La intendenta del Municipio de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, denunció a través de su cuenta de Twitter que uno de los camiones que utilizan para recolectar la basura fue baleado ayer en el marco del conflicto desatado por la falta de pago de salarios de empleados estatales.
La tensión se desencadenó hace tres semanas por la falta de pago a cerca de 2.500 trabajadores estatales “precarizados” que fueron pasados a planta permanente. La intendenta de Juntos por el Cambio tomó esa decisión, a fin de cumplir con un reclamo “histórico”, pero desde el municipio acusan al gobernador del Frente de Todos, Ricardo Quintela, de no cumplir con su compromiso, ya que no reciben los recursos suficientes. Por su lado, desde la gestión de Quintela cuestionan a la dirigente comunal por haber avanzado sin contar con las partidas necesarias.
Desde hace unos diez días, el servicio de recolección de basura se vio interrumpido por el secuestro de los camiones compactadores por lo que desde la Municipalidad decidieron utilizar otros camiones abiertos para evitar la acumulación de residuos en las calles.
Ayer, cuando uno de los camiones regresaba de descargar la basura fue interceptado por dos motos sobre la Ruta nacional 38. Como no lograron que se detenga, uno de los jóvenes motociclistas le disparó al camión para amedrentar a su chofer.
“Sin Estado de derecho no hay convivencia en la paz. Ayer sufrimos un nuevo ataque, intentaron robar un camión batea que estaba recolectando residuos en el operativo de emergencia en zona Sur. A punta de pistola, como en el lejano oeste”, denunció la intendenta Brizuela y Doria.
Según detalló la funcionaria municipal, los cuatro atacantes ya fueron identificados pero quedaron en libertad casi inmediatamente. Por su parte, el conductor tuvo que ser internado por un pico de presión. Fuentes de la Municipalidad, señalaron a Infobae que el hombre conoce a uno de los atacantes porque vive en el mismo barrio y estaba atemorizado por posibles represalias en el futuro.
En el plano político, en el entorno de la intendenta aseguran que el sector que responde a Quintela y tiene mayoría en el Concejo Deliberante está buscando generar una clima de desestabilización para solicitar la intervención del gobierno provincial la semana que viene.
“Reiteramos nuestra convocatoria al diálogo y a la paz social, y el funcionamiento de la justicia para restablecer el orden”, dijo la intendenta a través de las redes sociales.
De hecho, la semana pasada la intendena presentó un amparo ante la Corte Suprema en contra del gobernador Quintela, a quien acusó de impulsar “intentos desestabilizadores”. Según el escrito que se hizo llegar ante la Justicia el jueves pasado, el gobierno provincial vulneró la autonomía “asfixiando” financieramente a la Municipalidad.
También responsabilizó a la provincia por crear “una verdadera zona liberada para la comisión de delitos, debido a la pasividad y la inacción deliberada de las fuerzas policiales y de la Justicia de la provincia” frente a los graves episodios de violencia protagonizados por grupos de personas que han tomado por la fuerza y ocupado edificios municipales, aseguraron.
El conflicto con los empleados estatales ya tuvo varios episodios violentos. Hace dos semanas, un grupo de personas irrumpió en el Palacio Municipal y colocó un camión repleto de basura que arrojó todos los desechos en las inmediaciones de la sede.
La semana pasada, durante otra protesta en edificio y parque automotor local en la que fue agredida la secretaria de Obras Públicas de la capital, Silvia Salzwedel, en medio de empujones y golpes.
El gobierno de La Rioja niega las denuncias
Desde la gobernación salieron a desmentir las “graves e infundadas” acusaciones. “Curiosamente, para denunciar el hecho del intento de secuestro del camión, Brizuela y Doria aporta un video tomado por los mismos supuestos delincuentes, que serían los mismos empleados municipales. En la denuncia mediática aduce que hubo disparos y que se intentó tomar el camión “a punta de pistola”, pero nada de esto se ve en las imágenes que acompañan su descargo, donde incrimina sin ningún tipo de pruebas al Gobierno provincial”, señalaron.
“El conflicto entre los trabajadores y la intendenta se originó en la previa de las elecciones del pasado 14 de noviembre, cuando decidió firmar los decretos de pases a plata permanente, sin previsión presupuestaria, de alrededor de 3000 trabajadores del Programa de Empleo Municipal (PEM). Estos empleados llevan 3 meses sin sus asignaciones y tampoco cobran sus su sueldo como trabajadores de planta”. añadieron oficialmente.
Asimismo, recordaron que de “esta situación, los mismos empleados iniciaron un plan de lucha que incluye la toma de lugares de trabajo en distintas dependencias, entre estas la base del servicio de recolección de basura”.
“Desde el Gobierno provincial negamos cualquier tipo de participación en la interna municipal y continuamos asegurando la transferencia de recursos al municipio conforme a lo que establece la Ley”, concluyeron.
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