Los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia mantuvieron una breve reunión con el ministro de Justicia, Martín Soria, la primera desde que el funcionario asumió su cargo hace ocho meses.
El funcionario llegó pasadas las 10 de la mañana. El encuentro, que duró media hora, se realizó en el cuarto piso del Palacio de Justicia, en el Salón de los Embajadores, con la presencia de los cuatro integrantes del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti, el vice Carlos Rosenkrantz, y los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Si bien la reunión tuvo carácter protocolar, estaba previsto que se abordara la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Desde el Gobierno explicaron que Soria fue enviado al encuentro con el objetivo de restablecer el diálogo institucional.
De todos modos, entre los ministros de la Corte persistía el recelo y la desconfianza por el alto perfil crítico que mantiene el funcionario, con los jueces en general y con la Corte Suprema en particular. De hecho, la semana pasada organizó un seminario en la ex ESMA sobre lawfare, donde no faltaron las descalificaciones a los magistrados que investigaron a ex funcionarios kirchneristas por hechos de corrupción.
Minutos después de abandonar el Palacio de Justicia, Soria hizo un breve y duro resumen de la charla: “Mantuve una reunión con la Corte Suprema. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”.
“La propia Corte tiene una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad. Necesitamos una justicia ágil, que trabaje de cara a la gente. Una justicia que se ocupe de los problemas que les preocupan a todos los argentinos”, concluyó.
Un comunicado publicado en la página oficial del Gobierno sumó detalles: “El ministro Soria recordó que durante el gobierno de Macri se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia. Todo ello, con el objetivo de llevar a cabo una persecución de dirigentes políticos sin precedentes”.
En ese escrito, se reprodujeron declaraciones del Ministro con más críticas hacia el máximo tribunal: “No podemos permanecer callados ante lo sucedido. La Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso Blaquier o como hace ahora con el caso Maldonado. Mientras tanto, resuelve en tiempo récord fallos que sólo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces Bruglia y Bertuzzi. La Corte tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para resolver, más aún cuando esta Corte resuelve más del 70% de los casos sin dar fundamentos”.
También se informó que Soria le entregó a los jueces un pedido de informes presentado por organismos de las Naciones Unidas que señala la “profunda preocupación por la ostensible demora en que viene incurriendo la Corte Suprema en resolver las causas de lesa humanidad”. Asimismo, recuerda que esas demoras “contravienen las obligaciones internacionales del Estado argentino” y “debilitan el estado de derecho”.
Esta especie de cumbre se produjo a horas de que el Gobierno anunciara el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Aunque estaba la posibilidad de que se conversara sobre este tema, fuentes allegadas a los miembros del Máximo Tribunal aclararon que sobre ese tema no se habló.
Se esperaba que en la charla también se incluyera la discusión sobre el presupuesto y no se descartaba alguna referencia al anuncio que hizo ayer la Casa Rosada. Sobre esto, el funcionario criticó la “llamativa anticipación mediática de futuros fallos judiciales, tanto de la Corte como de los tribunales inferiores”.
“El Congreso puede sancionar todas las leyes que sean necesarias para reformar la justicia pero, si en última instancia, la Corte no tiene la voluntad y el compromiso de aplicarlas, seguiremos en la misma situación”, agregó Soria y completó: “Necesitamos una justicia ágil, que trabaje de cara a la gente, con perspectiva de género y que se ocupe de los problemas que le preocupan al pueblo, que lamentablemente dejó de confiar en la Justicia como una institución capaz de responderle a sus demandas”.
Como ministro de Justicia, Soria debería ser el responsable de mantener el vínculo político entre la Casa Rosada y el ámbito judicial, pero hasta ahora se ocupó de ser la espada de las posiciones más duras del kirchnerismo.
En ese marco, la semana pasada, cuando empezaron a surgir las versiones de un fallo contra la conformación actual del Consejo de la Magistratura, el funcionario afirmó: “No deja de llamar la atención que la Corte esté por sacar un fallo para declarar inconstitucional una ley sancionada en 2006. Se tomaron 16 años años para darse cuenta. Nos debería hacer ruido a todos los argentinos y las argentinas”.
La reunión se consumó a una semana de vencido el plazo que tenía el presidente Alberto Fernández para proponer una nueva integrante del máximo tribunal de justicia del país, en reemplazo de Elena Highton de Nolasco. Se trata de una situación irregular que no tendrá solución inmediata, porque un candidato a la Corte Suprema necesita los dos tercios de los miembros presentes del Senado, y esa es una meta política imposible de alcanzar hoy para el oficialismo.
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