A pedido de la oposición, el oficialismo del Consejo de la Magistratura decidió enfriar, por ahora, la definición para apurar los concursos claves en Comodoro Py: las dos vacantes por la Cámara Federal porteña, que hoy ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; los reemplazos para los jueces Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral; y seis puestos en tribunales orales en el edificio de Retiro, entre otros.
“En aras de transitar un camino de consensos, propongo postergarlo”, señaló el representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz. Es que la oposición había solicitado postergar la discusión y, según se decían en los pasillos, el oficialismo no tenía los votos para poder imponerse y avanzar, sobre todo, en el plenario donde se necesitan dos tercios de los 13 miembros. Tal como había adelantado Infobae, el escenario venía “empantanado” para poder avanzar.
Todo ocurre, además, en un escenario en donde el Consejo de la Magistratura se ubica como un observador: un anunciado fallo de la Corte Suprema de Justicia que debe resolver sobre la inconstitucionalidad de la actual conformación -ideada en 2006 por la entonces legisladora Cristina Kirchner- y la iniciativa que, a raíz de esa resolución, apuró el Gobierno Nacional proponiendo una ampliación a 17 miembros.
La reunión comenzó minutos después de 10 en la Comisión de Selección que preside la diputada Graciela Camaño. Allí estaban presentes Ustarroz, el presidente del Consejo el académico Diego Molea, los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, el diputado del PRO Pablo Tonelli, la diputada del FdT Vanesa Silley y los jueces Ricardo Recondo, Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta.
La primera hora estuvo dedicada a la discusión sobre concursos en el interior del país o la selección de jurados para concursos como el que deberá hacerse para el cargo que dejó vacante la jueza Liliana Catucci en la Cámara Federal de Casación Penal. Pero la atención principal se centraba en lo que llegaría más tarde cuando comenzaría el tema vinculado a los cargos clave en Comodoro Py.
“Algunos consejeros hemos hablado con el representante del Poder Ejecutivo y ahora lo hacemos con el resto de la comisión y le hemos manifestado nuestro deseo de no aprobar en el día de hoy ternas. Reitero el pedido y lo dejo a consideración”, dijo Tonelli.
“Ah…. Hacen componendas por afuera de la comisión. Vieron por qué tengo que abrir la comisión”, dijo Camaño con sorna, mientras los otros también se reían sabiendo que de esos diálogos internos no escapaba nadie.
“Por eso hago el planteo frente a todos”, insistió Tonelli con un vaso de agua en la mano. Ustarroz y Marías se apuraron a pedir la palabra. Marías explicó cuáles eran los puntos que pedía postergar diez concursos.
Lugones tiró al pasar en el micrófono: “Esto va a andar bien hasta que alguien se le ocurra denunciarnos por incumplimiento de nuestras funciones de hacer aprobar las ternas. A alguno se le va a ocurrir”, dijo.
La palabra le fue concedida a Ustarroz: “Efectivamente hemos estado conversando. Queremos destacar que desde hace tres años este Consejo viene trabajando y generando consensos para cerrar concursos. Esos consensos dada la situación actual siguen latentes para cumplir la manda constitucional. Voy a proponer diferenciar la paja del trigo. Hay concursos que están hacen un montón de tiempo y dictamen de consenso”. Uztarroz pidió avanzar sobre cuatro de los diez que pedía la oposición, pero aceptó los otros seis. “En aras de generar los consensos”, justificó el representante del Ejecutivo.
Allí aparecían los cargos vacantes para ocupar los tribunales orales 2, 4, 5 y 6 de Comodoro Py. También los puestos que dejaron Claudio Bonadio en el juzgado federal 11 tras su fallecimiento en febrero de 2020; y el del juzgado federal 6, con la jubilación de Canicoba Corral a fines de julio de ese año, al cumplir 75 años.
El más sensible de los concurso, sin embargo, es para el propio Consejo: el abierto para ocupar dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal, que hoy ocupan Bruglia y Bertuzzi. Es que fue el oficialismo del propio Consejo de la Magistratura el que en julio de 2020 decidió poner en revisión los traslados que ese propio organismo, en gestiones anteriores, había aprobado y señalar que una decena de esos traslados debían revocarse. El caso se judicializó y la Corte Suprema de Justicia dijo que todos los traslados eran ilegales, no solo los diez que se habían puesto en foco.
El fallo afirmó que no cumplían con la manda constitucional y por lo tanto había que abrir concursos, elegir candidatos y enviarlos al Ejecutivo y al Senado para que se nombra a los ocupantes de esos cargos. Y para esos concursos había que darle la posibilidad a los jueces trasladados y eyectados de participar. Bruglia no quiso participar; Bertuzzi es uno de los que buscan validar su puesto, aunque sabe que tiene pocas chances.
La semana pasada, la consejera del oficialismo Silley había elevado dos ternas para ese concurso, según el resultado de exámenes y antecedentes, y una lista suplementaria. En la primera quedaron el juez federal de Tucumán Fernando Poviña, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart. En la segunda están Agustina Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, Gonzalo Viña, juez penal de la ciudad de Buenos Aires, y Julio Di Giorgio, juez de un tribunal oral de San Martín. Y hay una lista complementaria con otros postulantes como la secretaria de la Cámara Federal Ivana Quintero, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola y Bertuzzi que se presentó a concursar.
En disidencia, Tonelli presentó una alternativa. En la reunión de hoy, no solo pidió postergar el debate sobre el concurso de la Cámara Federal sino –además- reclamar a la Cancillería que envíe copias del pedido de informe que requirió el relator especial de la ONU Diego García Sayán sobre el concurso de Bruglia y Bertuzzi.
García Sayan es el que escribió el informe que relata el lawfare que denuncia el kirchnerismo en los tiempos de Macri. Pero también es el que recibió la denuncia de Bruglia y Beruzzi ante Naciones Unidas para asegurar que existió una persecución en su contra para sacarlos de sus cargos tras su intervención en la causa Cuadernos. Ponen allí como foto que el único concurso de “trasladados” que se activó fue el de ellos.
“Pido que se requiera a la Cancillería que nos informe sobre el pedido del relator especial de Naciones Unidas, García Sayán, en donde solicitó información sobre este concurso”, señaló Tonelli. “Lo mínimo que podríamos hacer es pedir copias para saber en qué consiste y ver si compete hacer algo o no. Insisto en requerir a Cancillería una copia”.
Uztarroz respondió: “no hay ningún problema en remitir a este Consejo” el pedido de García Sayán. Pero advirtió: “Tenemos que hacer el concurso y rápido”.
Decidida la postergación, Camaño dio por terminado el encuentro. “Queda levantada la sesión –dijo-. Hemos cumplido con nuestra faena”.
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