Martín Soria, dicen quienes lo conocen, es un político de reacciones ásperas. Sin embargo, la dureza de su carga contra la Corte Suprema -llamativa además por las formas, provocativa- fue un acto elaborado, no un descuido o una improvisación disparada por el supuesto temperamento personal. El ministro se encargó así de revalidar un foco central del oficialismo y en especial de Cristina Fernández de Kirchner, y lo hizo de manera pública, a la salida de su primera reunión con los propios jueces de la Corte. Un gesto que juega, de lleno, contra la reconstrucción de la imagen presidencial ensayada desde el domingo de la derrota electoral.
El ministro difundió un texto en el que calificó de “gravedad institucional” el cuadro judicial de los últimos cinco años, lo enmarcó en las acusaciones a la gestión macrista y concluyó en que eso -no las últimas postales de impunidad- generan desconfianza social en la Justicia. Fue más lejos: acusó a la Corte de manejos de tiempos y criterios en función de su propia relación con factores de poder y de la corporación judicial.
La Corte hizo silencio. Dejó trascender que nada de eso fue sugerido en el encuentro que mantuvo el ministro con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Tampoco habría sido sugerido algo en torno del proyecto del Gobierno para reformar el Consejo de la Magistratura, una movida que el oficialismo difunde como respuesta a un cercano fallo que declararía la inconstitucionalidad de la vieja modificación de ese cuerpo que lleva el sello de CFK.
Soria no fue a desmontar el clima de tensión, sino a agravarlo. La nueva realidad del Congreso indica que se agudizaría el clima adverso a las ofensivas del oficialismo en el frente judicial. Quedaron empantanados el proyecto de reforma de la justicia federal -un verdadero engrudo que profundizaría connivencias con el poder político a escala nacional y provincial- y el avance sobre el terreno de los fiscales. No llegó a tener impulso una modificación de la Corte. Existe allí una vacante. Tampoco fue allanado el trámite para designar al jefe de los fiscales.
¿Por qué entonces la carga de Soria sobre la Corte? Es una señal de que la recomposición de poder que busca el Gobierno después de la fuerte caída electoral incluye en primera línea la “estrategia” de presión en continuado sobre la justicia en general, más allá de los hasta ahora escasos frutos en el plano institucional y la buena cosecha para algunas causas en particular. El mensaje sería que no dar por pedido nada en ese terreno.
No parece pesar la evaluación más amplia sobre el oleaje de ese gesto. Alberto Fernández suele pagar doble en este paño. No puede -salvo suicidio político con un indulto- cerrar las muchas causas abiertas en distintas instancias, con retrocesos y avances. El kirchnrismo duro le reprocha no resolver el fin de las causas que involucran a CFK y a ex funcionarios y amigos de aquel poder. Pero a la vez, la dureza discursiva y algunos gestos personales desgastan la imagen presidencial, la sectarizan.
Desde hace tiempo Alberto Fernández viene girando en este terreno. Al principio, eran críticas razonables a algunos pasos judiciales -por ejemplo, el dictado y extensión de prisiones preventivas- y cierta exposición de su manejo en las entretelas de la Justicia. Después, fue la defensa cerrada de la ex presidente y la vuelta de tuerca con el lawfare, una especie de absolución discursiva.
Sin dudas, el endurecimiento del discurso y otros gestos -prácticos algunos, como la llegada de Soria al ministerio en reemplazo de Marcela Losardo- esmerilaron la imagen inicial de Alberto Fernández, presentada como contrapeso moderado frente al kirchnerismo duro. El análisis de la derrota electoral pareció desconocer ese costado del deterioro del Gobierno, pero los pasos dados a partir de entonces exponen el intento de reconstruir aquella imagen.
Se difunde ahora la intención presidencial de recuperar espacio propio, explicado como rearmado de la “centralidad” y de alineamiento jerárquico en el gabinete, con respaldo -y a la vez reclamo- de movimientos sociales, sindicatos y jefes territoriales. Con un añadido: aprovechar las disputas patéticas en la oposición, con último y ruidoso epicentro en la UCR.
Por supuesto, la realidad interna es más compleja. La tensión con el kirchnerismo duro es visible, a la espera de definiciones sobre la crucial negociación con el FMI. Y hay avisos, como el juego de Máximo Kirchner en el peronismo bonaerense, la señal camporista de distancia en el acto por el Día de la Militancia -con el Presidente como única figura- o la decisión de movilizar toda la estructura el viernes próximo, con escenario compartido.
La última entrega de la serie estuvo a cargo de Andrés Larroque. Cuestionó sin vueltas a Matías Kulfas por haber descalificado a Roberto Feletti. Reclamó no sólo el respaldo del ministro al secretario de Comercio Interior, sino el compromiso de todo el Gobierno. Una manera de dirigirse al Presidente.
En este complejo juego, también cada movimiento de la Corte es traducido en clave de batalla. Ayer mismo, fue el caso de la decisión a favor de Santa Fe por viejos reclamos de corparticipación. Lo celebró el peronista Omar Perotti, golpeado por la derrota electoral en su provincia. Y la inquietud giró entonces hacia el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta. Con todo, en el gobierno de la Ciudad no tienen expectativas sobre alguna decisión de la Corte, al menos en el mediano plazo, según dejaban trascender anoche. Los fantasmas, en todo caso, son alimentados con la lógica de la batalla que mantiene el oficialismo y que expone a Olivos asumiendo costos desde hace casi dos años.