empleadas filmó con un celular un diálogo con los activistas en la puerta del depósito y las cámaras de vigilancia registraron los movimientos de los agresores durante el bloqueo.

Finalmente, Pérez nunca le hizo llegar el detalle de la deuda, pero, dos semanas después de su denuncia judicial, Castell recibió un requerimiento de la AFIP para revisar los papeles de su empresa. No encontraron nada fuera de la ley. El mes siguiente tuvo otra visita de los inspectores del organismo impositivo: “Abrían y cerraban los balances, revisaban las liquidaciones de los sueldos. Revolvieron todo. Mi contador dijo que nunca vio una inspección así”, destacó el empresario. “Tuve nueve meses a la AFIP en mi empresa. ¿Y al sindicato quién lo controla?”, se preguntó.

El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sostuvo que “la prueba es suficiente para sostener la participación de Pérez en la maniobra, toda vez que la reunión con el acusador privado en la sede del sindicato habría supuesto continuidad coactiva con la violencia antes desplegada, agregando en tal ocasión la intimidación relativa a la posibilidad y medios a su alcance para cruzar información con los organismos públicos de recaudación fiscal, lo que evidencia una actuación en connivencia con quienes se habían presentado” ante el depósito de Villa Soldati.

Tras la denuncia, el fiscal Ignacio Mahiques investigó el caso, tomó testimonio a siete testigos del bloqueo, analizó las filmaciones, identificó a algunos de los activistas que participaron de la medida de fuerza, descubrió que Dutrá también había estado allí y que llegó con su propio auto, pidió el entrecruzamiento de las llamadas entre un grupo de Camioneros y constató que habían estado en la zona del depósito de Andar en el mismo horario en que había sido bloqueado. Y por eso, además de determinar que la deuda reclamada era “inexistente”, el fiscal pidió la indagatoria de seis representantes sindicales.

A diferencia del dictamen del fiscal Mahiques, quien había pedido en septiembre pasado la indagatoria de los acusados por el delito de extorsión ya que reclamaban “una deuda inexistente”, el juez Caunedo señaló en su fallo que que “es plausible que la empresa familiar Andar Transportadora habría mantenido una deuda con el sindicato” y por ese motivo encuadró como coacción el delito cometido, que contempla una pena menor (según el Código Penal, se reprime con “prisión o reclusión de dos a cuatro años al que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”).

De todas formas, el magistrado destacó: “Aun admitiendo que efectivamente existiera alguna deuda de la empresa, de ninguna manera estaban habilitados para obrar como lo hicieron, acudiendo a las vías de hecho para forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”.

El procesamiento del juez Caunedo alcanzó a Omar Pérez, Omar Dutrá, Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz, y se dispuso la falta de mérito de Mario Ernesto Villalba, imputado por el fiscal, quien demostró que no estuvo en el lugar de los hechos.

Arietto, representante legal de la empresa Andar Transportadora, destacó que se trata de un fallo histórico porque “no existen antecedentes de un procesamiento por coacción a altos directivos de un sindicato por bloquear una empresa” y que lo novedoso es que sostiene que “aun cuando exista una deuda de la empresa, el bloqueo no es un método legal para cobrarla”.

En la Argentina han proliferado los bloqueos sindicales a las empresas: hasta mediados de año se calculaba que había cerca de 50 en todo el país, se denunciaban unos ocho por semana y cerraron seis empresas por culpa de esta modalidad extorsiva de protestas que pusieron de moda los Moyano.

Por eso se creó en mayo pasado el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que dirige Verónica Razzini, dueña de una empresa en Rosario que el año pasado estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.

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