Tras cinco años de proceso, 100 mil fojas y la declaración de más de 50 testigos, el Tribunal Oral Federal N° 3 dará el próximo jueves su veredicto en el juicio por Oil Combustibles, donde se investiga una supuesta defraudación al Estado con el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
En el caso están acusados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. El juicio llega a su instancia final con dos datos clave: la AFIP, principal querellante en el inicio del caso, durante el gobierno de Mauricio Macri, decidió desistir de la acusación, mientras que el fiscal Juan García Elorrio mantuvo todos los cargos. Ahora será el turno de los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos, que integran el TOF N° 3 y que el 16 de diciembre tienen previsto decidir la culpabilidad o inocencia de los tres acusados.
Para el funcionario del Ministerio Público, estaría probado que con la supuesta connivencia de ex funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la petrolera retuvo las transferencias del ITC en períodos sucesivos, fondos con los que -según su análisis- dieron “préstamos intercompany” para así financiar a otras empresas del Grupo Indalo. Basado en el requerimiento de elevación a juicio de la causa Oil Combustibles, García Elorrio solicitó que se condene al extitular de la AFIP Echegaray a 4 años y 8 meses de cárcel y a los empresarios López y De Sousa a 4 años y 4 meses de prisión, acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Mientras tanto, en su alegato, Carlos Beraldi, abogado defensor de Fabián De Sousa, señaló que todos los cargos que sostuvo la fiscalía en su acusación no estaban sostenidos por la prueba y los testigos y los documentos que se incorporaron a la causa habrían demostrado que toda la investigación se construyó de manera artificial. En la última audiencia del juicio, el letrado también apuntó contra el planteo del fiscal Patricio García Elorrio porque -según la defensa- no existió un vaciamiento de la empresa del Grupo Indalo, no estarían probados los controles laxos, ni hubo diferencias en el procedimiento de otorgamiento de los planes de pago especiales del Artículo 32, y que no se logró demostrar que hubiese existido complicidad en maniobras defraudatorias de Ricardo Echegaray ni de otros 19 funcionarios.
Palabras previas al veredicto
Antes del veredicto, Ricardo Echegaray y los empresarios De Sousa y Cristóbal López podrán formular sus últimas palabras ante el Tribunal que los juzga. Recién tras cumplir esa formalidad y escucharlos, los jueces Basso, Machado Pelloni y Ríos estarán en condiciones de pasar a deliberar y difundir su decisión.
El juicio comenzó con López y De Sousa detenidos con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 y dos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante. Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminará de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación que se mantuvo, la del fiscal García Elorrio.
La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que “Oil Combustibles” adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra. Al respecto, la abogada de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Silvina Torres, ratificó ante el TOF N° 3 que el organismo desistió de la querella y reiteró que se lo exima de pagar costas. ”La contribuyente formuló la adhesión definitiva al plan de regularización de obligaciones tributarias vinculadas al objeto procesal de esta causa y el organismo a la fecha no tiene interés en el impulso de la acción penal”, explicó la letrada.
La empresa
En agosto pasado, el Grupo Indalo destacó que “recuperó” la empresa que define como “la nave insignia” del holding y de la que, aseguraron, fueron “despojados de manera ilegal”. En un comunicado, informó que “la justicia comercial dispuso la finalización de la quiebra de Oil Combustibles S.A., tras la obtención de la conformidad de sus acreedores”.
Así, la empresa que comandan Cristóbal López y Fabián de Sousa culminó un proceso que estaba encaminado desde hace algunos meses. A fines de junio, destacó Infobae, más del 95% de los todos sus acreedores, entre ellos bancos, siderúrgicas, petroleras, entes privados y públicos (como la AFIP), habían aceptaron las propuestas de pago de las deudas.
“El Grupo Indalo comienza a partir de hoy un nuevo camino -sin olvidar todo lo que pasó-, con la convicción inquebrantable de haber apostado siempre al crecimiento sustentable de nuestras empresas, sus trabajadores, proveedores, clientes, y comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades desde hace más de treinta años”, expresó la compañía en esa oportunidad.
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